El juez exculpa de corrupción a Orozco, el exalcalde socialista de Lugo

La causa por la adjudicación fraudulenta del servicio de la ORA de Lugo en 2009, una de las piezas separadas del caso Pokémon, da sus últimos pasos hacia el juicio. El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha concluido la investigación y ordena que la causa se siga contra cuatro personas, entre ellas el exconcejal socialista Francisco Fernández Liñares, que fue también presidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

El instructor exculpa finalmente al exalcalde José Clemente López Orozco, también del PSOE. La investigación, que ha incluido una extensa investigación patrimonial al político y su familia, no ha hallado ningún indicio de que hubiera recibido sobornos. El auto atribuye su imputación durante años a la “interpretación” que los agentes hicieron en su día de diversos pinchazos telefónicos. Orozco siempre ha proclamado su inocencia y ha criticado la lentitud de la justicia en limpiar su nombre.

El juez acusa a los cuatro investigados de amañar en 2008 el concurso de la ORA y adjudicarlo de forma “fraudulenta”. El exconcejal, que ocupó el cargo entre 1999 y 2008, siendo regidor Orozco, actuó según la instrucción que ahora se cierra “como interlocutor político del Ayuntamiento de Lugo” para hacer efectiva esa adjudicación al grupo empresarial Vendex a cambio de “la ilícita contraprestación de 3.500 euros a devengar cada mes, sumando 42.000 euros al año “.

Los pagos a Liñares, que ya fue condenado el año pasado a cinco años de cárcel por otros sobornos de otra pieza de la Pokémon, se abonaron, según la investigación judicial, desde el inicio de la prestación del servicio, en 2009 hasta, al menos, septiembre de 2012. El dinero se enviaba desde la sede del grupo Vendex en Madrid a través de una empresa de transporte a A Coruña, a la atención del responsable de la empresa en Galicia. Iba metido en un sobre blanco, “oculto dentro de hojas del periódico deportivo Marca”, detalla el auto del juez. Se detectaron un total de 12 envíos, desde abril de 2011 a enero de 2012.

Los otros tres acusados son cargos de la empresa concesionaria, aunque uno de ellos también era ordenanza en el Ayuntamiento lucense. Se les imputan delitos de cohecho e integración en grupo criminal. El juez descarta la posible existencia de un delito de tráfico de influencias porque entiende que “no consta acreditado suficientemente la influencia concreta ejercida por ninguno de los investigados para obtener la adjudicación”.