Los Pujol esgrimirán las trampas de la ‘policía patriótica’ para intentar ganar en los juzgados

Que la Operación Cataluña existió y que uno de sus objetivos fue la familia Pujol está fuera de toda duda. Con el comisario José Manuel Villarejo a la cabeza, mandos de la policía del Gobierno de Mariano Rajoy (PP) trataron de desactivar el proceso independentista buscando algún trapo sucio del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Lo encontraron: una fortuna oculta a Hacienda en Andorra durante más de tres décadas. La familia, a la espera de que se celebre el juicio, trata ahora de utilizar a su favor las trampas de la policía patriótica y denuncia que el caso está viciado desde su origen. Pero la batería de indicios recabados por la Audiencia Nacional por otras vías, añadidos al ahínco del magistrado José de la Mata para evitar que su instrucción quedase contaminada y a una doctrina del Tribunal Constitucional que no avala la nulidad, apuntan a que será difícil que prosperen los esfuerzos del clan.

Los escritos de defensa de los siete hijos de Pujol señalan que la investigación partió de una iniciativa “al margen de toda legalidad procesal” protagonizada por “un grupo de funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía” que “auspiciaron y activaron el relato de denuncia”. Los abogados mencionan a Villarejo; a su socio y abogado Rafael Redondo; a Eugenio Pino, máximo responsable de la policía con Rajoy y considerado el muñidor de la policía patriótica; y a otros tres mandos que, según los vástagos del expresidente, tuvieron un papel clave en la mencionada Operación Cataluña: los inspectores Bonifacio Díez y Celestino Barroso, y el comisario de Asuntos Internos Marcelino Martín-Blas. La familia ha pedido que declaren como testigos en el juicio, en cuyo inicio plantearán vulneración de derechos fundamentales y solicitarán la nulidad del proceso, según fuentes de la defensa.

El clan señala el 25 de julio de 2014 como el punto de inflexión. Aquella jornada, unos días después de que El Mundo publicase unos pantallazos sobre las cuentas en Andorra y cuando la familia ya había regularizado ante Hacienda las cantidades depositadas en Andbank, Pujol divulgó su famosa confesión. Según contó, su padre Florenci había dejado cierta cantidad de dinero en el extranjero a la mujer del expresidente, Marta Ferrusola, y a los siete hijos de la pareja por miedo a la incertidumbre política. Una tesis a la que se ha aferrado desde entonces toda la familia sin moverse un milímetro, aunque sin aportar pruebas escritas del legado. De hecho, el juez instructor no les cree: “Existen indicios sólidos que acreditan que no proviene, como se alega, de una herencia”.

La confesión del patriarca fue una revolución. No solo provocó una conmoción política y social en Cataluña, sino que el pseudosindicato Manos Limpias presentó una denuncia en los juzgados de Barcelona contra el expresident y su mujer, que acabaría finalmente sumándose a la investigación que la Audiencia Nacional ya tenía abierta desde 2012 sobre los negocios sospechosos de Jordi Pujol Ferrusola, el hijo primogénito y para quien la Fiscalía pide 29 años de cárcel. Según alega el clan, el expresidente se vio obligado a salir en público como consecuencia directa del “acoso coactivo” al que la policía patriótica sometió a los directivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) para “quebrar su voluntad”. Eso es el aspecto que, según los escritos de la familia, vicia las pesquisas.

Joan Pau Miquel era el director de la BPA en 2014, el año en que, ya inmerso en el procés, el presidente catalán Artur Mas lanzó una ofensiva contra el Estado en forma de una consulta (no vinculante) sobre la independencia que se celebró el 9 de noviembre. Meses antes, Miquel recibió una llamada del inspector Barroso, agregado de Interior en la Embajada española en Andorra. “El Banco de España hará una inspección al Banco de Madrid. Y se lo van a cargar”, le trasladó en una conversación que el directivo grabó. Miquel fue citado más tarde en un hotel de Madrid donde se encontró con el comisario Martín-Blas que, con un nombre falso, le pidió datos sobre cuentas en Andorra de Mas, de Pujol y del líder de ERC Oriol Junqueras.

