Juana Ruiz espera su excarcelación en pocas semanas tras ser condenada a 13 meses de prisión en Israel

La defensa de la cooperante española Juana Ruiz Sánchez, detenida hace siete meses por tropas israelíes, confía en que la trabajadora humanitaria pueda ser excarcelada en breve plazo. El tribunal militar de Ofer (Cisjordania) la ha sentenciado este miércoles a 13 meses de cárcel y a una multa de 50.000 shequeles (unos 14.000 euros) por los delitos de “prestar servicios a una organización ilegal” y por “tráfico de divisas en Cisjordania”, dentro de la ONG sanitaria palestina en la que trabajaba, según ha dictado la jueza castrense, la teniente coronel Eti Ada, en la sesión final del juicio. Ruiz aceptó hace una semana declararse culpable de ambos cargos, en el marco de un acuerdo con la Fiscalía militar que eliminó otras tres graves acusaciones por delitos ligados al terrorismo, para ver rebajada su pena y acortar un proceso que la forzaba a permanecer largo tiempo entre rejas.

María Rishmawi Ruiz, hija de la procesada, ha declarado ante la prensa en Ofer: “Ya tenemos fecha final para una pesadilla. La espera de estos meses ha sido angustiosa”. Rishmawi ha viajado desde España para poder ver a su madre en las últimas vistas del proceso. La familia confía en una pronta liberación, si es factible antes de que se cumpla en mayo la pena de privación de libertad fijada en la sentencia. El abogado de la cooperante, Avigdor Feldman, aseguró tras conocer la sentencia que Ruiz podrá solicitar a la comisión penitenciaria que otorga el pase a la situación de libertad condicional que le conceda la reducción del tercio final de su condena, una práctica habitual en el sistema procesal penal israelí. “A la vista del tiempo que ha permanecido detenida, podría ser liberada en unas dos semanas”, anticipó el letrado, quien también proyecta solicitar reducciones de condena suplementarias por razones de edad (63 años) y de salud (la trabajadora humanitaria sufre de enfermedades crónicas y está aquejada de una inflamación en un brazo).

La defensa había pedido también a la jurisdicción castrense que aclarase que su clienta no reconoció en ningún caso haber colaborado con el Frente Popular de Liberación de Palestina (FPLP), calificado como terrorista. Dos ministros de Israel, el titular de Asuntos Exteriores, Yair Lapid, y el de Defensa, Benny Gantz, se ampararon en el acuerdo judicial que suscribió la cooperante española para incriminar a seis ONG palestinas que han sido recientemente ilegalizadas. En un comunicado conjunto, ambos ministros afirmaron que Ruiz “admitió haber recaudado fondos para el FPLP” y “confesó que (ese partido) utilizaba como tapadera a las ONG”.

El tribunal militar de Ofer accedió el martes a la solicitud de Feldman. La jueza castrense puntualizó durante la lectura de la sentencia que el caso de Ruiz no está relacionado con el de las ONG proscritas. “Según el veredicto (de culpabilidad) que fue aceptado por la procesada, (...) los hechos mencionados en el capítulo de antecedentes del acuerdo no le son atribuibles”, puntualizó la magistrada. La defensa había cuestionado en la vista del día 10 que la incorporación en el último momento de un capítulo de antecedentes, en el que se basaron exclusivamente los ministros para argumentar sus imputaciones, tuvo como objetivo “sostener una falsa declaración oficial contra la acusada”. También advirtió de que la manipulación del proceso legal arrojaba sombras que “pueden socavar la independencia del tribunal militar respecto a las autoridades militares”.

La hija de Ruiz dijo a los medios que siguieron la vista en el tribunal militar: “¿Cómo es posible difamar en público la reputación de alguien para intentar justificar la criminalización [de ONG defensoras] de los derechos humanos? Me parece bastante vil”. La prensa hebrea se ha interesado por el caso de la cooperante española, y varios periodistas israelíes cubrieron la última sesión del juicio a raíz de la declaración de los dos ministros.

El diario Haaretz considera que el tribunal militar ha refutado la acusación lanzada por los titulares de Defensa y Exteriores. “Todo en este caso es político”, concluyó Feldman, abogado de Ruiz, en sus declaraciones tras la sentencia. “Se ha intentado manipularlo para justificar la ilegalización de las ONG palestinas defensoras de los derechos humanos”, apostilló el letrado antes de reclamar a ambos ministros que se retracten.

Juana Ruiz fue detenida el 13 de abril en su casa próxima a Belén (Cisjordania) bajo la acusación de colaborar con una organización ilegal, como empleada desde hace casi tres décadas de la ONG sanitaria Comités de Trabajo para la Salud, declarada ilegal en 2020. Por razón de su residencia ha estado sujeta a la jurisdicción castrense que rige bajo la ocupación israelí para los palestinos. “Yo siempre pensé que trabajaba para una organización legal. Siento mucho si me equivoqué en algo. Espero que tengan en cuenta que no he intentado hacer daño”, cerró su declaración Ruiz ante en el tribunal militar la semana pasada. Este miércoles pudo conversar brevemente al término de la vista con su hija y con su marido, el palestino Elías Rishmawi.

En más de siete meses de detención (en la actualidad está internada en una prisión reservada a mujeres activistas palestinas en el norte de Israel), la cooperante española solo ha podido recibir tres visitas familiares en la cárcel, mantener media docena de encuentros con representantes consulares españoles y hacer una llamada telefónica.

Los procesos penales bajo la jurisdicción castrense israelí pueden prolongarse durante años. Es el caso del ingeniero palestino Mohamed Halabi, acusado de desviar fondos de una ONG internacional en Gaza en favor de Hamás, quien lleva cinco años entre rejas a la espera de juicio.