La madre de todas las reformas

No es casualidad que la palabra “reforma laboral” esté en la primera página de las 50 que componen el acuerdo de Gobierno que firmaron el PSOE y Unidas Podemos antes de cerrar la primera coalición desde la II República. Es el elemento fundacional de la propia coalición. Después de prometer que el Gobierno reforzará los instrumentos para reducir la “desigualdad”, la palabra más repetida por Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en todos sus discursos, el texto del pacto va al grano en su punto 1.3: “Derogaremos la reforma laboral. Recuperaremos los derechos laborales arrebatados por la reforma laboral de 2012″.

Dos años le ha costado a la coalición llegar a tener lista esta reforma desde que se firmó ese texto, en diciembre de 2019. Pero ha llegado. Y esta semana es clave. El Ejecutivo espera cerrar el acuerdo ya, después de una recta final de vértigo con reuniones diarias y negociaciones casi permanentes entre patronal, sindicatos y Gobierno. Sería un hito clave para conectar con el electorado progresista al que seguiría otro elemento muy simbólico: en 2022 el salario mínimo llegará a los 1.000 euros con toda probabilidad. Aún no está cerrado, pero varias fuentes del Ejecutivo lo dan por hecho.

Los trabajos para la reforma laboral están muy avanzados y solo queda darle forma al último gran escollo, los límites legales a la temporalidad, el gran drama del mercado de trabajo español que devora las expectativas sobre todo de los jóvenes. Pero incluso en este asunto parece factible el acuerdo con la fórmula que hay encima de la mesa: limitar los días al año que alguien puede estar contratado de manera temporal. Los sindicatos buscan dejarlo en 60. La patronal aspira a 120. El Gobierno ha planteado 90. De la negociación saldrá el resultado, pero el acuerdo parece factible.

La patronal está negociando cada coma, muy implicada, y en todo momento da la sensación, según fuentes de la negociación, de que quiere un acuerdo. Las presiones son enormes, tanto dentro de la patronal como en los sindicatos, que se juegan mucho en la reforma, y en el Ejecutivo, que tiene la mirada atenta de Bruselas.

Todo está pendiente de un fino hilo, como es normal en una negociación tan compleja, pero todo el mundo tiene grandes incentivos para llegar a un acuerdo, coinciden varias fuentes políticas y de los agentes sociales. Incluso la patronal, la más reticente —siempre ha defendido la reforma de 2012 como un gran avance en flexibilidad—, parece dispuesta a ceder en algunas cosas a cambio de ganar en otras porque sabe que si se queda fuera y el Gobierno pacta solo con los sindicatos, la reforma será más dura para los intereses del empresariado. Y en la tramitación parlamentaria, donde hay socios más a la izquierda, podría incluso ir más allá si la patronal está fuera.

Lo que está claro es que la reforma no se va a retrasar, estén o no los empresarios. Tanto la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, cuyo equipo lidera la negociación, como la primera, Nadia Calviño, que tiene a un director general de su ministerio sentado a la mesa, han garantizado que estará antes del 31 de diciembre. Lo más probable ahora mismo es que vaya al Consejo de Ministros del 28, aunque también se podría buscar uno extraordinario de los que ahora se han vuelto habituales.

Después de una enorme tensión para ver quién controlaba la reforma, la coalición ha encontrado un equilibrio y la presencia de Economía e Inclusión en la mesa de negociación no ha sido finalmente tan problemática como se pensó al principio.

El PSOE quería estar seguro de que no era una reforma de Unidas Podemos y que los empresarios entrarían, y ahora ya ha visto que eso parece encarrilado. Unidas Podemos no reivindica la reforma como algo de Díaz, sino de todo el Gobierno, y si hay acuerdo será Sánchez quien lo plasme. De hecho el presidente tiene prevista una comparecencia de cierre del año que muy probablemente se haría el 29, justo después de presentar la nueva ley laboral.

La madre de todas las reformas, que fue un elemento central de las campañas del PSOE y de Unidas Podemos durante años, servirá, si todo va según lo previsto, para poner el broche final a un frenético final de año en el que se están aprobando leyes clave, como los Presupuestos o la reforma de pensiones, con una sólida mayoría más estable de lo esperado. El apoyo de ERC siempre es más complejo de lograr, pero al final llega. La ley audiovisual está ya prácticamente cerrada también.

Sánchez pretende reivindicar en esa comparecencia final la catarata de reformas en marcha y sobre todo que España es el primer país en recibir los fondos de la UE porque es el que más rápido cumple con los hitos. De hecho, en La Moncloa ya están ultimando el documento llamado Cumpliendo, con todas las reformas.

Los consejos de ministros y los plenos de Congreso y Senado estas próximas semanas son una evidencia de este ritmo acelerado. Ley de vivienda, de Formación Profesional, reforma del Ingreso Mínimo Vital, prórroga del escudo social, ley de suelos y residuos, pensiones, interinos, además de varios proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) de miles de millones de euros.

El Ejecutivo trabaja además para intentar frenar, como hizo en Cádiz, los conflictos que amenazan con dar la imagen de que la calle arde, en la que insiste mucho la oposición. El nuevo reto es el paro patronal de los transportistas, que se intenta evitar. Todo para lograr un final de año tranquilo, con un balance que ayude a reconectar con un electorado progresista que parece más desmovilizado en este momento que el de la derecha. Sin olvidar que, como recuerdan en La Moncloa, y pese a la efervescencia de la oposición, aún no se ha cumplido ni el ecuador de la legislatura, que llegará el 7 de enero. Queda todo un mundo por delante.