El blanqueo del narco Josín, sociedad limitada entre Barbate y El Puerto

La calle Valdivia es una anodina calle de extrarradio de El Puerto de Santa María. Entre tantas casas de dos plantas con zócalos de gres y fachadas de vivos colores, resalta una de líneas modernas y blanco fulgurante a la altura del número 8. Aunque no siempre fue así, Google Maps aún la muestra anclada en 2017, cuando era una edificación abandonada a medio terminar y en venta. “Hace cosa de dos años, llegó uno nuevo y ya ves con qué lujo la rehabilitó”, tercia un vecino con tono irónico. Quizás por eso él no se sorprendió tanto cuando, a eso de las cinco de la mañana del pasado 25 de enero, la Guardia Civil se plantó allí. Buscaban a Fernando R. C., uno de los tres responsables de una trama de blanqueo que supuestamente lavó hasta 3.260.000 euros del narco a base de comprar potentes motores para embarcaciones neumáticas a Dubai.

Aunque los medios locales se arremolinaron en esa calle, que este pasado lunes volvía a estar tan tranquila y silenciosa como de costumbre, Fernando no estaba solo en su tarea. Los agentes de Ocon Sur —el mando creado por la Guardia Civil para luchar contra el narco en Andalucía— se dispersaron entre El Puerto y Barbate para detener a 11 personas vinculadas con extraños movimientos bancarios entre sociedades limitadas. La mayoría de ellas trabajaban a las órdenes del flamante vecino de la calle Valdivia; de un abogado penalista de la localidad barbateña especializado en defender causas de narcotráfico, Miguel M. A., y de Jose Ignacio F. D., un supuesto narco con cuentas por resolver con la Justicia y que los agentes sospechan que era el máximo líder de la trama, investigada ahora por el Juzgado de Instrucción número 5 de El Puerto de Santa María.

Allá por junio de 2011, José Ignacio fundó una empresa, Celia Marine S. L., con sede en Oviedo, investigada por comprar material náutico para equipar narcolanchas. La compañía tuvo unos dos años de actividad, hasta que su administrador acabó detenido en 2013, acusado de un delito contra la salud pública que aún continúa atascado en un juzgado de Barbate. Josín —conocido así por los suyos— acabó en libertad tras pasar por prisión provisional y volvió a las andadas, ahora solo del blanqueo, al menos desde 2016, según consta en la investigación económica iniciada por la Fiscalía Antidroga de Cádiz en marzo de 2021. Pero el supuesto narco ya creía haber aprendido la lección y buscó a dos nuevos socios para fundar dos nuevas sociedades, pero con una forma de proceder muy parecida a lo que ya había hecho antes.

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Operación contra el narcolavado de dinero en Cádiz

El abogado Miguel creó la empresa Amaya Nautic, con sede en el mismo despacho en el que ha atendido a muchos de los narcotraficantes del Estrecho a los que ha representado durante años. Fernando, que cuenta con antecedentes policiales por robo, hizo lo mismo con Reyescarrasco. Ambas sociedades, dedicadas al sector automotor, aparecen dadas de alta en el Registro Mercantil entre abril y mayo de 2018 con apenas seis días de diferencia. “Lo de ellos no era ingeniería financiera fina. No pensaban que se les iba a investigar y su vinculación es clarísima. Si no, no estarían en prisión provisional”, apunta una fuente judicial conocedora del caso a EL PAÍS.

Aunque el letrado se esforzó algo en dar apariencia de legalidad a su negocio de náutica con una sencilla página web en la que ni borró los textos proforma, los investigadores creen que el grueso de los beneficios de la empresa proceden del dinero del narco. Tanto su compañía como la de Fernando registran abonos en efectivo realizados por testaferros que “carecían de fuentes de ingresos legales que les permitieran semejantes desembolsos”, como ha explicado este martes Ocon Sur en un comunicado. Además, Reyescarrasco realizaba constantes trasferencias a la sociedad del abogado. Con todo ese dinero, Miguel adquiría potentes motores fueraborda, como los que emplean habitualmente las narcolanchas, a empresas radicadas en Dubai. Sin embargo, los agentes creen que las máquinas no las recibían los presuntos testaferros que les habían entregado el efectivo, sino a terceras personas que eran sus verdaderos compradores. “Se las entregaban a narcos”, apunta como sospecha la misma fuente de la investigación.

El pasado 25 de enero todo el entramado saltó por los aires, durante los registros de la denominada Operación Frater. En la calle Valdivia aún recuerdan el revuelo que se montó en torno al número 8 de la vía, justo en esa casa rehabilitada como una moderna villa adosada, que incluso cuenta con un local de depilación láser y tratamientos faciales. Aunque fuentes de la Guardia Civil confirman que ese negocio tiene vinculaciones con Fernando y que incluso sus agentes lo registraron, desde el centro lo niegan. “No tenemos nada que ver con eso y el dueño tampoco, ha habido un error. He hablado con mi abogado porque no me hace gracia la imagen que se ha dado”, explicaba este lunes una mujer sin identificar al otro lado del teléfono con el que anuncian en redes sociales sus paquetes de belleza.

Los registros se sucedieron también en Barbate, en los bienes del abogado, y en la calle Bolardo de El Puerto, una zona acomodada de chalés, donde residía Jose Ignacio. Aunque apareció poco dinero en efectivo, los guardias civiles localizaron en la vivienda de este último tres lingotes de oro de un kilo y valorados cada uno en 50.000 euros, según estimaciones de Ocon Sur. Ahora el metal precioso forma parte de los 3.260.000 euros que las pesquisas económicas atribuyen como patrimonio blanqueado por la trama. Los tres principales investigados están ahora en prisión provisional. El holding empresarial de Josín no salió tan bien como él y los suyos esperaban.