La trama de testaferros y mármol del empresario Evedasto Lifante

Una operación de la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera ha desmantelado este martes en Murcia una trama societaria con la que un empresario pretendía frustrar el embargo de una cantera de mármol de su propiedad, valorada en 9,3 millones de euros. Uno de los implicados es el industrial Evedasto Lifante, encarcelado por delito fiscal desde 2019 y que en el último año, aprovechando del disfrute irregular de permisos penitenciarios había puesto a nombre de testaferros una serie de mercantiles con las que presuntamente intentaba evitar que Hacienda subastase la explotación para hacer frente al pago de una deuda de 1,9 millones con el fisco, según la investigación. Los cinco detenidos este martes se suman a los cuatro arrestos realizados en la primera fase de la operación, desarrollada en febrero, entre los que se encontraban un funcionario de prisiones y el entonces director general de carreteras del gobierno regional, José Antonio Fernández Lladó, acusado de contactar con la trama para evitar el pago de una multa que la empresa de su cónyuge tenía con Hacienda.

La bautizada como Operación Brubaker-Búnker se inició a comienzos de 2021 al detectarse que Juan Manuel S., jefe de servicios en la prisión de Sangonera (Murcia), cobraba presuntamente dinero a los presos a cambio de diferentes favores, entre ellos facilitarles el acceso a beneficios penitenciarios. El análisis de las cuentas bancarias de este funcionario por parte de los expertos de Vigilancia Aduanera reveló un incremento patrimonial no justificado. Las intervenciones telefónicas permitieron detectar los contactos que mantenía con otras personas que, si bien no formaban parte de la supuesta trama de corrupción de la cárcel, sí realizaban otras actividades presuntamente ilícitas. Entre ellos se encontraba el empresario Enrique R. O., también detenido.

La investigación apunta a que el funcionario de prisiones puso a comienzos de 2021 en contacto a Lifante, que entonces estaba encarcelado para cumplir una condena de cinco años por fraude fiscal, con este empresario para acordar una compleja maniobra societaria que frustrase la ejecución del embargo de la cantera. Para ello, Enrique R. adquirió en mayo, a través de su empresa Proyectos Inmobiliarios DAE, cuya administradora era su hermana María Rosa, una finca colindante a la cantera por 60.000 euros. Siempre según fuentes de la investigación, dos meses después, Lifante y este empresario llegaron, a través de los testaferros que figuraban como administradores de esta mercantil y de la que constaba como propietaria de la cantera, Yacimientos del Mediterráneo, a un acuerdo de deslinde, por el cual gran parte de la extensión de la finca donde estaba la explotación minera pasase a ser parte de la primera.

Como tercer paso, los mismos testaferros crearon una nueva sociedad, Recursos Tres Minas, para cuya constitución se aportó la finca creada tras el deslinde. Para ello, presuntamente se alteró la titularidad catastral del terreno. De este modo, la finca inicialmente embargada por Hacienda a la empresa de Lifante ya no incluía la cantera y, por tanto, perdía la práctica totalidad de su valor. De los 9,3 millones de euros pasó a poco más de 200.000 euros, que era el valor del suelo una vez perdidos los derechos de explotación del mármol. En febrero, cuando se produjeron las primeras detenciones, la trama estaba ejecutando presuntamente los últimos pasos del fraude con el intento de cambio de la titularidad de la concesión minera. Ahora han sido detenidos también los dos testaferros.

La investigación ha revelado que Lifante (que ingresó en prisión en 2019 tras permanecer huido dos años) había accedido de manera presuntamente irregular, a partir de octubre de 2021 al tercer grado penitenciario o semilibertad, lo que le permitía solo tener que acudir a la cárcel de lunes a jueves a dormir. Para ello utilizó, presuntamente, una de las empresas creadas, Recursos Tres Minas, que le firmó un contrato de trabajo ficticio para que Instituciones Penitenciarias accediera a concederle el régimen abierto. Los investigadores sospechan que también hubo irregularidades en algunos permisos de salida que había conseguido antes y para los que presuntamente intervino también el funcionario arrestado.

Esta parte de la trama ahora desmantelada tiene personajes en común con la que descubrió en febrero, durante la primera fase de la operación y que terminó con el arresto del entonces director general de carreteras del Gobierno regional. Fernández Lladó era, de hecho, una de las personas que, en su caso de manera “puntual”, habían pedido ayuda a la trama presuntamente encabezada por el trabajador de prisiones y el empresario Enrique R. para solucionar un problema con Hacienda. En concreto, el político del PP solicitó auxilio para conseguir el aplazamiento de una deuda fiscal de 90.000 euros que tenía una sociedad de su mujer que ya estaba fuera de plazo y sufría un recargo del 20%. Para ello, la red pretendía materializar una falsificación de documentos con la ayuda de un funcionario del Ayuntamiento de Alguazas, donde Fernández Lladó fue alcalde hasta 2015, y de un funcionario de Hacienda.