Podemos acusa a Meritxell Batet de ceder al “chantaje” del Supremo

La Mesa del Congreso, su órgano de gobierno, se ha prolongado este martes varias horas por el intenso debate que ha provocado la decisión de la presidenta de las Cortes, Meritxell Batet, de retirar la condición de diputado a Alberto Rodríguez, exmiembro de Unidas Podemos, tras ser condenado por el Tribunal Supremo por dar una patada a un policía en una manifestación en 2014. Los partidos con representación en la Mesa se han enredado de nuevo en largas discusiones sobre quién debía hacerse responsable de esa decisión, si solo la presidenta o todos ellos en su conjunto, pero no han tomado ninguna decisión nueva a la espera de futuras e hipotéticas resoluciones judiciales del caso. También han dado por confirmado que Rodríguez ya no es diputado a todos los efectos y ahora será relevado por el siguiente en la lista en su circunscripción por Canarias.

El PSOE y el PP han intentado este martes dar por zanjada en la Mesa del Congreso la polémica concreta del caso Rodríguez y también la crisis institucional que ha llevado aparejada estas últimas semanas por el choque de poderes entre el legislativo y el judicial. El portavoz del PSOE, Héctor Gómez, ha respaldado a Batet al considerar que no podía actuar de otra manera tras la confirmación de la sentencia por parte del Supremo.

Los populares no se han privado de criticar la “imagen esperpéntica” ofrecida, según ellos, por algunos partidos desde que el Supremo condenó a Rodríguez el 6 de octubre y hasta este martes. Y han señalado ahí a Unidas Podemos y, particularmente, a su secretaria general, la ministra Ione Belarra, por poner en duda la integridad del tribunal. El PP buscará ahora con la presentación de una proposición no de ley la reprobación de esa ministra, pero sin demasiados aliados. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, eso sí, no se ha querido unir al coro de acusaciones contra la actuación de Batet emitido por dirigentes de Unidas Podemos y también de Vox.

En Unidas Podemos, sin embargo, no han tenido ningún miramiento con Batet y la han señalado como la responsable de que Rodríguez haya perdido su acta de diputado. Fuentes de la dirección de esa formación, que es socio principal del Gobierno y clave para asegurar las votaciones en el Congreso, confirman que habían perdido su confianza en la presidenta de la Cámara. El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha sido de los más duros y ha tachado el caso de “escándalo jurídico” y “castigo político”.

Echenique ha censurado a Batet como tercera autoridad del Estado por haber “cedido al chantaje” del presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y ha considerado que ese hecho “gravísimo” debía suponer su renuncia al cargo “por dignidad”. El portavoz ha apuntado específicamente contra que Batet hubiese resuelto despojar de su acta a Rodríguez antes de encargar “a posteriori” un informe al letrado mayor del Congreso, que avaló esta decisión.

“Todo el proceso esta lleno de irregularidades, un informe contradice al primero sin que nada haya cambiado”, ha remachado Echenique. El dirigente de Podemos aludía a que los servicios jurídicos de la Cámara hicieron un primer dictamen en el que concluyeron que la condena y la fijación de una multa sobre el diputado no implicaba su inhabilitación, pero que corrigieron más tarde al remitir el tribunal una aclaración. Varios miembros de Unidas Podemos, en especial Aina Calvo y Gerardo Pisarello, también han arremetido contra Batet y Marchena, al que han recomendado “que se quite la toga y se presente a unas elecciones si quiere participar en política”.

El exdiputado Rodríguez, por su parte, va desgranando su estrategia individual de defensa una vez que se ha dado de baja de la militancia en Podemos. Sus abogados han presentado este martes ante el Supremo un escrito en el que piden que se suspenda de manera temporal la ejecución de la condena de 45 días de cárcel que se le impuso. El escrito carga contra el tribunal por la celeridad con que ha ejecutado la sentencia, sin dejar transcurrir los plazos para que Rodríguez pueda agotar los mecanismos legales para oponerse a la misma. De hecho, en el mismo anuncia que planteará un incidente de nulidad y, posteriormente, recurrirá en amparo al Tribunal Constitucional, como paso previo a acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

El exdiputado se muestra en el escrito muy crítico con la decisión de Batet de dejarle sin escaño, ya que considera que con ello ha transformado “ilegalmente” la pena impuesta “por otra de distinta naturaleza y mayor lesividad”. Para Rodríguez, la presidenta del Congreso se ha arrogado “competencias propias y exclusivas” del tribunal que le condenó, y plantea al Supremo que se pronuncie sobre esta supuesta intromisión. El político aspira con esta iniciativa a recuperar su acta y deja claro que no piensa pedir el indulto: “No existe ni se planteará”.