Los socios y la derecha reprochan a Sánchez que no explique a quién y para qué se espió con Pegasus

El debate monográfico en el Congreso sobre el caso Pegasus ―el presunto espionaje a 65 personas vinculadas al independentismo catalán― ha durado este jueves cinco horas. Se ha extendido, como lamentó el presidente, Pedro Sánchez, por “todo tipo de vericuetos”. Ha servido para confirmar en sede parlamentaria que el Gobierno reformará varias leyes relacionadas con los servicios secretos, pero no ha convencido ni a los socios del Ejecutivo ni a la derecha, que reclaman más datos sobre quién puso en marcha esos pinchazos telefónicos y con qué finalidad. El presidente ha reconocido que, más allá de los 18 casos admitidos por el CNI ―que contaban con aval judicial―, el origen del resto será difícil de determinar, pero ha presumido de las medidas de transparencia aplicadas, que en principio solo agradaron algo al PNV y Unidas Podemos. Algunos aliados habituales, como ERC y Podemos, han aprovechado para evidenciar un extraño duelo dialéctico en clave electoral.

Las largas explicaciones de Pedro Sánchez ante el pleno del Congreso no han apaciguado las críticas de sus socios de legislatura. Tanto los aliados parlamentarios como la oposición de derecha y extrema derecha le han echado en cara que no aclarase quién podría haber ordenado esos pinchazos con el sistema informático Pegasus ―que, según la empresa fabricante, NSO Group, solo se vende a Estados― ni con qué finalidad se podrían haber producido. Sánchez ha admitido que las investigaciones internas realizadas no han sido capaces de averiguarlo.

El primero que ha querido marcar distancia con el presidente ha sido el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que ha llegado a preguntarle para qué había acudido realmente al hemiciclo y se ha respondido que lo había hecho para fortalecer lo que tildó como “operación búnker” del Gobierno, con el objetivo de “blanquear” y “tener mayor control” del CNI. Rufián ha inquirido directamente si al actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, líder de ERC, se le espió “por la cara” en 2020, en plena negociación para la investidura de Sánchez, porque se le consideraba “una amenaza para el Estado”. El dirigente republicano ha dejado en la sala la cuestión sin resolver de quién se hace cargo de los 45 dirigentes espiados, según la investigación realizada por el organismo Citizen Lab, de la Universidad de Toronto (Canadá), y a los que el que CNI niega haber pinchado los teléfonos.

La portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha sido implacable con el presidente. Le ha reprochado que tratase a los partidos “como estúpidos”, ha concluido que si Pegasus se ha usado para espiarles es porque son “independentistas” y por tanto rivales políticos y no se ha olvidado de lanzar un dardo a sus adversarios de ERC y su estrategia esporádica de acuerdos y acercamiento al Gobierno central: “Aun sabiendo que ustedes mienten, algunos insisten en pactos y diálogo con ustedes”, le ha dicho a Sánchez. Ferran Bel, portavoz del PDeCAT y uno de los 18 espiados con autorización judicial por el CNI, se ha mostrado “absolutamente decepcionado” con el discurso del presidente y con que haya dedicado tanto tiempo a arremeter contra los casos de corrupción del PP, y le ha afeado su “poca empatía” con las víctimas de Pegasus. A Bel no le han parecido mal las promesas de reformas legislativas (para afianzar más controles en el CNI y cambiar la ley franquista de los secretos oficiales) pero ha pedido más diálogo con la Generalitat de Cataluña “y no eslóganes o fotografías”.

El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, socio en la coalición gubernamental, no ha valorado mucho los anuncios presidenciales para mejorar las leyes relacionadas con el caso, ha subrayado que todo lo relacionado con Pegasus “es un ataque a los derechos fundamentales incompatible con la democracia” y ha añadido que “no todo vale contra el independentismo”. Más tarde ha marcado distancias: “Muy bien todo lo que ha propuesto para el futuro, pero todavía no sabemos lo que ha pasado. ¿Quién ha espiado, Marruecos o las cloacas del Estado?”. Acto seguido, Asens ha entrado en un extraño cuerpo a cuerpo electoral con el portavoz de ERC. Las críticas genéricas al caso también las han formulado los portavoces de EH Bildu, Más País, Compromís, la CUP o BNG.

Los representantes del PP, Vox y Ciudadanos no se han creído nada de lo que ha dicho el presidente Sánchez, al que han tachado de “mentiroso” y “autócrata” y al que han acusado de “arrodillarse” ante los socios independentistas para mantenerse en La Moncloa. Desde un acto de partido en Villarobledo (Albacete), el nuevo líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha usado precisamente ese término, “arrodillarse”, para definir lo que según su criterio había hecho Sánchez.

El presidente Sánchez ha prestado como siempre mucha atención a la intervención de Aitor Esteban, portavoz del PNV, quien el 17 de mayo ya registró una proposición de ley para cambiar el funcionamiento y los controles del CNI precisamente en línea con lo avanzado este jueves por Sánchez. Esteban ha lamentado que al final sea el Gobierno el que quiera patrimonializar esas mejoras, pero se ha alegrado en cualquier caso de que les hayan escuchado. Eso sí, el dirigente vasco tampoco se ha quedado “más tranquilo” con las aportaciones de Sánchez, sino “exactamente lo contrario”. Y ha responsabilizado al PSOE de no haber acometido “reformas profundas” en una serie de estamentos del Estado que entiende que siguen “en una ola de transición permanente”.

Aitor Esteban ha bordeado los límites de la exigencia de secreto que obliga a los integrantes de la comisión de fondos reservados en la que compareció la entonces directora del CNI Paz Esteban ―destituida justo después―, y ha espetado a Pedro Sánchez, en un “equilibrio” entre lo que sabe y lo que podía contar, que el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas, que firmó las 18 resoluciones judiciales de los espionajes legales, “no sabía exactamente lo que estaba autorizando”.

Pedro Sánchez les ha replicado a todos que en el Estado ahora ya no funcionan las cloacas “profundas”, frente a los tiempos de los gobiernos del PP. Ha presumido de sus actuaciones regeneradoras y de su apuesta por el diálogo para apaciguar los ánimos independentistas en Cataluña y ha concluido que sus prioridades para corregir los errores constatados son “salvaguardar los derechos de los ciudadanos y reforzar las garantías” en los trabajos del CNI.