El Gobierno descartó eliminar la inviolabilidad del Rey tras discutirlo con el PP y la Casa Real

El Gobierno contempló ―y finalmente descartó― la posibilidad de poner en marcha una reforma legal para cambiar o eliminar la actual inviolabilidad del Rey (que le exime de responsabilidad penal) sin necesidad de modificar la Constitución. El asunto fue abordado en una serie de reuniones que se desarrollaron a lo largo de 2021 y en los primeros meses de 2022 al máximo nivel entre los negociadores designados por Pedro Sánchez, la cúpula del PP y el jefe de la Casa del Rey. La propuesta la planteó en sus primeros contactos con el interlocutor del PP, Manuel Pizarro, la entonces vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, que lo confirma a EL PAÍS: “Yo lo planteé, se barajó, se puso sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento, ni por parte del presidente del Gobierno, ni por parte del PP, ni por parte de la Casa Real”. Los contactos continuaron y los cambios quedaron limitados a medidas de transparencia: los cerró finalmente el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en una reunión con la secretaria general del PP, Cuca Gamarra.

En febrero de 2021, el presidente Sánchez encomendó a su entonces vicepresidenta política, Carmen Calvo, poner en marcha un nuevo “marco de actuación” más transparente, moderno y actualizado de la Monarquía en España, un par de meses después de que el propio jefe del Ejecutivo avanzase en las Navidades de 2020 que la Casa del Rey iba a emprender una serie de pasos para reducir su opacidad. Sánchez llamó en esas fechas al entonces líder del PP, Pablo Casado, para reanudar la frustrada negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial ―que luego se atascó de nuevo―, aprovechó para avanzarle sus planes sobre la Casa del Rey y le pidió un interlocutor. La decisión de convocar al PP a esos acuerdos partió de La Moncloa, pero con “la aquiescencia” de Felipe VI, según fuentes implicadas en el proceso.

Casado ofreció el nombre de Manuel Pizarro, según confirmó la semana pasada El Mundo. Pizarro había sido uno de los mentores políticos del entonces líder popular. Era abogado y agente de Bolsa, y en 2008 llegó a figurar como número dos de la candidatura a la presidencia de Mariano Rajoy. Aquella experiencia en política no salió bien, pero Pizarro (70 años) mantuvo la relación con Casado, fue bien visto por el Gobierno, el PSOE y la Casa Real, y ha sido ahora incluido también en el equipo del nuevo líder popular, Alberto Núñez Feijóo. Designados los interlocutores, en los siguientes meses Calvo, Pizarro y Jaime Alfonsín, jefe de la Casa del Rey, celebraron varios encuentros y se intercambiaron ideas y documentos. La conexión funcionó hasta el punto de que, cuando Calvo dejó la vicepresidencia primera del Gobierno el pasado verano, Pizarro la elogió públicamente como “una mujer de Estado”. Calvo, ahora diputada y presidenta de la comisión de Igualdad del Congreso, es jurista y doctora en Derecho Constitucional.

La primera condición que planteó Calvo durante esa primera fase fue precisamente que el PP debía estar al tanto y concernido en esa negociación, incluso por encima de los socios de coalición de Unidas Podemos y descartadas las formaciones republicanas o independentistas, porque es el principal partido de la oposición y uno de los firmantes del pacto constitucional que cuadró en 1978 la nueva forma del Estado. “Es el partido con el que hay que contar para que salga adelante la reforma”, razonó entonces la vicepresidenta primera. Las siguientes discusiones se entretuvieron en ver hasta dónde podían llegar los cambios en las mejoras de transparencia y qué formas jurídicas habría que darles.

Fue en ese punto cuando se llegó a la conclusión de que algunos avances, como la comunicación y publicación del presupuesto de la Casa del Rey en su web, la figura de un interventor interno o la posibilidad de que el Tribunal de Cuentas fiscalizase por primera vez los gastos de la institución ―las medidas que finalmente han salido adelante― se podrían realizar por decreto y sin la obligación de aprobar una Ley de la Corona. Y fue ahí cuando la discusión tropezó con el debate sobre la inviolabilidad del Rey y la teórica reforma del artículo 56.3 de la Constitución, que establece que “la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad” de ningún tipo.

Tocar la Constitución

La exvicepresidenta cree que algún día habrá que cambiar otro artículo de la Constitución, el 57.1, que establece la prevalencia del varón en la sucesión a la Corona, pero entiende que eso ahora no es urgente porque “por la vía de facto” ese artículo no opera, al ser las dos herederas actuales mujeres. Pero Calvo opina que no es tan seguro que para variar la condición de inviolabilidad del monarca haya que tocar la Constitución: considera que podría valer con revisar una ley o un estatuto de la Casa Real.

