Mallorca se queda sin sus chiringuitos más célebres

En Mallorca huele a verano. El arenal de la playa de Muro, una de las joyas de la costa norte de la isla, todavía no tiene instalados los servicios de playa, pero decenas de grupos de familias y amigos han plantado ya sus toallas sobre la arena ávidos de los primeros rayos de sol de la primavera. En el chiringuito restaurante Can Gavella las sillas están apiladas y la puerta está cerrada. El enorme techado blanco desplegado sobre la arena no tiene colgadas sus tradicionales senallas (bolso de mimbre) reconvertidas en lámparas y las sombrillas de paja pintadas del mismo azul del mar que se extiende a unos metros parecen desangeladas en contraste con el resto del paisaje. “Tengo rabia e impotencia”, lamenta su propietario, Jaume Perelló, tercera generación familiar del histórico chiringuito que desde los años 60 sirve paellas, cervezas y sangrías en primera línea con el placer de tener las mesas y sillas encima de la misma arena. Hasta ahora. No serán los únicos chiringuitos que desaparecerán este verano en Mallorca.

La Demarcación de Costas de Baleares ha denegado este año a su establecimiento y los otros dos chiringuitos adyacentes, Ponderosa Beach y Opa & Oma Olimpia Capellans, el permiso para renovar la concesión de las terrazas, la parte más importante de estos negocios. El año pasado el organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica les informó de que no renovaría estas licencias, que se someten a revisión cada cuatro años y habían sido prorrogadas sin problemas hasta ahora. La parte estructural de estos chiringuitos se encuentra construida en suelo urbano, pero las terrazas son parte de la zona de dominio público marítimo-terrestre y por eso precisan de un permiso periódico.

Los establecimientos de la zona funcionan desde hace 60 años, cuando se construyeron en el núcleo diseminado de Ses Casetes des Capellans, y llevan más de 10 años pendientes de un deslinde que pretende incluir esta zona dentro del dominio público marítimo-terrestre. El futuro deslinde es, precisamente, uno de los argumentos que la Demarcación de Costas ha esgrimido para desautorizar estas terrazas, apoyándose en un informe desfavorable emitido por la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno regional.

Los tres locales son gestionados por familias de Muro y dan trabajo a unas 90 personas, la mayoría de municipios cercanos, que ahora ven peligrar su sustento. En Can Gavella, el interior del cercado deja un enorme hueco de arena que en veranos anteriores contaba con permiso para instalar 25 mesas y 100 sillas. Esta temporada se reducen, con suerte, a siete mesas en el interior. Maria Antònia Gelabert, que dirigía el negocio junto a su marido hasta que hace unos años le pasaron el testigo a su hijo, no puede evitar las lágrimas. “Ayer me encontré con un matrimonio de Madrid que viene cada año desde 1987. Querían hacerse una foto por si acabamos cerrando”. La decisión firme de Costas llegó hace dos semanas, a las puertas de la temporada alta, con eventos organizados, mesas reservadas con antelación, personal comprometido y la resaca aún latente de los dos años de pandemia. “Ahora tengo que abrir solo con seis personas, mi madre que está en la cocina y yo. En verano superamos las 30 personas contratadas, entre fijos discontinuos y personal de refuerzo. Hay 14 fijos discontinuos a los que no sé si voy a poder llamar y, si no lo hago antes del uno de mayo, tendré que despedirlos. Pero es que no quiero hacerlo, son gente con la que llevamos toda la vida”, dice emocionado.

A unos pocos metros, en Ponderosa Beach, varios operarios trabajan para instalar unas pequeñas barras de madera en la fachada y rescatar hueco para que algunos clientes consuman de pie. Han retirado parte del mobiliario para hacer sitio a las nueve mesas que han podido encajar en el interior. Sin embargo, todo parece diferente sin la parte exterior en estos días de sol. Su propietario, Carlos Ramis, de la tercera generación familiar que regenta el negocio, acusa a las administraciones de demostrar “muy poca empatía y voluntad política” para intentar resolver el asunto. Este año su clientela se reducirá a una tercera parte de lo habitual y solo servirán comidas al mediodía porque no cree que les salga rentable prorrogar más allá en las condiciones actuales.

Los tres locales se nutren principalmente de la clientela local, el 80% de quienes les visitan. “En esta zona no hay nada más. Nos están quitando los sitios típicos a los que hemos ido los mallorquines”, dice Ramis, afectado por la situación en la que quedarán algunos de los trabajadores, a los que no podrá llamar para trabajar este verano.

En el cercano Opa & Oma Olimpia Capellans las puertas están cerradas. Algunos turistas aprovechan el techado del lugar en el que se instalaban las mesas y las sillas para resguardarse del sol, que comienza a quemar. Dentro, su propietario Francisco Lora y su mujer trabajan para hacer algunos cambios y ponerlo todo a punto. Ellos podrán mantener una de las terrazas porque está construida sobre suelo urbano, pero tendrán que retirar la que da a la playa. “No hay derecho”, dice la mujer.

Cambio de criterio

La Demarcación balear de Costas y la Consejería de Medio Ambiente son la diana de las críticas. “Si la Demarcación de Costas nos pide un informe, tenemos que responder. Pero en la parte terrestre, Costas podría dar perfectamente la autorización a las terrazas sin necesidad de pedirnos un informe”, dice Miquel Mir, consejero de Medio Ambiente y Territorio del Gobierno de Baleares, de Més per Mallorca. Entiende el malestar de los empresarios de la zona porque se trata de un tema “muy delicado y que afecta a mucha gente”, pero aclara que, en este caso, su departamento poco tiene que ver a pesar de ser foco de los reproches.

