El Gobierno solo desclasificará los informes del CNI que exigen los independentistas si se lo pide un juez

El Ejecutivo descarta levantar de oficio el secreto sobre la resolución judicial que autorizó espiar a Aragonès

La ministra de Defensa, Margarita Robles, tras el Consejo de Ministros de este martes, en el que Paz Esteban fue destituida como directora del CNI.Foto: ANDREA COMAS | Vídeo: EUROPA PRESS

El Gobierno está dispuesto a desclasificar los documentos del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre el espionaje a 18 dirigentes independentistas, incluido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, pero solo si se lo pide un juez. Tras la destitución este martes de la directora general del CNI, Paz Esteban, la siguiente exigencia de los aliados nacionalistas del Gobierno es la desclasificación de las solicitudes para intervenir los teléfonos de los espiados y las resoluciones judiciales que las autorizaron. El Gobierno podría desclasificar esta documentación de oficio —como hizo José María Aznar en 2004 con los informes del servicio secreto sobre el 11-M para intentar echarle la culpa de que hubiera atribuido la autoría a ETA—, pero fuentes gubernamentales indicaron a EL PAÍS que solo se contempla la desclasificación a solicitud del juez.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, de cuyo departamento depende el CNI, se mostró este martes partidaria de la “máxima transparencia” y del “derecho a saber” de los ciudadanos. “Lo único que siento es tener que guardar el deber de secreto. Ojalá los ciudadanos españoles pudieran ver todas las resoluciones judiciales porque a lo mejor se aclararían muchas cosas”, añadió. Eso sí, dejó claro en todo momento que hablaba de desclasificar documentos a petición judicial. “Yo espero que el juez, con la colaboración plena de este Gobierno, pueda llegar hasta el final. No tengan ninguna duda de que en la colaboración con la justicia, en la transparencia, en la desclasificación, si es necesario, vamos a estar”, afirmó. Cuando saltó el escándalo del caso Pegasus, el Ministerio de Defensa se mostró dispuesto a colaborar en la investigación del Defensor del Pueblo, facilitándole toda la documentación que solicitara, pero en este caso no sería necesario desclasificarla pues Ángel Gabilondo, como los diputados de la Comisión de Secretos Oficiales, tiene acceso a información clasificada, aunque no puede revelar su contenido.

El pasado viernes, tras conocerse el espionaje a Aragonès, la consejera de Presidencia del Govern, Laura Vilagrà, reclamó en una carta al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, la desclasificación de los documentos. “Ante la gravedad de los nuevos hechos […], te solicito que pongas en conocimiento del Consejo de Ministros nuestra petición formal de desclasificación de las órdenes e instrucciones cursadas con esta finalidad, así como el contenido de la autorización judicial presuntamente obtenida”, rezaba la misiva.

La destitución de Esteban no ha acabado de convencer a ERC, un socio clave para el Gobierno. “Este gravísimo escándalo de espionaje cuestiona la imagen de España como democracia plena. La destitución de la directora del CNI es del todo insuficiente, por mucho que el Gobierno lo intente maquillar y relativizar”, reprochó la senadora republicana Mirella Cortès en la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara alta. Cortès insistió en que es “imprescindible conocer quién dio la orden de espiar” a dirigentes independentistas e instó a La Moncloa a que desclasifique los documentos que acreditarían los seguimientos realizados y los motivos por los que se realizaron. “La respuesta no puede ser el espionaje ilegal ni legal. Debe ser la política, no las cloacas del Estado”, apostilló. “¿De qué se le acusa?, ¿por qué se le investiga?, ¿cuándo se sabrá si esta autorización fantasma sigue vigente?”, se preguntó la portavoz de la Generalitat, Patricia Plaja, sobre el seguimiento a Aragonès. El Govern ha anunciado que se personará como acusación particular ante la Audiencia Nacional, que investiga el ciberataque a los móviles del presidente y los ministros de Defensa e Interior, aunque el espionaje a los independentistas está en manos del Juzgado de Instrucción número 32 de Barcelona. También pedirá acceder a los contratos del CNI con la empresa israelí NSO Group, que vende el programa de espionaje Pegasus.

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