El Tribunal de Cuentas abre un plazo de nueve días para determinar qué partes siguen en la causa sobre promoción exterior del procés

El Tribunal de Cuentas ha dado un nuevo paso para abrir la fase de enjuiciamiento del expediente por los gastos de promoción del procés en el extranjero. El organismo ha emplazado a las partes a que en un plazo de nueve días hábiles decidan si siguen personados en los autos o renuncian a ello. La resolución, fechada el pasado día 27, fue publicada este miércoles como edicto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) “con la finalidad de que los legalmente habilitados para el mantenimiento u oposición a la pretensión de responsabilidad contable puedan comparecer en los autos, personándose en forma”, dentro del plazo mencionado.

Una vez que el Tribunal de Cuentas tenga constancia de qué acusaciones siguen en el procedimiento –hasta ahora han sido la Abogacía del Estado, la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana-, se abrirá un nuevo plazo de 20 días para que se formulen las correspondientes demandas. Ya existe constancia de que la Abogacía del Estado no seguirá en este procedimiento, por considerar que su función es la defensa de los intereses de la administración estatal, que no se estima perjudicada por los hechos enjuiciados. Ello se debe a que los fondos utilizados para la promoción exterior del procés correspondían a la Generalitat, que a su vez niega haber sufrido perjuicio alguno y rechaza la tesis de que se produjeran gastos irregulares para promover en el exterior los planes para lograr la independencia de Cataluña.

El Tribunal de Cuentas aprobó en junio un acta de liquidación provisional que cifraba en 5,4 millones de euros la responsabilidad contable que habrían contraído 34 ex altos cargos y funcionarios de la Generalitat por dicha labor de promoción exterior. Entre ellos figuran los expresidentes Artur Mas y Carles Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Andreu Mas-Colell y Raül Romeva. Todos los investigados presentaron recurso contra el acta de liquidación, que fue confirmada íntegramente, al haber sido rechazadas las impugnaciones, cuyo núcleo era que el expediente se había instruido causando absoluta indefensión a los investigados.

La Generalitat –que mantiene a su vez su pretensión de avalar las fianzas de sus ex altos cargos- considera que no existe responsabilidad contable, entre otras razones porque los investigados habrían actuado en el marco de sus competencias en materia de acción exterior. Con la renovación del Tribunal de Cuentas el pasado mes de noviembre quedó pendiente de resolución la admisión o rechazo definitivo de los avales con que la Generalitat quiere hacer frente al afianzamiento de los citados 5,4 millones de euros.