El Tribunal Supremo confirma la pena de dos años a la exasesora de Cristina Cifuentes por el ‘caso Máster’

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de dos años de prisión impuesta a la exasesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid Teresa Feito por un delito de falsedad en documento oficial en relación con el conocido como caso Máster en el que resultó absuelta la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

En una sentencia de este miércoles, la Sala de lo Penal del Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por la exasesora contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que le condenó como inductora de un delito de falsedad en documento oficial. En concreto, por inducir a la elaboración del acta del Trabajo de Fin de Máster (TFM) de la propia Cifuentes.

En el contexto de este caso hubo una segunda condenada: la directora nominal del Máster en Derecho Autonómico y Local y secretaria de Tribunal evaluador, Cecilia Rosado, que, sin embargo, no recurrió su condena a un año de prisión por un delito de falsedad en documento oficial, con dos atenuantes: de confesión y colaboración con la justicia, y de miedo insuperable.

El fallo sobre Feito, ponencia de la magistrada Carmen Lamela, señala que atendiendo al relato de los hechos resulta acreditada la responsabilidad de Feito, que indujo a la segunda condenada a confeccionar el acta que reflejase que Cristina Cifuentes había defendido su trabajo el 2 de julio de 2012.

Así, el Supremo apunta que el relato de hechos probados recoge que el día 21 de marzo de 2018 Feito asistió a una reunión en el despacho del Rector de la Universidad junto a otras personas, en la que participó de forma activa, tras tener conocimiento de que un medio de comunicación iba a publicar una noticia sobre las irregularidades en la obtención del título por parte de Cifuentes.

El TSJM rebajó en junio de 2021 de tres a dos años de prisión la pena de Feito. El tribunal tuvo en cuenta que la asesora del Gobierno, profesora también de la URJC, se encontraba entonces en excedencia: “Y no tenía ninguna responsabilidad en la universidad mencionada, ni en la gestión académica del máster de Derecho Público del Estado Autonómico, ni actuó en el ejercicio de funciones públicas. Por tanto, era acreedora de la rebaja punitiva que reclama”. La ley permite suspender la entrada en prisión de los condenados a menos de dos años y un día si no tienen antecedentes.