Siete asaltantes del Ayuntamiento de Lorca, imputados por desórdenes públicos

Siete de los ganaderos que, presuntamente, asaltaron el 31 de enero el pleno del Ayuntamiento de Lorca (Murcia) e impidieron que se debatiera una moción para poner limitaciones a la construcción de nuevas granjas porcinas tendrán que declarar como imputados acusados de delitos de desórdenes públicos. La titular del Juzgado de Instrucción 7 de Lorca los ha citado a declarar como investigados para determinar si tuvieron responsabilidad en los altercados violentos que obligaron a suspender aquel día el pleno. El alcalde de Lorca, el socialista Diego José Mateos, ya anunció que denunciaría el ataque.

La jueza ha pedido al Ayuntamiento que aporte información sobre la hora a la que estaba convocado el pleno, si llegó a iniciarse y las causas por las que se suspendió. También han sido llamados a declarar, en su caso como testigos, tres policías que trataron de contener la protesta, en la que participaban unas 500 personas, y que fueron golpeados y tirados al suelo cuando una treintena de ganaderos tomaron el edificio municipal en el que se celebran los plenos desde que comenzó la pandemia del coronavirus.

Finalmente, comparecerá como testigo Francisco Román, el presidente de la Asociación de Defensa Sanitaria del Ganado Porcino de Lorca (Adespolorca), que convocaba la manifestación. En el momento del asalto, Román estaba reunido con el alcalde y varios concejales tratando de llegar a un acuerdo sobre la polémica moción. Esta ha sido finalmente debatida y aprobada este martes, tres semanas después del asalto. Lo ha hecho sin sobresaltos y tal y como estaba previsto: con los votos a favor de PSOE (10), Ciudadanos (1) e Izquierda Unida (2), y en contra del PP (10) y Vox (2).

Este pleno se ha celebrado con el edificio rodeado por la policía, y la presencia de una veintena de medios de comunicación acreditados, pero sin incidentes a pesar de la presencia de representantes de ganaderos, por un lado, y de plataformas ciudadanas contrarias a la proliferación de explotaciones, por otro. Los ganaderos ya se habían comprometido el pasado 9 de febrero a guardar las formas tras mantener una reunión con el alcalde en la que hizo de mediador el director estatal de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino, Miguel Ángel Higueras, que viajó hasta Lorca para aplacar los ánimos.

La moción se ha presentado y ha salido adelante en los mismos términos en que debía haberlo hecho el 31 de enero, cuando se produjo el asalto. Básicamente, obligará a que las nuevas explotaciones porcinas que se construyan en Lorca y sus pedanías, o las que se quieran ampliar, no lo hagan a menos de 1.500 metros de los núcleos de población, una medida pactada en junio de 2020 con los propios ganaderos y consensuada también entre todos los partidos políticos. La discordia en este asunto se basa, no en esa modificación, sino en las aportaciones que la administración autonómica y la estatal han hecho a la norma pata acomodarla a la legislación vigente en cuestiones de medio ambiente, protección paisajística o aguas, entre otras. Para los ganaderos y los partidos conservadores, lo que se acordó en 2020 se ha desvirtuado con esas aportaciones, que hacen la norma mucho más restrictiva.

El alcalde ha recordado que la moción aprobada este martes es solo una “aprobación inicial” de la norma, que ahora debe someterse a un periodo de alegaciones en el que las empresas porcinas podrán mostrar su descontento y plantear sus alternativas. Se trata de “retomar la normalidad, pasar página y tener en cuenta que se puede discrepar, discutir, defender una postura incluso de forma vehemente, pero siempre desde el respeto, sin usar la violencia”, ha señalado. Y ha recordado que la suspensión del pleno tras los altercados dejó en el aire no solo este asunto, sino otra veintena de ellos, que también se han debatido en la sesión de este martes. La moción sobre las granjas porcinas ocupaba el punto octavo del orden del día, entre el resto de “asuntos ordinarios” de la vida municipal de esta localidad, la tercera en población de la Región de Murcia (96.238 habitantes) y que cuenta con un millar de cebaderos que suman más de un millón de cabezas de ganado.