_
_
_
_

Podemos pide investigar como terrorismo el ataque de la extrema derecha a su sede de Cartagena

El partido solicita a la juez que envíe la causa a la Audiencia Nacional tras vincular al principal sospechoso con otras acciones violentas

J. J. Gálvez
Ataque sede Podemos Cartagena
Pantallazo del vídeo en el que se aprecian las llamas en la sede de Podemos en Cartagena tras el ataque del pasado abril.UNIDAS PODEMOS (Europa Press)

Podemos ha pedido que el ataque con un cóctel molotov contra su sede de Cartagena (Murcia), perpetrado el pasado abril, se califique como un posible acto terrorista y se envíe la causa a la Audiencia Nacional. En un recurso presentado el 6 de noviembre ante el juzgado local que instruye la investigación, la formación subraya que esta acción violenta forma parte de una campaña más amplia de la extrema derecha para desestabilizar las instituciones del Estado, después de que la Policía haya vinculado al principal sospechoso, Francisco S., con grupos fascistas y con dos ataques a un local de Izquierda Unida (IU) en León.

Según consta en el escrito del partido, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Podemos mantiene que las pesquisas han desvelado la existencia de una auténtica “organización criminal”; que “actúa en varias comunidades autónomas”; que “tiene como finalidad subvertir el Estado de Derecho y las leyes vigentes”; y que cuenta con una “peligrosa potencialidad de actuación”. “Los ataques tienen una clara intención: desestabilizar el funcionamiento de las instituciones políticas del Estado y alterar gravemente la paz pública. En este caso, mediante el método de amenazar a una parte del Gobierno de coalición”, remacha la formación liderada actualmente por Ione Belarra.

A principios del pasado abril, Podemos denunció el ataque con un cóctel molotov contra su sede de Cartagena. “En este vídeo podéis ver el ataque de la ultraderecha, con material explosivo, a una sede Podemos. El terrorismo callejero de los ultras no va a amedrentarnos. Frente a los violentos y sus blanqueadores: democracia, libertad de expresión y justicia social”, escribía en Twitter el entonces líder de la fuerza política, Pablo Iglesias.

La investigación permitió detener el pasado agosto al presunto autor de la acción violenta, Francisco S., un veinteañero español al que se le atribuyen delitos de incendio, atentado contra la autoridad —ya que se resistió a su arresto— y contra los derechos fundamentales y libertades públicas. Al sospechoso se le incautó abundante material nazi y franquista, como libros, banderas y ropa. También se le intervinieron “diferentes armas blancas y otros objetos contundentes”, como “puños de pugilato, un puñal y una daga”, según fuentes de las pesquisas.

Posteriormente, al analizar el contenido de su teléfono móvil, los investigadores vincularon también al ultra con dos ataques a la sede de IU en San Andrés del Rabanedo (León), cometidos en el verano de 2020, cuando rompieron las lunas del local e hicieron pintadas amenazadoras como “comunistas terroristas” o ”al horno”, junto a esvásticas y otra simbología neonazi. Por ello, según el escrito de Podemos, la instructora de Cartagena decidió el pasado noviembre enviar esta parte de las pesquisas a los juzgados de León, pero el partido se opone a esa iniciativa.

La formación de izquierdas defiende que, en su lugar, la juez debe remitir la causa a la Audiencia Nacional. Según su recurso, del análisis del móvil se deduce que Francisco S. también participó en los “disturbios y agresiones a agentes de la autoridad acaecidos en la ciudad de Murcia” los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2020: “Que tenían por finalidad imponer a las autoridades la finalización del toque de queda horario decretado para salvaguardar la salud pública por el covid y coadyuvar al derrocamiento ilícito del Gobierno constitucionalmente elegido”. Esos “desórdenes incluyó el destrozo de mobiliario público, el lanzamiento de objetos y la quema de diversos contenedores”, explica Podemos, que remacha: “En aquellos sucesos se utilizó para agredir a los agentes diverso material pirotécnico, dándose la circunstancia de que igual material pirotécnico se utilizó en el ataque a la sede de Podemos en Cartagena”.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
SIGUE LEYENDO
La Policía traslada al sospechoso de incendiar la sede de Podemos en Cartagena (Murcia), tras su detención.
La Policía traslada al sospechoso de incendiar la sede de Podemos en Cartagena (Murcia), tras su detención.

La Policía sitúa al presunto autor del ataque en el grupo que lidera la ultraderecha en Murcia, Ultras Murcia 1908, según avanzó eldiario.es. Los investigadores también lo vinculan con Lo Nuestro, un grupo xenófobo que actúa en el Levante español. “Al amparo de las acciones de Francisco S. ha estado el grupo Bastión Frontal”, apostilla Podemos en su escrito. Bastión Frontal es un grupo fascista al que ha denunciado la Fiscalía de Madrid por acosar a jóvenes migrantes.

Preguntado por EL PAÍS, Ángel Luis Hernández, secretario de Organización de Podemos en Murcia, ha señalado: “Todos estos ataques no son hechos aislados, sino que forman parte de una estructura criminal de la extrema derecha”. Javier Sánchez, coordinador del partido en la región y diputado en el Congreso, ha añadido: “El atentado a la sede de Podemos Cartagena no es puntual. Esa sede ya estaba en el punto de mira de la extrema derecha con pintadas, rotura de cristales y amenazas a militantes de la formación. En ese contexto, el atentado de abril tenía la clara intención de amedrentar a una organización democrática, como demuestran las conversaciones encontradas en el teléfono móvil del investigado. Si a eso sumamos que el mismo autor habría atentado también en una sede de IU en León todo señala a una extrema derecha que está pasando de lo discurso de odio a la violencia organizada”.

En otros países de Europa ya se han tomado medidas contra el “terrorismo” de extrema derecha. La Fiscalía alemana sentó el pasado abril a 11 miembros de la organización ultra Gruppe S, a los que atribuye la intención de “sacudir y, en última instancia, derribar el Estado y el orden social” en el país. El ministerio público les acusa de planificar ataques a gran escala y atentados contra políticos, solicitantes de asilo y musulmanes.

Sobre la firma

J. J. Gálvez
Redactor de Tribunales de la sección de Nacional de EL PAÍS, donde trabaja desde 2014 y donde también ha cubierto información sobre Inmigración y Política. Antes ha escrito en medios como Diario de Sevilla, Europa Sur, Diario de Cádiz o ADN.es.

Más información

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_