Ayuso y Feijóo chocan ante la deslocalización de nuevas instituciones fuera de Madrid

Los planes del Gobierno para ubicar fuera de Madrid los organismos estatales de nueva creación y contribuir de esta forma a la desconcentración de instituciones en la capital enfrentan a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y al presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ambos del PP. La dirigente madrileña se opone frontalmente mientras el barón gallego saluda la iniciativa en los casos “razonables”. El resto de presidentes autonómicos del PP son críticos con el Gobierno por la forma en la que está planteando la medida, aunque algunos no ven con malos ojos que el Estado deslocalice algunos organismos.

La decisión del Ejecutivo de respetar la ubicación de los principales entes, y por tanto no trasladarlos a otras partes de España, no ha rebajado las críticas de la presidenta autonómica. Díaz Ayuso ha afirmado este lunes que “falta liderazgo para entender cómo llevar oportunidades a la España vaciada” y ha remarcado que “no se trata de descentralizar políticas, sino de llevar el empleo a todos los rincones”. La dirigente del PP sostiene que el Gobierno pretende “descapitalizar España bajo el falso mantra de descapitalizar instituciones”. “No se trata de mi postura, se trata de cinco siglos de historia”, esgrimió a mediados de octubre, cuando definió el proceso de deslocalización como una “majadería”. “Aquí lo que se trata es de descentralizar y debilitar la soberanía de España que recae en su capital, en nuestra región”, aseguró.

La iniciativa enfrenta a Ayuso con otros presidentes del PP, porque el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, con la “cautela” de conocer el plan a través de EL PAÍS y no de primera mano por el Gobierno, se muestra partidario. “El Gobierno, por lo que dicen ustedes, plantea que si hay instituciones nuevas se puedan ubicar fuera de la Comunidad de Madrid. No está hablando de trasladar sedes actuales consolidadas, sino de instituciones nuevas. No me parece inadecuado que instituciones nuevas se puedan instalar en cualquier lugar de España que sean razonables”, ha reflexionado Feijóo. “El Instituto Oceanográfico no parece muy razonable que no esté en las zonas de mayor impacto en el ámbito de la investigación oceanográfica, sin duda la primera es la gallega”, ha ejemplificado el presidente gallego.

El presidente de Castilla y León tampoco se opone de partida a la deslocalización de instituciones, pero sí rechaza la forma en la que el Gobierno está llevando a cabo esta iniciativa. “Este es un tema que se tiene que abordar con seriedad, y, sin embargo, se ha planteado desde la frivolidad”, cuestiona Alfonso Fernández Mañueco, que pide que se prepare “una propuesta seria, debatida, reflexionada con las comunidades autónomas, por un lado, y también con las fuerzas políticas”. “No se trata de buscar el enfrentamiento territorial”, reclama. “No se trata de abrir una subasta a ver quién acepta y quién se queda con los organismos del Estado”, pide Mañueco, para quien una propuesta de estas características “debe ir encaminada a mejorar el equilibrio territorial y la cohesión social”.

El presidente de Andalucía es crítico con la iniciativa gubernamental. “La auténtica descentralización sería la cogobernanza. La capacidad real de las comunidades autónomas de decidir sobre los fondos europeos y diseñar políticas junto al Gobierno de España, en lugar de imponernos decisiones unilaterales”, censura Juan Manuel Moreno Bonilla. El Gobierno andaluz está llevando a cabo su propio proceso de deslocalización de instituciones. Ha situado la Agencia digital de Andalucía y un centro de ciberseguridad en Málaga y el Polo de innovación tecnológica de la agricultura andaluza CITA 4.0 en Almería. Fuentes del Ejecutivo de Moreno Bonilla critican la “incoherencia” del PSOE, que no votará a favor de los Presupuestos andaluces cuando incluyen una inversión de casi 11 millones de euros para la base logística del Ejército de tierra que se situará en Córdoba.