“Yo lo planteé, al presidente y al interlocutor del PP. Se barajó, estuvo sobre la mesa y no se vio la oportunidad en ese momento por parte de ninguno: ni el presidente, ni la Casa Real, ni el negociador del PP”, recuerda la exvicepresidenta en conversación con EL PAÍS. Y añade que la única monarquía europea que ha prescindido de esa prerrogativa es la sueca.

En unas recientes jornadas literarias sobre Monarquía o República, que se celebraron hace unas semanas en Sevilla, Carmen Calvo ya anticipó, sobre este asunto, que creía que no haría falta tocar la Constitución para fijar “en qué es inviolable y en qué no” el Rey. Y apuntó que se podría determinar con algún retoque en la “ley orgánica de aforamientos” y una interpretación del precepto constitucional, de modo que “la inviolabilidad sea lo que diga el legislador ordinario”.

La exvicepresidenta sostuvo en esas jornadas que España es cada día más exigente en medidas para la igualdad y contra la corrupción, y consideró que la sociedad no parece aceptar que “el jefe del Estado esté por encima de todas las leyes”, por lo que la inviolabilidad del Monarca debería ceñirse en todo caso a cuestiones referidas al ejercicio del cargo, no “estrictamente personales”. Es una posición que sostienen muchos catedráticos de Derecho Constitucional, aunque otros mantienen que la inviolabilidad no se puede compartimentar. Ese debate se ha producido periódicamente entre los partidos representados en el Congreso, y siempre se posterga porque una mayoría, integrada por PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, concluye que no es el momento para esos cambios porque no se da el consenso suficiente, y que existe el riesgo de que, al hilo de ese debate, se reabran otros más amplios sobre el sistema de monarquía parlamentaria actual.

Una pieza clave para el archivo de la causa contra Juan Carlos I

La inviolabilidad del Rey —que el Gobierno de Pedro Sánchez, el PP y la Casa del Rey debatieron eliminar en sus conversaciones durante meses para introducir cambios en la institución, aunque finalmente se descartó— se convirtió en una de las piezas clave de las pesquisas abiertas por la Fiscalía del Tribunal Supremo contra Juan Carlos I, que acabaron archivadas el pasado marzo. Pero no fue la única. Pese a constatar conductas del rey emérito que podrían haber dado lugar a delitos fiscales, de blanqueo y de cohecho, el ministerio público decidió dar carpetazo definitivo a la investigación por tres motivos: porque algunas de esas actuaciones habían prescrito; porque no podrían castigarse al haberlas cometido el exjefe del Estado antes de su abdicación en 2014, cuando se encontraba blindado por la inviolabilidad; o porque las conductas posteriores a dicho año quedaron sin reproche penal debido a la regularización fiscal que presentó.

En uno de los decretos firmados para poner punto final a la causa, la Fiscalía explicaba por qué la inviolabilidad recogida en la Constitución protegió a Juan Carlos I. “En relación con los fondos recibidos en 2008 por la fundación panameña Lucum (64, 8 millones de euros) en una cuenta del banco Mirabaud de Ginebra, cuyo titular real fue Juan Carlos de Borbón, se han identificado cuotas defraudadas a la Hacienda Pública en el IRPF de los ejercicios 2008 a 2012 que superan con creces el importe de 120.000 euros que el artículo 305 del Código Penal establece como umbral del delito”, afirmaba el ministerio público, que añadía: “[Pero] la posible responsabilidad penal de los ejercicios 2008 a 2011 estaría extinguida por la prescripción del delito. No así la correspondiente al ejercicio de 2012; que, no obstante, tampoco sería susceptible de reproche penal. Toda vez que, en aquella fecha y hasta el 19 de junio de 2014, Juan Carlos de Borbón estaba protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado, tal y como se analiza detalladamente en el decreto de archivo, conforme a la interpretación que del alcance de la inviolabilidad viene haciendo la Fiscalía del Tribunal Supremo y la Sala Segunda del Tribunal Supremo”.

En el decreto de la Fiscalía se analiza también la posible comisión de un delito de blanqueo de capitales, en relación con las operaciones financieras y societarias llevadas a cabo entre los años 2008 y 2012 por orden del entonces Rey de España tras la recepción de los referidos 64,8 millones de euros en la cuenta de Lucum. “Los actos susceptibles de integrar alguna de las conductas descritas en el artículo 301 del Código Penal habrían cesado en 2012, fecha cubierta por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución reconoce al Jefe del Estado”, detalló el ministerio público.