El informe desfavorable a la instalación de las terrazas emitido desde su departamento, en el que se apoya Costas, alude al artículo 14 de la orden de la Consejería de Medio Ambiente de 2013 sobre los criterios generales para la distribución de las instalaciones de temporada en el dominio público marítimo-terrestre, que dicta que “las instalaciones fijas de comida y bebida tienen que situarse a unos 200 metros como mínimo de instalaciones similares”. Un precepto que los chiringuitos no cumplen, pero que ya estaba en vigor la última vez que se concedió la prórroga para la instalación de las mesas y sillas hace cuatro años.

Para el consejero, el quid de toda la cuestión reside en un cambio de criterio sin explicar de la Demarcación de Costas, que ejecuta cambios de parecer similares “en función de la época”. “En los últimos años, la Demarcación está pidiendo informes que quizás no nos debería pedir y para lugares para los que tendría que hacerlo no lo hace”. EL PAÍS ha intentado ponerse en contacto con la Demarcación de Costas, pero desde la Delegación del Gobierno han señalado que la demarcación territorial está a la espera de que la dirección de Costas en Madrid se pronuncie definitivamente tras estudiar la cuestión y mientras tanto opta por el silencio.

A la mitad en Es Trenc

La polémica no se circunscribe solo al caso de la playa de Muro. En la costa este de la isla se extiende el arenal de aguas transparentes de Es Trenc, playa casi virgen enclavada en una zona protegida, que este año pasará a tener la mitad de chiringuitos que tenía el verano pasado. Un dictamen vinculante de la Consejería de Medio Ambiente propone a la Demarcación de Costas que elimine tres de las seis casetas desmontables de la playa, una decisión que ha puesto en pie de guerra al Ayuntamiento de Campos, cuya alcaldesa, Francisca Porquer (PP), considera la medida fruto de las teorías “de un grupo de iluminados”. En 2017, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo, se demolieron los cinco chiringuitos de obra que poblaban la playa y la Demarcación de Costas permitió entonces sustituirlos mediante la instalación de varias casetas desmontables de 20 metros cuadrados con terrazas de 50 metros para cumplir con la ley vigente.

“La sorpresa llegó cuando Medio Ambiente hizo un informe desfavorable de las terrazas instando a Costas a que no las permitiera”, asegura Porquer. “Nos las denegaron, los chiringuitos desmontables estuvieron funcionando sin terraza. Este año han sido más drásticos y de los seis chiringuitos que había autorizados han instado a Costas a que suprima tres de ellos en un informe que, además, es vinculante. De terrazas, nada de nada y ahora van a dejar a seis familias que podrían haber trabajado en estos chiringuitos en la calle”, afirma enfadada la alcaldesa, que también protesta porque el informe reduce en un mes el tiempo de explotación de los establecimientos de playa e impedirá que los trabajadores coticen los seis meses necesarios para cobrar el paro en invierno. “Es una vergüenza. Ellos dicen que por culpa de estos chiringuitos la arena de la playa va hacia atrás. Son teorías de iluminados, porque esto no está comprobado”.

El consejero de Medio Ambiente apela a diferentes estudios de la Universidad de las Islas Baleares y de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza para mostrar las pruebas del retroceso de la playa. Ambas instituciones coinciden de manera “nítida e indiscutible” en que la regresión de la primera línea de dunas y de la playa de Es Trenc es “sostenida” desde el año 1956 con una media de retroceso de 13,5 metros. “Basta comparar fotografías aéreas. Es Trenc es el mejor laboratorio para comprobar los efectos del cambio climático en las costas arenosas”, reitera. Desde el año 2017, la inclusión de esta playa en el Parque Natural Es Trenc-Salobrar de Campos ha provocado la toma de muchas decisiones que han condicionado el uso público del espacio, como la disminución de los servicios de temporada, pasando de 900 hamacas a 300, el cierre de caminos o la supresión de uno de los aparcamientos más grandes del lugar para instalar uno disuasorio con autobuses lanzadera para transportar a los bañistas hasta el arenal.

No entiende Mir las quejas de la alcaldesa porque cuando se permitió hace cinco años la instalación de las casetas desmontables ya se advirtió al Consistorio de que “estarían condicionadas” a la afectación que pudieran tener sobre la evolución de la playa y el sistema dunar. “Se ha hecho un análisis técnico y se ha concluido que hay tres chiringuitos que no garantizan la distancia suficiente con el sistema dunar y con la línea de costa y no pueden asegurar la conservación de la zona”. Unos criterios medioambientales que no son tal para la alcaldesa, que replica que los grupos acuden a la playa “con mesas, sillas y música a todo trapo” sin la intervención de los vigilantes del parque, que dependen de la Consejería de Medio Ambiente.

No serán los únicos chiringuitos que desaparecerán este verano en Mallorca. La aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Parque Natural de Mondragó también contempla el derribo del restaurante sobre la arena de Sa Font de n’Alis, una pequeña cala con muy poca presión en invierno, pero prácticamente desbordada en los meses de verano. En Can Picafort, al norte de la isla, la semana pasada comenzó el derribo del chiringuito Mar y Paz, uno de los lugares más populares entre los residentes de esta parte de la costa. Tanto la piscina de agua salada como el chiringuito que se ubicaban en primera línea desde hace más de 50 años ya son historia después de la orden de la Demarcación de Costas de derribarlo. El Ayuntamiento de Santa Margalida logró alcanzar un acuerdo con el organismo estatal para quedarse con la concesión del espacio durante 15 años.