Miquel asegura que facilitó información “genérica”, pero no el pantallazo publicado por El Mundo en julio de 2014. La policía acabó obteniéndolo de todos modos una vez que se precipitó la tormenta perfecta sobre el BPA: el Fincen —una agencia del Departamento del Tesoro de EE UU— lanzó una alerta sobre la entidad por blanqueo de capitales del crimen organizado, el Banco de España intervino al Banco de Madrid (filial de la entidad andorrana) y el principado tomó el control del BPA.

Pero la doctrina del Tribunal Constitucional bautizada como “desconexión de antijuricidad” se interpone en el camino de los Pujol. Viene a mantener que una actuación ilegal no tiene por qué invalidar todo un proceso siempre y cuando la información se haya podido obtener mediante otras vías, por supuesto legales. La doctrina, según fuentes jurídicas consultadas, vaciará de contenido la tentativa de la familia de anular el proceso.

La exnovia y el empresario

Las maniobras en Andorra no fueron las únicas activadas por las llamadas cloacas del Estado. En 2012, la Audiencia Nacional abrió una investigación contra el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, Júnior, que fue el proceso al que finalmente se incorporaron las investigaciones sobre la fortuna oculta. A finales de ese año, el empresario Javier de la Rosa denunció que la familia Pujol poseía cuentas en Suiza y Andorra, aunque no ratificó las denuncias ante el juez. Y la exnovia del primogénito, Victoria Álvarez, aseguró que Júnior acudía con frecuencia al principado, adonde llevaba bolsas repletas con billetes de 500 euros.

Aquellas denuncias pusieron en marcha la investigación, y así se ha hecho constar en los autos del sumario del caso Pujol. Según ha quedado acreditado, tanto De la Rosa como Álvarez fueron estimulados por Villarejo, como revelan varios audios intervenidos al comisario jubilado. En uno de ellos, el agente le pide directamente al empresario que aporte “algo” y le pregunta si sabe de cuentas que los dirigentes nacionalistas pudieran tener en el extranjero “para ver si se puede hacer un rastreo”.

Aun así, casi ninguna de las defensas de los Pujol aluden a Álvarez y De la Rosa, y hacen hincapié en las presuntas presiones al BPA. Solo el abogado de Oriol Pujol, quien fuera portavoz de Convergència en el Parlament y condenado ya a dos años y medio de cárcel por el caso ITV, afirma que el caso Villarejo apunta a la “existencia de pagos con fondos reservados” al empresario y a la exnovia del primogénito; y plantea a la Audiencia Nacional que se pida al Consejo de Ministros desclasificar toda la documentación sobre la Operación Cataluña que se mantiene bajo secreto de Estado, para después poder citar como testigos al juicio a los implicados. De momento, el clan no solicita que Álvarez y De la Rosa declaren. Tampoco la Fiscalía Anticorrupción, que despliega así otro cordón sanitario.

Las maniobras de la policía patriótica han sobrevolado siempre el caso Pujol y el propio instructor De la Mata mostró sus recelos ante parte de la información que le facilitaba la cúpula de la policía. En 2016, el magistrado se vio obligado a tomar medidas para evitar que cualquier prueba obtenida de forma ilegal contaminara sus pesquisas y acabara por anularlas. Llegó a apartar una batería de documentos guardados en un pendrive que habían sido sustraídos ilegalmente a Jordi Pujol Ferrusola y que, tras pasar por las manos de Eugenio Pino, se hicieron llegar a la Audiencia Nacional.

De la Mata lo explicó así en un escrito: “Una vez se advirtió que el origen de los documentos era dudoso, con finalidad profiláctica, [se apartaron] para evitar contaminar la investigación”. “Esta irregular búsqueda de atajos por parte de la superior autoridad policial, constitucional y éticamente inadmisibles, convirtió estos documentos y el informe policial que los analizaba en elementos de prueba ilícitos con potencial contaminante”, remachó el magistrado, que advirtió del “riesgo” que había corrido la causa por culpa de Pino, quien acabó sentado en el banquillo por esta trama junto a Bonifacio Díaz. Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a ambos el pasado año al no poder acreditarse “quién” sustrajo materialmente los datos. Eso sí, el tribunal declaró probado que el exjefe de la policía —procesado también por el despliegue de espionaje ilegal al extesorero popular Luis Bárcenas, conocido como Operación Kitchen— sabía que esos papeles no procedían de una intervención avalada judicialmente y que, pese a ello, autorizó su uso.