El Gobierno andaluz aprueba gracias a Vox un decreto-ley que cambia de golpe 80 normas autonómicas

En un visto y no visto, el Parlamento de Andalucía ha aprobado este miércoles con el apoyo de PP, Ciudadanos y Vox un decreto-ley del Gobierno andaluz que cambia o deroga de una tacada 80 normas autonómicas de distinto rango, desde leyes a órdenes, para eliminar trámites administrativos. La ultraderecha, que lleva meses pidiendo elecciones autonómicas, ha mantenido hasta el último momento la intriga de si lo apoyaría para propinar una derrota al Ejecutivo que preside Juan Manuel Moreno, aunque como ha reconocido en el pleno considera necesaria la reforma propuesta. En las horas previas a la sesión, las llamadas de sectores empresariales a Vox reclamando su voto a favor han sido intensas.

Los grupos parlamentarios apenas han tenido seis días para estudiar el decreto-ley de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía, que afecta a 33 materias de gestión de la Junta: medio ambiente, turismo, educación, agricultura, pesca, patrimonio histórico, vivienda, puertos, energía, fondos europeos, minería, salud, colegios profesionales, fundaciones, transportes o urbanismo.

No es la primera vez que el Ejecutivo andaluz utiliza el decreto-ley, reservado para legislar por razones de “extraordinaria y urgente necesidad”, más allá de materias sanitarias a causa de la pandemia. En abril de 2020, la Cámara con el apoyo también de Vox, PP y Cs aprobó otro decreto-ley de simplificación, de la mano del sector privado, que modifica o deroga parcialmente 21 textos legislativos y seis normas. Un total de 50 senadores del PSOE recurrieron al Tribunal Constitucional. El grupo socialista no descarta emprender la misma vía ahora, según fuentes parlamentarias, pero antes hará consultas jurídicas.

El Gobierno andaluz de coalición de PP y Ciudadanos aprobó el decreto en su reunión del 14 de diciembre; el 17 se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y al día siguiente, 18 de diciembre, entró en vigor. Antes de iniciarse el calendario de aprobación, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, presentó el texto el 13 de diciembre en un acto en el palacio de San Telmo al que asistieron asociaciones empresariales, mientras que los sindicatos mayoritarios ocuparon un discreto segundo plano, disconformes con una propuesta en la que, según ellos, no han sido consultados. Tampoco, los ayuntamientos y diputaciones, ni ha habido audiencia pública. El Gobierno andaluz no ha negociado ni con PSOE ni con Unidas Podemos, según sus portavoces, y dio un portazo a la oferta de los socialistas de dejar pasar el decreto a cambio de negociarlo como proyecto de ley en el próximo periodo de sesiones, que será el último de la legislatura.

De haber habido acuerdo sobre el Presupuesto de la comunidad para 2022, este superdecreto no se hubiera tramitado en el último pleno del año, porque este se reserva en exclusiva a la aprobación o rechazo de las enmiendas parciales de los grupos a las cuentas de la comunidad. Pero en el Gobierno había mucha premura para apretar el acelerador legislativo y usar la derogación o convalidación de este decreto como pertrecho argumental con vistas a las próximas elecciones.

Las prisas de Moreno por aprobar de manera exprés esta norma airea las sospechas de que el presidente andaluz está ya en tiempo de descuento electoral y preparando su agenda de balance de la legislatura, que incluye inauguraciones y puestas de primeras piedras, prohibidas por la ley en el que momento en que disuelva el Parlamento. El Gobierno autónomo no se ha caracterizado por desplegar una agenda legislativa potente, algo que el consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, ya advirtió desde su primera comparecencia en el Parlamento: “No venimos a hacer leyes, sino a derogarlas”.

Moreno ha dicho que las elecciones serán en junio o en el mes de octubre de 2022, más o menos cuando tocan, pero también condiciona el calendario electoral a que no se produzca un bloqueo parlamentario. Desde PP y Cs han puesto a circular la tesis de que hay una pinza política diabólica entre PSOE, Unidas Podemos y Vox, a raíz de que estos grupos, junto con los diputados no adscritos, tumbaran el pasado mes de noviembre el proyecto de ley de Presupuestos. Pero, en realidad, Moreno está sacando con el apoyo a veces de Vox y otras de los partidos de izquierda otras normas y decretos-leyes que él y el resto de los grupos considera relevantes. Así ha ocurrido en plenos pasados con las leyes de creación de la Agencia Trade, la del Suelo o la de las subvenciones a las Entidades Locales Autónomas. Y hoy mismo ha pactado a veces con la derecha y otras con la izquierda la convalidación de tres decretos-leyes y las leyes de perros de asistencia y Tasas y Precios Públicos.

“Hoy no somos pinza, somos imperdibles”, ha ironizado el diputado de Vox Alejandro Hernández sobre el argumento de populares y de Cs sobre un bloqueo parlamentario que por ahora no se da.

Salvo los partidos que sostienen al Gobierno de Moreno, el resto de los grupos, incluido Vox, ha sido muy crítico con las prisas por convalidar el decreto-ley de simplificación. El socialista Mario Jiménez lo ha tachado de “cacicada” y ha asegurado que se trata de un decreto “de desregulación” que obedece a los intereses “de las grandes empresas”. Según sus cálculos, el 80% de las medidas propuestas son “cosméticas” y el 20% restante trastoca leyes aprobadas por el Parlamento que requieren para su aprobación “transparencia, participación y discusión”. La norma remite a la legislación básica, menos restrictiva que la autonómica, para determinadas actividades económicas.

La portavoz de Unidas Podemos, Inma Nieto, ha puesto el acento en que no hay razones de urgencia para utilizar esta vía legislativa ultrarápida que según ella es una “chapuza”, desvirtúa el trabajo parlamentario y persigue desde la “privatización” de los informativos de RTVA hasta la liberalización de los horarios comerciales. Ángela Mulas (Vox) se ha preguntado por qué el Gobierno regional ha esperado hasta el final de la legislatura para acometer esta “brutal reforma administrativa”. Según ella, se debe al “oportunismo electoral” de Moreno para “colgarse una medallita”.

Para el consejero de la Presidencia, Elías Bendodo, la derogación o cambio de 80 normas supone “una revolución del sentido común” necesaria para la reactivación económica, en la que se apuesta por la declaración responsable para emprender actividades que ahora requieren autorización previa.