Dirigentes de Por Andalucía reivindican el “acuerdo político” y desdeñan la pifia jurídica

La coalición presenta un recurso ante la Junta Electoral de Andalucía en el que reclama subsanar lo que tacha de “error material”

Juan Antonio Delgado, diputado nacional de Unidas Podemos y el candidato que Podemos proponía para la coalición de izquierdas en Andalucía.
Juan Antonio Delgado, diputado nacional de Unidas Podemos y el candidato que Podemos proponía para la coalición de izquierdas en Andalucía.UNIDAS PODEMOS (Europa Press)

Los dirigentes de Por Andalucía, el frente andaluz de izquierdas para las elecciones del 19 de junio, intentan pasar cuanto antes la página de la espectacular pifia del pasado viernes, cuando llegaron tarde al registro de coaliciones y solo pudieron inscribirse cuatro de los seis partidos que la integran, liderados por IU. Podemos aguantó la respiración hasta el final creyendo que así obtendría mejores condiciones en la candidatura, pero lo hizo tan al límite que las firmas de sus representantes no pudieron incorporarse porque no hubo tiempo material antes del fin del plazo legal. Sobre las 22.30 de esta anoche, el responsable de Organización de IU, Francisco Camacho, presentó un recurso ante la Junta Electoral de Andalucía en el que reclama subsanar lo que tacha de “error material”.

Según el escrito, distribuido por Podemos, el 6 de mayo se registró la coalición Por Andalucía “en la que por error material se presentó escrito de constitución de coalición que no correspondía con la realidad del pacto político alcanzado por seis formaciones políticas que consta en el pacto de coalición que se anexa al presente escrito y que fue anunciado públicamente antes de su presentación en registro”.

Según los redactores del recurso, “siendo notorio dicho acuerdo político ha de considerarse un error material la aportación del escrito registrado en el que solo figuran cuatro de las seis formaciones políticas que alcanzaron dicho acuerdo y de la voluntad de las seis formaciones de concurrir en coalición a los próximos comicios autonómicos”. El recurso apostilla de que en caso no se admitiese la corrección, “ha de entenderse se mantenga inalterada la coalición registrada en sus originales términos”, es decir, la que entró dentro de plazo con cuatro miembros.

El secretario general del PCE y secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, destacó este domingo que lo importante es el “acuerdo político” alcanzado por seis formaciones para ir juntas a los comicios. “La buena noticia”, dijo, “es que haya un amplio acuerdo que signifique el inicio de un proceso de construcción de un frente amplio en España bajo el liderazgo de [la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo] Yolanda Díaz”.

Según su tesis, “lo importante es el acuerdo político” y lo demás son “cuestiones formales que se solventan con medios jurídicos sin problema”. No opinan así los letrados consultados por este periódico. Estos ven imposible que la Junta Electoral Central, a la que, según Efe, ya ha recurrido Podemos, corrija la decisión de la Junta Electoral de Andalucía de denegar la solicitud de la coalición integrada por seis organizaciones porque la entregaron 14 minutos tarde. “Los plazos electorales son preclusivos y no se pueden extender en ningún caso”, asegura uno de los juristas consultados.

El acuerdo que se busca para arreglar el entuerto entra más en el terreno político y en el virtuosismo de los asesores jurídicos para que Podemos y Alianza Verde puedan tener encaje legal en la coalición que sí está registrada y que integran Izquierda Unida, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz.

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Los dirigentes de Por Andalucía destacan la validez del pacto político sobre la envoltura jurídica, pero si la coalición estalla ―como ya ocurrió en la anterior legislatura cuando fueron expulsados los representantes del grupo capitaneado por Teresa Rodríguez― las dificultades no serán menores. Por ejemplo: Podemos e IU han firmado un acuerdo, con el que no está de acuerdo Más País, para repartirse en un 60-40 las subvenciones electorales. Los juristas consultados aseguran que pueden acordar ceder estos recursos públicos a Podemos, “pero, si se pelean, nada los obliga” a cumplir el pacto.

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