La pandemia redujo la actividad judicial, pero incrementó la demanda de protección de derechos

La memoria de la Fiscalía de 2020 refleja con claridad los efectos de la pandemia en la actividad judicial, que se redujo con carácter general. El informe de actividades de los fiscales subraya que el año pasado se iniciaron un total de 1.372.314 diligencias previas en el conjunto de país, lo que supuso un descenso del 12,7% con respecto a 2019. El número de sumarios también se redujo en un 8%, y los procedimientos abreviados en casi un 9%. Ahora bien, en paralelo a esta disminución de asuntos ―no solo en el orden penal―, el análisis estadístico permite comprobar una creciente conciencia sobre el valor de proteger determinados bienes jurídicos o sectores de la población. Por ejemplo, la infancia o la tercera edad, y de forma muy amplia los derechos fundamentales.

Un dato que da idea de la importancia en la disminución de asuntos por causa de la pandemia es el relativo al número de juicios penales en que participaron los fiscales, fueron 260.715, frente a los 332.888 de 2019, es decir, 72.173 menos. La memoria subraya el “fuerte descenso por el estado de alarma”, durante el cual tuvieron que aplazarse miles de trámites procesales. Por ejemplo, las suspensiones en los juzgados de lo penal subieron un 46%, y un 41% en las Audiencias Provinciales. Sobre la efectividad de su labor, los fiscales destacan que, el 73% de las sentencias “fueron conformes a la posición de la Fiscalía” en los juzgados de lo penal, y el 72% en las Audiencias Provinciales.

En cuanto a los efectos de la pandemia sobre la tercera edad y las residencias, la memoria da cuenta de que en 2020 “se incoaron 441 diligencias de investigación, de las cuales 212 seguían abiertas al finalizar el año”. También recoge que la Fiscalía “interpuso 27 denuncias”, sin que conste su resultado. El balance añade que se incoaron 785 diligencias preprocesales civiles de protección, de las que 491 continuaban en tramitación al finalizar el año. En la síntesis de la memoria entregada este lunes a los medios no se dice nada, en cambio, de la crisis que se produjo en la Fiscalía por las querellas de diversas entidades y particulares contra el Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria. La Fiscalía no apoyó estas querellas y abrió una investigación interna por presuntas presiones al entonces teniente fiscal del Supremo, Luis Navajas, que las denunció. Las diligencias sobre este episodio acabaron archivándose.

La intervención de los fiscales del Tribunal Supremo pasó de los 6.112 asuntos de 2019 en la Sala Penal, a 5.636 el año pasado; mientras que en la Sala Civil, el descenso supuso pasar de 6.308 informes a 4.303. La Sala Social, donde la entrada de asuntos pasó de 5.184 a 4.207, tuvo una evolución similar. En cuanto a la Sala de lo Contencioso lo más relevante es que 203 asuntos ―es decir, casi la mitad de los 451 que entraron― refirieron a derechos fundamentales, lo que supuso un incremento de un 11% con respecto al año anterior, todo ello con la problemática de la pandemia y la supresión o limitación de derechos que supuso como cuestión de fondo.

La alta sensibilidad de los ciudadanos hacia el valor de los derechos fundamentales ―aunque en algunos casos cabe hablar de abuso― se refleja también en la actividad de la Fiscalía en el Constitucional. Se registraron en este ámbito 5.566 asuntos, un 13,38% menos que el año anterior. El 99,17% son recursos de amparo ―es decir, por supuesta vulneración de derechos durante un procedimiento―, y de ellos el 46,45% se suscitan en el orden penal, el 29,13% en el contencioso y el 19,53% en el civil.

El verdadero filtro en este tipo de recursos se da con su admisión o no a trámite. Menos del 1% de las impugnaciones pasan la prueba inicial, es decir, que el tribunal considere que plantean cuestiones de relevancia constitucional. En 2020 solo lo consiguieron 120 de los miles presentados. Ahora bien, superado este primer examen, las posibilidades de obtener el amparo son altas, ya que el porcentaje de estimación de los recursos de amparo es del 84,04% ―41,66% en materia penal―, y del 100% en cuestiones de inconstitucionalidad, es decir, cuando lo que se impugna no es una actuación judicial concreta, sino que una norma que teóricamente debe aplicarse es de dudoso encaje con la Constitución.

