El reto: cogobernar los fondos europeos

Ha habido llamada a rebato en el Gobierno y en la cúpula del PSOE. Una llamada imprescindible por el cariz que toma la acusación del PP al Ejecutivo de que la distribución y evaluación de los fondos europeos va a ser una suerte de orgía sectaria. Toda la esperanza del Gobierno de Pedro Sánchez para el remonte de la economía española está en el inmenso paquete económico impulsado por los 27 miembros de la Unión Europea. Del reparto y ejecución acertada de los fondos del Next Generation depende la recuperación del PIB. No es una tarea fácil, reconocen fuentes gubernamentales, porque la elección correcta en qué se gasta, y qué proyectos son elegidos es susceptible de graves errores. Estas consideraciones de interlocutores gubernamentales se acompañan de la inquietud por la denuncia general del PP y la siembra de dudas de los presidentes autonómicos, sobre la pulcritud del reparto. La posible solución que ve el gobierno para acometer esta empresa con éxito para España, y para sus intereses electorales, está en “la cogobernanza” de este magno proyecto con las comunidades autónomas. El éxito será colectivo.

No será fácil esa complicidad. El PP ve la oportunidad de desgastar al Gobierno hasta el infinito. Su denuncia por los hechos o por las apariencias serán permanentes. En un principio el Gobierno no consideró que el ataque de Pablo Casado, presidente del PP, y del secretario general, Teodoro García Egea, fuera muy eficaz ante el trazo grueso del discurso. “Los fondos dependen del dedo de Pedro Sánchez porque es en Moncloa donde se decide a quiénes se dan; lo llevaremos a Bruselas”, apuntó este fin de semana el secretario general popular. Entre medias, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ya ha ido a los tribunales por un primer reparto que considera injusto con Madrid. El resto de los presidentes del PP, de momento, advierten al Gobierno de que defenderán en los tribunales cualquier atisbo de menoscabo de sus intereses.

Con este planteamiento estratégico de la oposición, el Gobierno va a volcarse en explicar y difundir el laborioso proceso de reparto y la labor de vigilancia de todas las administraciones y de Bruselas.

Este es su objetivo que irá acompañado de esfuerzos denodados por implicar al máximo a las comunidades autónomas. En el Gobierno vuelve a hablarse de “cogobernanza” con las comunidades autónomas, concepto inaugurado con la pandemia del coronavirus, con muchos altibajos y ninguna satisfacción expresada en público por los gobernantes ajenos al Ejecutivo central. La adalid de la complicidad con los presidentes autonómicos va a ser la vicepresidenta primera, Nadia Calviño. Su reconocimiento en Bruselas, su interlocución directa con las autoridades de la comisión europea, son una baza de credibilidad frente al propósito del PP de denunciar al gobierno de España por incapaz y arbitrario en el manejo de los fondos. La réplica inicial del Gobierno va a ser de mano tendida. Un artículo de Nadia Calviño en la red profesional LinkedIn es el nutriente del argumentario gubernamental, en la búsqueda de complicidad de presidentes autonómicos y alcaldes. “Para que el plan de recuperación sea un éxito es imprescindible una buena cogobernanza de los distintos niveles de la Administración. Las comunidades autónomas y los ayuntamientos tienen un conocimiento más medular del territorio y de las necesidades de las empresas, autónomos y hogares”, apunta Calviño. Además, las autonomías y consistorios tienen competencias que permiten “un despliegue más eficiente de las inversiones para garantizar que los recursos se emplean en los proyectos estratégicos con mayor efecto tractor sobre el conjunto del territorio”.

Si el Gobierno quiere cogobernanza debería haber accedido a la petición del PP de que una oficina “independiente” fiscalizara todo el complicado proceso de adjudicación de fondos por proyectos, es el argumento del PP. El rechazo a esa fórmula la justifica el Gobierno por la existencia en España de unas administraciones con mecanismos suficientes para garantizar con equidad y eficacia el trayecto de los proyectos. El trabajo fundamental descansa en las comunidades autónomas, recalcan en el Gobierno central. El tropiezo con Madrid ha sido por un asunto menor económicamente si se expone en el conjunto de las grandes cifras. Una partida de nueve millones para el fomento del empleo en colectivos vulnerables es la causa de la disputa que ha llevado a la presidenta madrileña a denunciar al gobierno ante la Justicia.

La Xunta de Galicia, sin llegar a ese extremo, ha presentado un requerimiento por el mismo asunto. Esos nueve millones forman parte de un bloque de 320 millones del plan de recuperación para las comunidades autónomas. Ello supone el 0,8% de esa entrega y el 0,03 de los 24.000 millones del total de ese plan de recuperación, destinado para 2021. Pero se denuncia “el agravio” contra Madrid, no la cantidad ni tampoco el fondo del asunto. Desde el Ministerio de Trabajo se asegura la disposición para ampliar la subvención a planes de empleo innovadores. “Nuestra labor es fiscalizar los fondos y su aplicación”, señala la vicesecretaria sectorial del PP, Elvira Rodríguez. Los presidentes autonómicos del PP, aunque también el cántabro Miguel Ángel Revilla, del PRC, en coalición con el PSOE, no se han apuntado a la vía judicial —queda todo 2022 para proponer proyectos— pero sí avisan de su actitud vigilante. En el Gobierno se toma conciencia de que su labor de explicación debe ser más activa que hasta ahora, y, además del trabajo propio, resaltar la inmensa capacidad de las comunidades autónomas en la presentación de proyectos. Ambos se necesitan. Los fondos más importantes que va a recibir España en décadas requieren de la cogobernanza, en paz o con griterío.