Pactos en el aire con el nuevo PP

La satisfacción aún se mantiene entre los negociadores del Gobierno y del PP sobre la renovación de los miembros del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Cuentas. “Fue un buen acuerdo”. Eso dicen las dos partes a pesar del estupor que embargó a parte del mundo judicial, en grado sumo en el Tribunal Supremo, por el currículum de algunos de los elegidos por las dos fuerzas con capacidad numérica para designar a quienes ocuparán puestos imprescindibles para la buena marcha de los poderes del Estado.

El pasado mes de octubre las dos partes se pusieron de acuerdo en menos de 24 horas para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, el Defensor del Pueblo y la Agencia de Protección de Datos. La renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quedó fuera del acuerdo. Así sigue, bloqueado y caducado desde noviembre de 2018.

En ese estado lo dejaron el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el ex secretario general del PP, Teodoro García Egea, fuera del cargo desde que dimitió por las peticiones inclementes de los líderes territoriales ante el manejo de la crisis con la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Un nuevo período se abrirá entre el Gobierno y el primer partido de la oposición cuando el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, sea elegido como líder nacional del PP. Nuevo líder, nuevo estilo, pero con barreras tan cerradas como lo están ahora en determinadas materias. El gobierno de Pedro Sánchez no va a ceder en el cambio de modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial. Si el presidente gallego sigue los postulados de su antecesor no habrá acuerdo.

Los interlocutores consultados señalan que un modelo de exclusiva elección entre jueces no es aceptable por su carácter estrictamente corporativista. Mucho lo han pensado en el Gobierno de Pedro Sánchez después de tantas reuniones con el PP, secretas la inmensa mayoría, en las que no han visto fundamento para el cambio. Tras llegar a acuerdos, el PP rectificaba y se echaba para atrás. Ambos negociadores pueden recitar de memoria los nombres de los designados.

En estos próximos días le corresponderá a la coordinadora general del PP hasta la celebración del congreso popular, y actual portavoz parlamentaria, Cuca Gamarra, manejar el día a día y de las acciones del partido. También responder por si se retomará esta negociación. Eso no ocurrirá. Todos los asuntos relevantes quedarán para el nuevo líder y su equipo. La renovación del órgano de gobierno de los jueces quedará en la carpeta de asuntos pendientes. “Si Vox no existiera, el consejo estaría ya renovado”, es la opinión del Gobierno central, en referencia al pasado inmediato de negociación entre Bolaños y García Egea.

Al Gobierno, ahora, no le es ajena en absoluto la orientación política que guiará a Núñez Feijóo. Los interrogantes de los dirigentes populares en los territorios, y, sobre todo, la zozobra de parte del grupo parlamentario sobre la intensidad de los cambios, van en paralelo a las hipótesis que maneja el ejecutivo de Pedro Sánchez. Tampoco está tranquilo.

Sí saben que Núñez Feijóo está acostumbrado a abrirse a grandes espacios para que los ciudadanos no tengan necesidad de buscar vías alternativas. Ni Vox ni Ciudadanos arraigaron en Galicia. Su conseguida centralidad social y electoral en su comunidad chocará con realidades territoriales muy diferentes y, sobre todo, con la diversidad del Congreso, donde Vox vigila estrechamente todos los pasos del PP, prestos a denunciar lo que consideren traición o desviación, en forma de aproximación al Gobierno.

Feijóo no está en el Congreso pero tendrá que decidir cada decisión que tome el partido y los grupos parlamentarios. Casado consideraba estratégico diferenciarse de Vox para tratar de llegar a las elecciones generales con un espacio más ancho por el centro. Para ello tenía que resistir las exigencias de acuerdos cerrados con Vox en las elecciones autonómicas del próximo año. Esos postulados concuerdan mucho con las hechuras políticas de Feijóo pero la pregunta es si puede mantener esa distancia con Vox en Andalucía. En Castilla y León decidirá su líder, Alfonso Fernández Mañueco, ya en conversaciones avanzadas con Vox, como le reprochará el PSOE si llega a un pacto.

Las denuncias sobre parcialidad y oscurantismo en la gestión de los fondos europeos es un área fundamental en la que el Gobierno quiere testar si hay posibilidad de acuerdo. El Gobierno de coalición está pendiente de cuánto condiciona Vox al nuevo PP o si se desliza hacia el centro. Y todas las opciones tienen inconvenientes.