La fiscalización de las cuentas de la Casa Real no se remitirá a las Cortes sino al propio Felipe VI

La fiscalización de las cuentas de la Casa del Rey por parte del Tribunal de Cuentas es la principal novedad del decreto que reforma la estructura y funcionamiento de la Casa del Rey, aprobado el martes por el Consejo de Ministros. Los presupuestos de La Zarzuela ya eran auditados por la Intervención General del Estado, pero ahora se ha decidido que esta fiscalización recaiga en el Tribunal de Cuentas, como sucede con los demás organismos del Estado, mientras que el interventor se encargará del control previo de los gastos de Felipe VI.

La Casa del Rey no está obligada legalmente a someter sus gastos a un control externo —el artículo 65 de la Constitución dice que el Rey “distribuye libremente” el presupuesto de su casa—, por lo que tendrá que firmar un convenio de prestación de servicios con el Tribunal de Cuentas. No es la primera vez que el organismo fiscalizador del Estado suscribe este tipo de acuerdos; entre otras instituciones, lo ha hecho con su homólogo portugués y con los más altos órganos del Poder Judicial.

Al contrario de lo que se hace con las demás auditorías, la fiscalización sobre la Casa Real no se remitirá a las Cortes ni se debatirá en la Comisión Mixta Congreso-Senado para el Tribunal de Cuentas. El Gobierno aduce que el Parlamento carece de competencias para controlar las cuentas del jefe del Estado. El informe de auditoría se limitará a reflejar “si las cuentas anuales expresan en todos sus aspectos significativos la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del organismo, así como de sus resultados y flujos de efectivo y del estado de liquidación del presupuesto”, según el real decreto, y se publicará en la web de la Casa del Rey.

El informe del Tribunal de Cuentas afectará al ejercicio siguiente al de aquel en que se firme el convenio; es decir, como muy pronto será el correspondiente a 2023. El objetivo de la reforma, que modifica un decreto vigente desde 1988, es “reforzar la transparencia, la rendición de cuentas, la eficiencia y la ejemplaridad en la Casa Real”, según La Moncloa.

En realidad, la nueva fiscalización solo afectará a una parte del presupuesto de la Jefatura del Estado (los 8,4 millones que le asignan los Presupuestos Generales del Estado para 2022), ya que la mayor parte de su gasto se sufraga con las partidas de los ministerios del Interior (seguridad), Defensa (Guardia Real) y Hacienda (parque móvil y Patrimonio del Estado), que ya son auditadas por el Tribunal de Cuentas.

El convenio con el órgano fiscalizador no será el único que suscriba la Casa del Rey: firmará otro con la Abogacía General del Estado, que le prestará asesoramiento jurídico, así como con otras entidades públicas cuya colaboración requiera, como la Secretaría de Estado de Comercio. Para homologar el funcionamiento de La Zarzuela al de la Administración General del Estado, el decreto establece que el director de la Oficina de Intervención sea un funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado y el consejero diplomático sea un diplomático de carrera.

El decreto da rango normativo a las disposiciones que ha ido adoptando Felipe VI desde su coronación para dar mayor transparencia a la Jefatura del Estado. En concreto, establece la publicación en la página web de La Zarzuela de su presupuesto y los estados de ejecución trimestral, los contratos suscritos, las retribuciones de los altos cargos, los regalos institucionales recibidos (que se incorporarán al Patrimonio Nacional o serán donados a entidades sin ánimo de lucro) y la memoria anual de actividades realizadas.

El personal de la Casa del Rey deberá adecuar su comportamiento al Código de Conducta —basado en los principios de honradez, ejemplaridad y austeridad—, mientras que los altos cargos y personal directivo de La Zarzuela deberán cumplimentar una declaración de bienes cuando sean nombrados y cuando dejen el puesto.

El decreto establece una nueva regulación de los contratos de la Casa del Rey, que estarán sujetos al principio de publicidad, ordena la aprobación de unas nuevas instrucciones de contratación y establece la obligación de publicar la regulación del procedimiento presupuestario y de contabilidad.

Finalmente, reconoce que la asistencia sanitaria de la familia real en su residencia corresponde a la Unidad Sanitaria de la Guardia Real, en virtud de un acuerdo firmado en 1999 con el Ministerio de Defensa.

La reforma de la Casa del Rey se ha aprobado un día después de que esta hiciera público, por vez primera, el patrimonio personal de Felipe VI: 2.573.392,80 euros, que se desglosan en 2.267.942,80 euros en valores y depósitos bancarios; y otros 305.450 en obras de arte, antigüedades y joyas. La decisión de hacer público su patrimonio la ha tomado voluntariamente el Monarca. El decreto aprobado por el Gobierno no le obliga a ello ni prevé la posibilidad de que vuelva a hacerlo en el futuro.

La inviolabilidad, sin cambios

La reforma aprobada el martes es producto de años de conversaciones entre La Moncloa (especialmente el ministro de Presidencia, Félix Bolaños) y La Zarzuela. En diciembre de 2020, el presidente Pedro Sánchez dio a entender que la decisión era inminente. “El Rey quiere una Monarquía constitucional adaptada a la España del siglo XXI. Renovación, rendición de cuentas, ahí está trabajando Felipe VI. Vamos paso a paso. Ya verán cómo se materializa la hoja de ruta de renovación de la Corona en cuanto a transparencia y ejemplaridad”, sentenció.

Pero, tras esa afirmación, la reforma quedó aparcada. Una vez que la Fiscalía ha decidido cerrar las diligencias sobre la fortuna en el extranjero del rey Juan Carlos, La Moncloa y La Zarzuela han recuperado los trabajos que estaban muy avanzados y se ha aprobado el decreto.

De momento, la Casa del Rey no tiene planes para abordar nuevas reformas, aunque las medidas acordadas con el Gobierno y el PP, como principal grupo de la oposición, orillan el punto más espinoso: la limitación de la inviolabilidad del jefe del Estado prevista en la Constitución, para que cubra solo las actividades vinculadas al ejercicio de su cargo y no las de carácter privado, como ha sucedido con el presunto enriquecimiento ilícito de Juan Carlos I mientras ejercía la Jefatura del Estado.

Consulte el texto del BOE con el que entra en vigor la reestructuración de la Casa del Rey. Si no puede leerlo pinche aquí.