Los ganaderos aceptan ahora la moción que originó el asalto al Ayuntamiento de Lorca

La moción para imponer nuevas regulaciones a las granjas porcinas que el pasado 31 de enero dio pie al asalto al pleno del Ayuntamiento de Lorca por parte de ganaderos se debatirá finalmente la próxima semana en los mismos términos en que estaba prevista. Representantes del sector se han reunido este miércoles durante más de tres horas con el alcalde de la ciudad, Diego José Mateos, y parte de su equipo, y han aceptado que la iniciativa siga su tramitación, aunque aseguran que presentarán alegaciones a “cuestiones técnicas” con las que no están de acuerdo.

Lo explica a EL PAÍS en conversación telefónica Miguel Ángel Higueras, director estatal de la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor), que se ha desplazado hasta Lorca para participar en la reunión y que actúa como portavoz del sector. En su opinión, para este cambio radical en la actitud de los ganaderos, que hace solo una semana obligaban a cancelar el pleno municipal al entrar por la fuerza en las instalaciones municipales en las que se iba a desarrollar, ha sido clave la actitud dialogante del alcalde, que ha sido “muy ágil y coherente” convocando este encuentro para dejar de lado “los incidentes desafortunados” de los últimos día y “seguir trabajando”. La irrupción de los ganaderos en el pleno municipal ha dejado hasta el momento media docena de detenidos.

Higueras reconoce que los ganaderos lorquinos ya pactaron en julio de 2020 el contenido de esta moción, que establece que no se podrán construir nuevas granjas de cerdos ni ampliar las existentes (en torno a un millar, que suman un millón de cabezas de ganado) a menos de 1.500 metros de los núcleos de población. Asegura que “no hay discrepancias” en ese aspecto, pero sí en “ciertos aspectos técnicos” a los que, si la moción sale adelante, presentarán “alegaciones formales”.

Esos aspectos en los que no hay acuerdo, ha reconocido también, no dependen directamente de la administración local, sino que han sido anexados a la moción como parte de los informes obligatorios que el Ayuntamiento ha solicitado a diferentes organismos autonómicos y estatales. Todos ellos debían dar su consentimiento, como así ha sido, ya que esta nueva normativa sobre las distancias de los cebaderos implica modificar el plan general de ordenación urbana del municipio.

Higueras cree que el sector “no era consciente, no estaban informados ni puestos al día” de que esos informes se tenían que incorporar a la moción, y sus protestas se centraron, precisamente, en cuestionar el no haber tenido tiempo para estudiar los informes. “Nos hubiera gustado llegar a un acuerdo previo para no tener que presentar alegaciones a la moción, pero no ha podido ser. Los ganaderos no pueden impedir que se tramite una moción, esta debe seguir sus trámites legales, otra cosa sería usurpar el estado de derecho. Se tramitará en pleno y, si se aprueba, haremos las alegaciones formales y judiciales pertinentes”, explica.

Tendrán para ello un plazo de tres meses una vez que se apruebe el texto, como previsiblemente ocurrirá, ya que incluso si PP y Vox se desmarcan (apoyaron la nueva normativa en su trámite inicial en julio de 2020), PSOE, Ciudadanos e IU sumarían mayoría suficiente para sacarla adelante.

El concejal de Urbanismo y Seguridad Ciudadana de Lorca, el socialista José Luis Ruiz, que también ha participado en la reunión, ha corroborado que esa es la vía que se debería haber seguido desde un primer momento, y expone que en la reunión de este miércoles han centrado sus esfuerzos en explicar esa posibilidad, haciendo “mucha pedagogía” y “quitando desinformación”. “No es una victoria de nadie, solo de la democracia, del sentido común, de la cordura y del diálogo”.

El representante estatal de los ganaderos descarta que en estos episodios violentos haya habido ninguna interferencia política por parte de PP y Vox, que en los días previos a los altercados habían mantenido encuentros con el sector e incluso participaron en la protesta que precedió al asalto. Antes de la reunión, en la Asamblea Regional de Murcia, donde este miércoles se retomaba la actividad parlamentaria (el mes de enero es inhábil en la Cámara autonómica), el pleno ha aprobado una moción para condenar los altercados con el voto a favor de 44 de sus 45 diputados, todos menos el representante de Vox, Pascual Salvador. El partido ultraconservador ya anunció la semana pasada que no iba a secundar la condena, y pidió también que no se abrieran acciones legales contra los asaltantes del pleno. Sí han votado a favor los tres diputados que fueron expulsados del partido, y que son socios del gobierno del PP (16 diputados), sustentado también por tránsfugas de Ciudadanos (4 diputados). Se sumaban a la condena también los diputados socialistas (17), los de Podemos (2)y los que aún siguen en el partido naranja (2).