La competencia fiscal agita la controversia entre las autonomías

La fiscalidad autonómica, y las diferencias entre los impuestos que aplican las comunidades, ha agitado la controversia tras la sugerencia del presidente valenciano, Ximo Puig, de aplicar un impuesto a Madrid para compensar los beneficios que esta región obtiene por la capitalidad. Al hilo del debate sobre la armonización fiscal, esta idea secundada por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, fue rechazada este viernes por la titular de Hacienda, María Jesús Montero.

Fuentes de este departamento insisten en que la postura del Gobierno no ha cambiado: “Defendemos un sistema progresivo, en el que todos contribuyan según su capacidad y reciban según su necesidad”. Es decir: avanzar hacia una armonización fiscal de los tributos que las comunidades tienen cedidos, un asunto que está estudiando el comité de expertos para la reforma fiscal y que afectará a todas las autonomías. Este grupo tiene tiempo hasta finales de febrero de 2022 para presentar sus conclusiones.

Bajo el foco están, principalmente, los impuestos de sucesiones y donaciones y patrimonio. Se trata de gravámenes estatales que están cedidos al 100% a las comunidades, que por ello pueden aplicar las reducciones y bonificaciones que consideren. Esta prerrogativa, amparada por la ley, ha creado una enorme disparidad entre autonomías. Madrid es una de las regiones que más uso ha hecho de esta autonomía fiscal. Y lo ha hecho a la baja.

La región de la capital bonifica al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones para los familiares cercanos —el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere profundizar en las rebajas—; por el tributo que grava a los más ricos, el de patrimonio, de facto no recauda nada, ya que es la única comunidad que lo bonifica al 100%. Madrid también es la autonomía con el tipo autonómico del IRPF más bajo para casi todos los tramos —las comunidades pueden modificar el 50% de la escala de gravamen que se corresponde a la cuota autonómica y el actual Ejecutivo regional quiere reducirla aún más—, fruto de años de rebajas fiscales impulsadas por los distintos gobiernos del PP que se han sucedido al frente de la comunidad y que han restado más de 48.000 millones a las arcas madrileñas desde 2004.

El informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021, del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE), ofrece una muestra de la brecha impositiva que existe entre territorios. Los gravámenes sobre sucesiones y donaciones son los más dispares, también debido a que el importe a abonar crece al alejarse el grado de parentesco. Por ejemplo, un soltero de 30 años que hereda 800.000 euros, 200.000 de ellos correspondientes a la vivienda habitual, pagará 103.135 euros en Asturias, que tiene la factura más cara para estos supuestos. En el otro extremo se sitúan Andalucía, Cantabria y Galicia, donde no se abona nada. En Madrid, Extremadura y Murcia también la cifra a pagar será mínima, inferior a los 2.000 euros.

En donaciones, las diferencias son aún mayores: por 800.000 euros donados en metálico de padre a hijo, habrá que abonar en impuestos más de 200.000 euros en comunidades como Extremadura, cero en Cantabria y unos 2.000 euros en Madrid, Andalucía y Murcia. El tributo que grava el patrimonio dependerá del mínimo exento y los tipos aplicados, pero en Madrid la factura a pagar siempre será cero. Para un patrimonio de cuatro millones, según el ejemplo del REAF-CGE, la autonomía donde más se paga es Extremadura (más de 59.000 euros), seguida por Baleares y Comunidad Valenciana.

En el IRPF, el REAF-CGE pone como ejemplo un trabajador soltero de 65 años, sin discapacidades ni hijos. Las comunidades donde más pagan las rentas hasta 45.000 euros son Cataluña y Navarra; en el otro extremo están País Vasco y Madrid. Para los ingresos más altos, de 300.000 euros para arriba, es la Comunidad Valenciana la autonomía donde más se paga, y Madrid donde menos.

Varios presidentes regionales acusan a Madrid de beneficiar a los más ricos y hacer dumping fiscal aprovechando su posición: mantienen que la región gobernada por Isabel Díaz Ayuso puede bajar impuestos gracias al efecto capitalidad, que le permite atraer a grandes empresas y rentas altas.

Los críticos hacia Madrid, con la Comunidad Valenciana a la cabeza, también denuncian que la política capitalina ha generado una competencia fiscal a la baja entre territorios. En los últimos años, varios gobiernos regionales han bajado impuestos, sobre todo en sucesiones y donaciones. Entre ellos están Andalucía, Galicia y, más recientemente, Castilla y León.

Hace unos meses, el debate sobre la fiscalidad territorial volvió a estallar con fuerza por la publicación de un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que recogía un estudio académico en el cual se definía a Madrid como un “paraíso fiscal interno” en referencia al impuesto sobre el patrimonio. La OCDE no hizo suya esta postura, pero su entonces secretario general, Ángel Gurría, dio un espaldarazo a la armonización: “Si tienes varias regiones y autonomías y cada una está compitiendo para ver quién es la que atrae al mayor número de clientela, entonces lo que va a pasar es una carrera hacia abajo, hacia el cero, y eso hay que evitarlo”.

Fuentes del Ministerio de Hacienda recuerdan que este año el Gobierno ha facilitado a todas las comunidades los mayores recursos de su historia. A falta de conocer la propuesta del comité de expertos, la reforma pasaría por poner unos topes mínimos y máximos en los impuestos cedidos. “Se trata de evitar diferencias y agravios entre comunidades”, mantienen desde el ministerio, y recuerdan que también en el ámbito internacional “la tendencia es ir hacia una mayor armonización que acaba con competencias fiscales desleales”, en referencia a las negociaciones para que las multinacionales paguen más impuestos.