Junqueras y otros exconsejeros indultados piden en San Sebastián el acercamiento de los presos de ETA

“Paso a paso en el camino a casa”, rezaba la pancarta con la que varios miles de personas convocadas por la izquierda abertzale se han manifestado este sábado en San Sebastián en demanda del acercamiento de los presos de ETA. Los exconsejeros catalanes Dolors Bassa, Josep Rull y Raül Romeva, la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, quienes se autodenominaban “presos políticos” —todos ellos indultados tras su paso por prisión en la causa del 1-O—, se han unido a Arnaldo Otegi en la marcha convocada por la red Sare para pedir una nueva política penitenciaria que acerque a los que consideran “presos políticos vascos”. Al finalizar la marcha, el coordinador de Sare, Joseba Azkarraga, ha pedido al Gobierno vasco, que desde hace tres semanas tiene la competencia de prisiones, que acelere, “en cumplimiento de la ley”, una política penitenciaria “más justa”, las progresiones de grado y los permisos.

La marcha ha comenzado con una foto de familia en el túnel del Antiguo, a un costado de la playa de la Concha, y con un incidente. Varios miembros del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) han desplegado en la parte superior del túnel dos pancartas en las que aparecían tachadas las palabras “presos políticos” y “gudariak” (soldados). Debajo, en rojo, figuraba escrito “asesinos presos”. También han lanzado pasquines con los nombres de las víctimas de ETA. Pese al intercambio de insultos, no se han producido enfrentamientos. A la marcha habían confirmado su asistencia representantes de EH Bildu, PNV, Elkarrekin Podemos y los sindicatos ELA, LAB, UGT, Steilas, Esk, Ehne, Etxalde, Hiru, CNT y CGT.

Junqueras ha sido quien más aplausos ha recibido a lo largo de toda la marcha. A su término, Azkarraga, el exconsejero de Justicia, junto al expresidente vasco Juan José Ibarretxe, ha leído un comunicado. La finalidad de la convocatoria era reclamar el fin de la política penitenciaria “de excepción”, coincidiendo además con el décimo aniversario del cese definitivo de la actividad terrorista de la banda. Al margen de su exigencia al Gobierno español, Sare cree que la asunción de competencias, en materia penitenciaria, por parte del Ejecutivo vasco debe de suponer un cambio de situación.

No obstante, Azkarraga ha reconocido que ha habido avances en esta materia: “Es cierto que el último año ha supuesto un avance hacia otro tipo de política penitenciaria”, ha reconocido el exconsejero. Desde 2018 el Gobierno de Pedro Sánchez ha trasladado a Euskadi a un total de 66 presos. Otros 11 han sido progresados al tercer grado penitenciario o semilibertad. En la actualidad, hay 202 presos de la banda terrorista en cárceles españolas. Otros 35 permanecen en prisiones francesas. También ha advertido al PNV de que “tiene en sus manos la posibilidad de desarrollar una política penitenciaria de carácter humanista, no represiva y que nos acerque a la reconstrucción de la convivencia, tras tantos años de confrontación y sufrimiento. Si es así nos tendrán a su lado y si así no fuera, continuaremos recordando que una paz justa requiere de audacia, justicia y humanidad”.