El Gobierno quiere cambiar el trámite del asilo en Ceuta y Melilla para agilizar la devolución de los inmigrantes

El Gobierno estudia cambiar la ley para que todas las peticiones de asilo que se registren en Ceuta y Melilla se tramiten en un máximo de 10 días con el objetivo de devolver con rapidez a todos aquellos a los que se les deniegue la protección. La agilidad en el procedimiento también permitiría identificar y acoger con rapidez a los refugiados que sí cumplen los requisitos.

El plan, en el que se trabaja con vistas a la reapertura de fronteras con Marruecos, que aún no tiene fecha, exige una modificación de la ley de asilo y un despliegue de infraestructuras para retener a los solicitantes mientras se estudia su petición. Pero que funcione depende sobre todo de que Rabat acepte el retorno de todos los rechazados según se deniega su solicitud, la más complicada de las tareas.

Sin la colaboración de Marruecos, las dos ciudades acabarían asumiendo a los rechazados, que permanecerían bloqueados sin que puedan ser expulsados ni viajar al continente. El problema, explica una fuente involucrada en el proceso, es que “no existe consistencia en los plazos de aceptación de Marruecos ante las devoluciones forzosas que se pudieran producir”.

El cambio de modelo, según explican fuentes gubernamentales, viene motivado por el temor de las autoridades a que, al abrir las fronteras, cerradas desde marzo de 2020, haya un aluvión de peticiones de asilo de marroquíes de las regiones vecinas —que no necesitan visado para entrar en las dos ciudades— con el objetivo de poder establecerse en España. Esta inquietud, de momento, no se corresponde con las cifras, puesto que las peticiones de marroquíes, no solo en Ceuta y Melilla, sino en todo el territorio español, no superaron en 2021 el 10% de un total de 65.404 solicitudes.

En concreto, las dos ciudades recibieron conjuntamente casi 6.500 solicitudes y aunque los marroquíes han tenido un peso importante, sobre todo en el caso de Ceuta, que aún vive la resaca de la entrada masiva de mayo, hay cientos de solicitantes de otros países emisores de refugiados como Malí, Sudán o Burkina Faso. Pensando en estos perfiles, la agencia para los refugiados de la ONU (ACNUR) es partidaria de agilizar los procedimientos, siempre y cuando se respeten todas las garantías que contempla la ley, como la asistencia jurídica o el acceso a un intérprete. “La agilidad es una de las herramientas para evitar que se abuse del procedimiento”, explica una portavoz.

La nueva fórmula supondría aplicar en todo el territorio de las ciudades autónomas el llamado procedimiento en frontera —el mismo que se aplica en los aeropuertos y centros de internamiento— que obliga a las autoridades a admitir o denegar las demandas de protección en cuatro días ampliables a un máximo de 10. Durante este tiempo, los solicitantes permanecen retenidos en espacios cerrados. Si la petición se admite a trámite, el interesado puede esperar el resultado en libertad y con posibilidad de desplazarse por todo el territorio español. Pero si se rechaza, la ley contempla su devolución inmediata al país de origen o de tránsito, en este caso Marruecos.

Actualmente, desde el cierre de los puestos fronterizos en marzo de 2020 en las dos ciudades autónomas se aplica un procedimiento que establece un mes para la admisión de las peticiones de asilo y, una vez admitidas, da seis meses para resolverlas, un plazo que se sobrepasa con creces.

La tarea está en manos de un grupo de trabajo formado por cuatro ministerios, que no siempre comparten criterios, ni siquiera dentro del mismo departamento. Es el ala policial de Interior la más interesada en cambiar el modelo actual, convencida de que este facilita que los migrantes económicos se aprovechen de las ventajas que ofrece el asilo a las verdaderas víctimas de guerras o persecución.