La ofensiva del PP contra los fondos europeos no tiene equivalentes en las principales economías de la UE

La ofensiva judicial del PP contra el reparto del fondo europeo de recuperación marca un hito político sin parangón en las principales economías europeas. En algunos países de la UE ha habido enconados debates sobre la distribución regional de las multimillonarias partidas, como en Bélgica, o, incluso, sobre la propia conveniencia del fondo, como en Polonia. Pero la ejecución del fondo transcurre sin apenas contratiempos una vez pactados los planes nacionales de recuperación y recibida la prefinanciación desembolsada por la Comisión Europea, según fuentes comunitarias. Solo el PP español parece dispuesto a embarcarse en una judicialización que puede entorpecer un trasvase de fondos imprescindible para acelerar la recuperación económica e, incluso, poner en peligro la credibilidad de España ante una Comisión Europea que va a revisar con lupa la gestión de los fondos antes de autorizar nuevos desembolsos.

Populares y Ciudadanos llevan meses intentando sembrar dudas en Bruselas sobre la calidad del plan español y sobre el buen uso que la administración española hará de los multimillonarios fondos (70.000 millones en subvenciones). La campaña de desprestigio no ha tenido, de momento, éxito. Y España cerró 2021 en cabeza de recepción del fondo, siendo el único país que ya ha recibido un primer desembolso además de la prefinanciación inicial, en total 19.036 millones. Pero la judicialización en marcha del plan puede hacer mella en la gestión. Y colocar a España en la diana de los países más reacios a conceder las ayudas, como es el caso de Holanda, que disponen de un freno de emergencia para detener temporalmente los desembolsos si perciben problemas en la ejecución del fondo en algún país.

Italia es el país que más dinero ha recibido de los recursos del fondo Next Generation EU. El 13 de agosto, una vez aprobado su plan de recuperación, recibió cerca de 25.000 millones, la mayor parte de ellos (16.000 millones) en calidad de préstamo. Hay que tener en cuenta que Roma recibirá 191.500 millones, de los que 122.600 son créditos y el resto subvenciones (a diferencia de España, que de momento ha elegido recibir solo subvenciones). En el país transalpino hay unanimidad a la hora de aceptarlos y usarlos con urgencia en nuevos proyectos y viejas rémoras que arrastra la república. No existe un debate en torno a esta cuestión. Principalmente porque el Ejecutivo está conformado por todos los grandes partidos menos la ultraderechista Hermanos de Italia. Y su primer ministro, Mario Draghi, fue nombrado hace un año con el beneplácito de todas las formaciones, precisamente, para acelerar el Plan de Recuperación y asegurar una buena gestión de dichos fondos.

En Francia, contribuyente neto al presupuesto de la Unión Europea, el debate sobre el plan de recuperación ha sido limitado y ha tenido poco eco. Los 40.000 millones de euros que este país debe recibir de Bruselas se integran en el plan France Relance (Francia Relanza), que se eleva a 100.000 millones de euros y cuyo objetivo es poner en pie la economía tras el parón de la primera fase de la pandemia en 2020. Hoy el PIB francés crece al nivel más alto en décadas, el paro ha caído al nivel más bajo en 16 años, y Emmanuel Macron prepara su campaña electoral para las presidenciales de abril con datos económicos favorables sobre el papel.

Pero las críticas no se han centrado tanto en la ejecución del plan, que se puso en marcha antes de los primeros desembolsos europeos, ni el posible beneficio electoral para Macron, sino en sus efectos reales. “No era más que un reparto indiscriminado de fondos sin arquitectura, incapaz de crear el mínimo efecto palanca”, dijo en otoño, en palabras recogidas por el diario Libération, Valérie Rabault, la presidenta del grupo socialista en la Asamblea Nacional y diputada. Otros diputados citaron el primer informe del Comité de Evaluación sobre el plan de recuperación, creado por el propio Gobierno francés. El documento afirmaba: “Parece [...] difícil establecer un vínculo directo entre este restablecimiento rápido de la situación macroeconómica y la puesta en marcha de France Relance, incluso si el plan ciertamente ha contribuido”.

El Comité de Evaluación lo preside el prestigioso Benoît Coeuré, antiguo miembro del directorio del Banco Central Europeo, y lo integran representantes de la mayoría gubernamental y de la oposición en el Parlamento, así como representantes de la patronal, los sindicatos, los municipios y las provincias, entre otras instancias. Su misión es controlar la aplicación de los fondos. A esta instancia se añade un “comité de pilotaje” encargado de “velar por el seguimiento y la puesta en marcha de las medidas del plan de relanzamiento”. El comité, presidido por el primer ministro, incluye a dos diputados y dos senadores de la mayoría y de la oposición, además de parlamentarios europeos, entre otros. Para las medidas regionales, existen “comités de pilotaje” dirigidos por los prefectos (delegados del Gobierno).

En Portugal hubo críticas de los empresarios al principio al diseño del PRR (16.600 millones) porque les pareció muy controlado por el Estado. Se corrigieron algunas tendencias y se ampliaron sectores que estaban fuera como la cultura. No hay quejas importantes sobre el reparto territorial de momento.

La Comisión Europea aprobó el 22 de junio el plan alemán para invertir los más de 25.000 millones que le corresponden del fondo de recuperación. El reparto fue diseñado por el anterior Gobierno de gran coalición liderado por la democristiana Angela Merkel, pero será el nuevo Ejecutivo tripartito encabezado por el socialdemócrata Olaf Scholz el que efectivamente haga las inversiones. Al menos el 52% se destinará a apoyar la transición digital. Otro 42% a medidas para apoyar los ambiciosos planes climáticos de Alemania. No existe debate sobre el reparto. Solo el partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) ha presentado alguna iniciativa parlamentaria criticando la existencia misma del fondo, por asumir deuda conjunta. En el resto del arco parlamentario, cero discusión.

En Bélgica sí que hubo un debate intenso por la distribución de los fondos de recuperación antes de que se aprobaran. “Estas discusiones se están volviendo ridículas”, llegó a señalar el secretario de Estado para la Recuperación y las Inversiones Estratégicas, Thomas Dermine. Finalmente, hubo un acuerdo entre el Gobierno federal y las regiones (Valonia, Flandes y Bruselas) para repartirse los casi 6.000 millones comunitarios y ha cesado el ruido.

Holanda, por su parte, todavía no ha presentado su plan de recuperación en Bruselas. Fuentes diplomáticas de Países Bajos aseguraban antes de acabar 2021 que La Haya remitiría su proyecto nada más se constituyera el nuevo Ejecutivo y eso ha sucedido, oficialmente, este miércoles.

Con información de Marc Bassets, Elena G. Sevillano, Tereixa Constenla y Daniel Verdú.