El presidente de Murcia, por su parte, se alinea con Ayuso en la crítica frontal a la deslocalización. “Esta es una nueva maniobra de distracción del Gobierno de Pedro Sánchez que solo busca el conflicto, la confrontación y competición entre comunidades autónomas”, censura Fernando López Miras. “Se trata de una propuesta que carece de toda lógica y de sentido de Estado y que, además, no servirá para combatir la despoblación ni para apostar por el mundo rural”, apunta. “En realidad, lo que buscan es desviar la atención de lo que verdaderamente importa a los españoles: poder llegar a final de mes, la factura de la luz, el precio de la gasolina o los impuestos que tienen que pagar”, apostilla. López Miras se queja al mismo tiempo de que en el primer reparto de organismos deslocalizados Murcia quede fuera. “Sánchez sigue beneficiando a los de siempre y castigando a los de siempre, como es el caso de la Región de Murcia”.

La posición del Gobierno, donde entienden que el discurso de la presidenta de Madrid puede resultar contraproducente para el PP en las otras comunidades en que gobierna, no puede ser más diferente. La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha defendido que los organismos públicos se puedan situar en cualquier lugar de España y ha reiterado que no ve “ningún motivo” para que estén centralizados en Madrid. “El progreso económico se tiene que compartir entre los territorios”, ha remarcado la titular de Justicia en las jornadas Diálogo sobre el Futuro de la España Despoblada, que se celebran entre este lunes y mañana en el campus de Teruel de la Universidad de Zaragoza. El ministerio, dentro del plan Justicia 2030, contempla la implantación de las Oficinas de Justicia en los municipios. Su función sería garantizar la accesibilidad a los servicios, especialmente en las áreas de baja densidad de población.

Previamente, en una entrevista en Cadena SER, Llop ha subrayado que con la digitalización y las nuevas tecnologías cobra más sentido que no haya ninguna disfunción para que se puedan ubicar instituciones “fuera de la capital”, según ha observado tras ser preguntada sobre la hipótesis de que el Tribunal Constitucional pudiese tener su sede en Zaragoza o Teruel. El documento elaborado por el Ministerio de Política Territorial, que dirige Isabel Rodríguez, prevé solo la descentralización de sedes de nueva creación “salvo que razones especialmente motivadas impongan que se ubiquen en la capital”. El Gobierno descarta el traslado de las sedes de organismos judiciales distintos del Tribunal Supremo, entre otras razones, por el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial, que en diciembre cumplirá tres años a la espera de ser renovado. “Parece claro que una decisión de este sentido no puede ser adoptada directamente por el Gobierno sin al menos consultar al Poder Judicial”, recoge el informe.

La ministra de Justicia ha pedido en Teruel evitar la confrontación entre territorios y trabajar para que haya “equilibrios” con respeto a las diversidades, singularidades e intereses. La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha señalado en el mismo foro: “Problemas como la despoblación no se corrigen de la noche a la mañana. Poder revertir esa tendencia requiere de muchos elementos estructurales, infraestructuras… No es algo que los ayuntamientos, las comunidades o el Gobierno puedan resolver por sí solos”. Ribera ha incidido en los pasos que se han dado “para visibilizar unos problemas acumulados durante décadas”. El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha coincidido en la “necesidad de una España más armónica” frente al “concepto centralista” de modelo de país que en su opinión está detrás de desequilibrios como el reparto de la población: 41 de los 47 millones de españoles viven en el 30% del territorio, por los 6 millones que habitan en el 70% restante.

Desde Ciudadanos, la medida que prepara el Gobierno tiene que ser examinada antes de mostrarse favorables o no a la deslocalización que se propone. “Nosotros somos amigos de todo lo que sea simplificar la administración y acabar con la burocracia”, ha explicado Daniel López, vicesecretario del partido. “Cuando descentralizar significa hacer que eso se consiga en principio estamos de acuerdo, como estamos de acuerdo con un mapa autonómico donde ya hay muchas competencias descentralizadas. Ahora bien, si de lo que estamos hablando es de dar gusto a unas comunidades autónomas en detrimento de otras; o de buscar la forma para crear nuevos chiringuitos o colocar a amiguetes o a crear una administración más hipertrofiada y en consecuencia menos eficiente y menos eficaz, a los liberales nos van a tener de frente”.