La memoria también destaca que el Constitucional dictó 195 sentencias, 27 de ellas con votos particulares ―es decir, sin unanimidad―, y que 170 del total mencionado se referían precisamente a recursos de amparo, lo que refleja la labor del tribunal y la propia Fiscalía para la garantía de los derechos fundamentales, como los de tutela judicial efectiva, libertad de expresión, participación política o libertad ideológica.

Menos actividad en la Audiencia Nacional

La disminución de trabajo también fue evidente en la Audiencia Nacional. En 2020 se incoaron en esta instancia 1.002 diligencias previas, frente a las 4.705 del año anterior. Las sentencias dictadas fueron 64, 27 de las cuales por casos de terrorismo, 17 de ellas relacionadas con el yihadismo, 9 con ETA y 2 con otro tipo de frentes en la lucha antiterrorista, al tiempo que hubo un 8,5% menos de juicios orales. Los delitos de terrorismo, en suma, no representan la dedicación mayor de la Audiencia Nacional, puesto que a este capítulo pertenece el 34,1% de las diligencias incoadas, frente al 40,3% de 2019. En todo caso, se incoaron 173 procedimientos por este tipo de delitos, el 73,4% de los cuales relativos al yihadismo, el 16,1% a ETA, y el 10,4% a otros grupos. La Fiscalía incoó 103 diligencias de investigación, un 18,2% menos que el año anterior.

En 2020 se cumplieron 25 años desde la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción, cuya actividad refleja la importancia de los delitos económicos en los balances sobre evolución de la criminalidad. La Fiscalía intervino en 761 procedimientos ―por 746 en 2019―, e inició 19 investigaciones ―por 26 el año anterior―, al tiempo que se registró un 17,1% menos de denuncias. Se dictaron 16 sentencias ―por 39 en 2019―, de las cuales 10 fueron condenatorias y 6 absolutorias. Los delitos por los que se formuló un mayor número de denuncias fueron los de prevaricación administrativa, cohecho, malversación, contra la Hacienda pública y la Seguridad Social, así como delitos societarios y de blanqueo.

La Fiscalía atribuye a la pandemia la “disminución importante” de este tipo de delitos durante el año pasado. Destaca una “tendencia a la baja” de las defraudaciones de IRPF, mientras se mantienen o aumentan ligeramente los fraudes de IVA y Sociedades y a la Seguridad Social. La memoria registra un descenso del 14% de las diligencias previas por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Crecimiento de las estafas en la red

Los fiscales consideran que hubo un “descenso generalizado” en este capítulo, porque la reducción fue del 25% en el caso de los hurtos, del 11,5% en el de los robos con fuerza en las cosas, del 14,5% en el de los robos con violencia, y del 21% en los daños y robos en casa habitada. En cambio, el descenso es mucho menor en otros delitos, como la estafa, que disminuyó en un 4%, con el añadido muy significativo de que las estafas en internet crecieron un 40%.

En cuanto a los delitos de odio y discriminación, la memoria califica a su vez de “apreciable” la “disminución del número total de diligencias de investigación y procedimientos judiciales incoados y un incremento en el número de delitos cometidos a través de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) por el uso cada vez más intenso, especialmente a raíz de la pandemia”. La Fiscalía subraya que “los motivos discriminatorios más numerosos” se refieren a “orientación sexual, seguida del racismo y xenofobia”, y añade que “se observa un sensible aumento de las motivaciones ideológicas, especialmente a través de las redes sociales”.

Las diligencias por ideología caen un 62% en Barcelona

La memoria destaca a modo de ejemplo datos procedentes de la Fiscalía de Barcelona sobre los motivos de discriminación, que son orientación sexual (39%), racismo y xenofobia (33%) e ideología (19,5%), y añade que “a diferencia del resto de territorios, los motivos ideológicos han disminuido allí en un 62%”. En el conjunto de España, a lo largo de 2020 se incoaron 216 diligencias de investigación, de las cuales fueron por incitación al odio, violencia o discriminación 84 y por humillación o justificación de delitos 55. En aplicación de la agravante de haber actuado en la comisión de cualquier acción delictiva “por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación” fueron 37, por amenazas a grupos determinados 18, contra la integridad moral 11, y finalmente se citan 21 casos bajo el epígrafe de “otros”. El total de sentencias dictadas en España por este tipo de delitos ascendió a 144.