Las auditorías al sector público andaluz confirman duplicidades, desproporción y gastos innecesarios

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos ha dado a conocer este martes algunos detalles de las 54 auditorías del sector público andaluz creado durante los 37 años de mandatos del PSOE, con el fin de hacer una radiografía de la Administración pública andaluza. Las conclusiones son similares a las que ya apuntaron los interventores de la Junta a los 100 días del cambio de Gobierno en una primera cata, que hicieron en una docena de empresas: “Existe una superestructura desproporcionada, poco operativa, llena de duplicidades y gastos innecesarios”. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín (Cs), tradujo al lenguaje político a los auditores: “Heredamos una Junta de Andalucía llena de trampas y una telaraña clientelar que nos va a costar deshacer del todo”.

Las auditorías forman parte del compromiso electoral, de Gobierno y de legislatura de PP, Ciudadanos y Vox, el grupo que garantiza la mayoría absoluta a la coalición de centroderecha. El objetivo era conocer si está justificada la maraña de entidades públicas creadas durante la etapa socialista, si son eficaces y si hay que fusionarlas o cerrarlas. También si es necesario despedir o no a los trabajadores. Las empresas auditoras no contestan a estas cuestiones: se limitan a describir la situación y dar recomendaciones que no tienen carácter vinculante.

El Gobierno andaluz ha encargado a una empresa externa la elaboración del Plan de Mejora y Simplificación del Sector Público Instrumental, por 1,7 millones de euros y cuya adjudicación está paralizada al haber sido recurrida por una de las empresas que presentaron ofertas. El plazo de elaboración es de 24 meses. Marín reconoció que para ejecutar el plan serían necesarias más de dos legislaturas.

El contenido íntegro de las auditorías, que ocupan 6.000 folios, estará accesible el día 30 de julio en el Portal de Transparencia de la Junta. El resultado de los 54 trabajos, encargados a varias empresas privadas por 2,2 millones de euros (con la oposición de la Cámara de Cuentas), concluye que “durante los anteriores gobiernos se fue desarrollando una superestructura administrativa alrededor de la propia estructura de la Junta. Ello provocó duplicidad de funciones y competencias entre algunos entes, entre algunas de estas entidades y las consejerías de la que dependen y entre algunos entes y otras consejerías ajenas a los mismos”.

También destaca “la deficiencia en la gestión, lo que incluso está provocando dificultades para que se puedan reintegrar al erario público fondos mal empleados”. Y “problemas de competencias del personal” de los entes instrumentales, que se rigen por 66 convenios colectivos distintos, 43 propios y 23 sectoriales.

El Gobierno andaluz destacó como ejemplo de gestión ineficaz al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), una empresa a la que pertenecen antiguos trabajadores de entes ya extinguidos como los de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), cuya política de contrataciones y uso irregular de tarjetas de crédito en prostíbulos investigan los juzgados y el Parlamento. Alrededor de un millar de trabajadores de la Faffe pertenecen al SAE, pero carecen de potestades administrativas ya que no son funcionarios. Tampoco se les puede despedir porque tienen derechos adquiridos, como han demostrado varias sentencias judiciales. El SAE, según la auditoría, solo gestionó el 3% de las contrataciones en Andalucía y su personal se rige por 14 convenios colectivos diferentes.

Otro ejemplo de ineficacia es el Parque de Innovación Empresarial Sanlúcar la Mayor (Sevilla), sin actividad desde hace años, con terrenos en propiedad de 156.750 metros cuadrados donde no se ha instalado ninguna empresa y que cuenta con ocho empleados.

El trabajo auditor abarca el estudio de 92 entes: 10 agencias administrativas, 18 agencias públicas empresariales, 3 de régimen especial, 16 consorcios, 23 fundaciones y 22 sociedades mercantiles. A finales de 2018, último año del Gobierno del PSOE, estas empresas tenían 28.443 trabajadores: 8.023 profesionales sanitarios, 2.873 empleados de servicios sociales y 17.547 contratados como personal laboral general. Dos años y medio después, ya con PP y Cs en la Junta, la plantilla ha aumentado en 538 personas debido a la incorporación de personal sanitario.

El vicepresidente de la Junta aportó otras observaciones, que no figuran en la referencia oficial. “Hay mucho sobresueldo, de personal que cobraba por encima del salario del mercado”, dijo sin dar más detalle. El también consejero de Regeneración destacó que hay 22 letrados de la Junta dedicados en exclusiva a “temas de corrupción” y sostuvo que, si hay entidades que “sobran”, al Gobierno andaluz “no le temblará el pulso para acabar con esta Administración paralela”. En opinión de Marín, lo importante es “poner punto y final a unas prácticas abusivas” y si hay trabajadores que “tienen que ir a la calle, irán a la calle”.

La contundencia de Marín obligó al consejero de Hacienda, Juan Bravo, a intervenir en la comparecencia y a desmarcarse de lo dicho por el vicepresidente. En las auditorías no se establece si sobra gente o no, aclaró, y el personal que en la actualidad no tiene carga de trabajo “ahora la puede tener” con la llegada de los fondos europeos de recuperación. Además, “de aquí a 2030, el 50% del personal de la Junta se va a jubilar”.

En paralelo a la elaboración del trabajo de las empresas auditoras, la Junta ha ido agrupando a algunos entes con competencias similares. Es el caso de la Agencia Trade, que agrupa a la Agencia IDEA, Extenda, la Agencia Andaluza del Conocimiento y la Fundación Andalucía Emprende. O la integración en el Servicio Andaluz de Salud de cinco entes públicos. En julio de 2019, la Junta suprimió la Fundación Mediara, con una plantilla de dos personas y que consumió una subvención de 1,24 millones de euros entre 2011 y 2018.