En el punto de mira de los talibanes

Todas las posesiones de Mohammad están en su teléfono. Ahí es donde almacena las fotos de los enseres que vendió el pasado agosto cuando recibió una carta del Ministerio de Exteriores español para ser evacuado de Afganistán ante la toma del poder por los talibanes. Corría el riesgo de ser objetivo de la venganza de los islamistas por haber trabajado para los españoles. Aunque se apresuró en ir a Kabul con su mujer y sus hijas, no lograron coger el vuelo que podía ponerles a salvo. Al menos un centenar de familias afganas se encuentran en la misma situación.

Mohammad (nombre supuesto) estuvo empleado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT, en sus siglas inglesas) de Badghis, la provincia de cuya estabilización se encargó el Ejército español entre 2005 y 2013. Pero no todos sus compañeros recibieron los salvoconductos.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores asegura en un mensaje que “la mayor parte de los colaboradores [que hubo en Afganistán] están entre los 2.500 [afganos] que han llegado a España”. Sin embargo, sobre el terreno son numerosos quienes se quejan de no haber tenido acceso a la evacuación. Se sienten abandonados. “Nos han dicho que esperemos, ¿cuánto más tenemos que hacerlo?”, pregunta uno de ellos.

Evaluaciones oficiosas cifran en entre 100 y 120 los trabajadores incluidos en las listas oficiales que no pudieron salir. Con sus familias, sumarían unas 600 personas. Pero Ignacio Álvaro, excoordinador de la AECID en Afganistán, calcula que “hay otras 100 familias no registradas” cuya vinculación con la agencia puede demostrarse. En su opinión, “ha sido el colectivo menos afortunado” de los que España ha logrado evacuar. “Solo han salido 250 personas de las 1.300 estimadas”, afirma en un intercambio de mensajes.

La mayoría de quienes se han quedado atrás se han ido de Qala-i-Naw, la capital de Badghis, y viven escondidos. Algunos habían recibido amenazas previas, otros las recibieron después. Incluso quienes no han sido acosados directamente, tienen miedo por su futuro y el de sus familias. Tanto que para hablar con EL PAÍS no solamente piden el anonimato, sino que envían a dos mujeres en representación de 80 familias que se coordinan y mantienen contacto con sus antiguos jefes españoles.

“Nuestras vidas están en peligro”, asegura una de ellas desde detrás de un estricto chador. Su marido, exempleado por la AECID, se encuentra en Kabul donde espera pasar más desapercibido. Ella y sus cuatro hijos se han refugiado con un familiar en la vecina Herat. “Vendimos todo, ya no tenemos de qué vivir”, agrega.

No es paranoia. La noche en que los talibanes tomaron Qala-i-Naw se llevaron de su casa a M. I., que trabajó de conductor para la agencia de cooperación entre 2005 y 2010. Cuatro días después apareció muerto, a las afueras de la ciudad.

La otra interlocutora, hija, hermana y cuñada de extrabajadores del PRT y defensora de derechos humanos, oyó como hace unas semanas se anunciaba su muerte en la radio, después de que los talibanes mataran a otra mujer con quien la confundieron.

La situación se ha agravado tras la visita de EL PAÍS a Qala-i-Naw. El responsable de la radiotelevisión provincial, Mohibullah Akhundzada, quien admite haber atacado a las tropas españolas, acusó a la reportera de querer “llevarse a los afganos a España” y amenazó con “matarlos a todos”. Ahora, ha pedido a uno de los extrabajadores de la AECID una lista con sus nombres para organizar una reunión. La desconfianza es generalizada. Están convencidos de que se trata de una treta para, como mínimo, tenerlos identificados. Nada más enterarse, 15 de ellos han abandonado la ciudad y han buscado el anonimato en las provincias vecinas.

En una docena de entrevistas con excolaboradores afganos realizadas en Qala-i-Naw y Herat, todos piden que los españoles no les olviden y les ayuden a salir de Afganistán. “Otros países han negociado con los talibanes para sacar a sus antiguos empleados; España también debería encontrar la forma de hacerlo”, insisten. Ninguno confía en la amnistía decretada por los talibanes. Como mínimo, sus carreras profesionales están acabadas. Los islamistas solo quieren leales.

La cita de Mohammad era para un vuelo entre el 23 y el 24 de agosto. “Fue horroroso”, relata mientras muestra las fotos de que captó en los alrededores el aeropuerto de Kabul. “Había medio millón de personas. Era imposible acercarse. Y además estaba el canal”, recuerda. “Pasamos cuatro días en ese canal inmundo”, añade su mujer. Con dos niñas pequeñas, ya era difícil alcanzar el control de acceso. Cuando el jueves 26 se produjo el atentado del Estado Islámico, se hizo misión imposible. Cuatro días después salía el último soldado estadounidense y el aeródromo quedaba en manos de los talibanes.

En las dos semanas anteriores, España evacuó a 2.206 personas, entre cooperantes afganos y sus familiares (tanto de la misión propia como de otras naciones) y personal de su Embajada en Kabul. Desde entonces solo unas pocas decenas de afganos vinculados con la presencia española han conseguido salir a través de países vecinos.

Sentado en el suelo, sin muebles, con las paredes desnudas de recuerdos, Mohammad se pregunta si no va a haber otra oportunidad. Los 2.000 dólares (unos 1.750 euros) que logró por sus enseres se están acabando y, desde el cambio de régimen, ni él ni su mujer han vuelto a cobrar sus sueldos de profesores. La posibilidad de viajar por su cuenta a algún país vecino para recibir un visado español topa con la necesidad de renovar sus pasaportes que caducaron a principios de septiembre.

“[Los talibanes] solo están facilitando nuevos documentos a estudiantes, residentes en el extranjero y emergencias médicas”, explica Mohammad. Él lo intentó, pero fue rechazado. Otros ni siquiera se atreven a pedir el pasaporte porque temen que eso alerte a las autoridades de facto sobre su pasado.