El pulso del Ayuntamiento de Arrecife a Interior vuelve a hacinar a cientos de migrantes en una nave

En los últimos tres días, nueve pateras y lanchas neumáticas han llegado a las costas de Lanzarote, y la nave que la Policía usa para detener a los migrantes las primeras 72 horas vuelve a estar hasta arriba. Unas 400 personas, varios menores entre ellas, se hacinaban este lunes en un recinto sin duchas ni ventilación y donde, según los agentes que lo custodian, corretean cucarachas por las noches. Mientras, un campamento que ha financiado la Comisión Europea —con un coste de 2,1 millones de euros,— y que el Ministerio del Interior montó en la trasera de la comisaría de Arrecife, en la zona portuaria, acumula polvo desde octubre. La política —en este caso, el enfrentamiento entre administraciones— se ha impuesto a la logística. También a la dignidad de los migrantes.

El Ayuntamiento de Arrecife, gobernado por el PP con el apoyo de Somos-Nueva Canarias y Coalición Canaria, dejó claro en octubre que no permitiría la apertura del nuevo campamento si Interior no cumplía escrupulosamente todos los trámites. Y que, si se abría contra su criterio, lo desmontaría, según aseguró su alcaldesa, Astrid Pérez.

Las declaraciones de las autoridades de este municipio de 64.500 vecinos proyectaban en aquel entonces una escena surrealista: la policía local, sostenían, acabaría desahuciando del recinto a la policía nacional si finalmente se abría el campamento. Interior, a pesar de todo, pensó que ganaría el pulso, en un momento en el que las pateras llegaban sin parar (más de 4.800 personas desembarcaron en la isla en 2021), pero no fue así. Hoy, fuentes del departamento calculan que aún tendrá que esperar, al menos, tres meses para poder abrir el recinto.

Interior nunca vio el obstáculo administrativo. La Autoridad Portuaria, propietaria del terreno, se lo había cedido temporalmente y, aunque el expediente aún tardaría en resolverse meses, ambos departamentos compartían el criterio de que la parcela podría comenzar a usarse enseguida como campamento. Por ello, el ministerio se apresuró a montar los diferentes módulos de oficinas, baños, duchas y dormitorios. El Ayuntamiento, por su parte, se quejó de que no se les consultase y tachó de “ilegal” e “indigno” el campamento.

La corporación local argumentó, por un lado, que el recinto no podía usarse hasta que el expediente de cesión se resolviese (un trámite que, decían, podía prolongarse dos años). Por el otro, Protección Civil emitió un informe en el que alertaba de que el lugar corría riesgo, entre otras cosas, de inundación por aguas fecales si llovía. El pasado mes de noviembre, de hecho, la alcaldesa aprovechó las imágenes del lugar encharcado para pedir su desmantelamiento “urgente”. “La pelota está en el tejado de la Dirección General de la Policía, que es la que tiene que tramitar el centro. No lo podemos autorizar sin el expediente del traspaso del terreno”, insiste un portavoz municipal.

Mientras ambas administraciones mantienen su pulso, la nave habilitada por la policía para identificar a los recién llegados se encuentra otra vez en sus niveles máximos de ocupación. Aunque el exterior del local permanece tranquilo, dentro se hacinan unas 400 personas que cuentan con apenas cinco baños químicos y un único grifo de agua corriente para asearse. En octubre, una carpa en el exterior servía a policías, médicos y abogados para atender a los migrantes, pero esa carpa se ha retirado. Ahora, la recepción y la atención se hacen a pleno sol.

La policía planea una solución híbrida que consiste en trasladar algunos de los módulos, como el de las duchas, del campamento bloqueado a la nave, pero aún no lo ha hecho. “Es inexplicable que haya un lugar al lado de la comisaría, al lado del puerto donde desembarcan las pateras, y que tengamos a la gente en una nave llena de bichos en mitad de una carretera”, critican fuentes policiales. “Cuesta entender qué está pasando para que el campamento no se abra”. “Las condiciones ahí dentro son deplorables. Es un desastre”, se quejan estas fuentes.

A esa situación de insalubridad que relatan los agentes se suman otros problemas que vienen arrastrándose desde hace meses, como las deficiencias en la asistencia jurídica a los migrantes ante la apertura de sus expedientes de devolución.