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La Audiencia de Jaén absuelve al exsecretario de Estado de Hacienda de Montoro

Los jueces condenan a siete personas por un “entramado de facturas falsas”, pero exculpan al exalcalde José Enrique Fernández de Moya

Ginés Donaire
El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, a la izquierda, y Miguel Ángel García Anguita, en un pleno de Ayuntamiento en 2014.
El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, a la izquierda, y Miguel Ángel García Anguita, en un pleno de Ayuntamiento en 2014.Jose Manuel Pedrosa

La Audiencia de Jaén ha absuelto de los delitos de prevaricación y malversación al que fuera secretario de Estado de Hacienda entre 2016 y 2018, José Enrique Fernández de Moya (PP), acusado durante su etapa como alcalde de la ciudad, entre 2011 y 2015. Los jueces han condenado a cuatro años de prisión por malversación de caudales públicos a dos ediles del equipo de gobierno popular, Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral. Además, han sido condenadas otras cinco personas en el llamado caso Matinsreg, una trama de corrupción bautizada con el nombre de la empresa a la que el Ayuntamiento de Jaén abonó más de cuatro millones entre 2012 y 2013 por productos químicos para el mantenimiento de las fuentes públicas. Según la sentencia, con precios inflados.

El exnúmero dos de Hacienda con el ministro Cristóbal Montoro, que no estaba acusado por la Fiscalía y sí por la acusación particular, negó durante el juicio, celebrado en abril, cualquier implicación en esa trama y reiteró que delegó toda la responsabilidad en los concejales de su equipo de gobierno. El auto inicial del juzgado recogía que Fernández de Moya como alcalde de Jaén “vino ordenando personalmente los pagos a realizar a dicha empresa en contra de los informes y reparos de legalidad que hacía recaer constantemente el interventor del Ayuntamiento”. La Audiencia de Jaén considera que “no se ha acreditado su participación en la facturación y no se ha probado el conocimiento de la facturación falsa”.

La investigación de esta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Jaén se inició tras la querella interpuesta por el grupo municipal del PSOE a finales de 2017 y en la que se apuntaba a pagos “inflados” a la empresa Matinsreg, a la que supuestamente se había adjudicado a dedo el servicio de las fuentes ornamentales en la ciudad cuando Fernández de Moya era alcalde de Jaén, en 2012.

El fallo de la Audiencia relata el modus operandi de esta trama de corrupción: “Las facturas se presentaban directamente en la Concejalía de Mantenimiento Urbano y no en el Registro del Ayuntamiento, por lo que no existía constancia en Intervención de las facturas presentadas y reclamadas por Matinsreg”. Y expone que los acusados Miguel Ángel García Anguita (teniente de alcalde), Manuel del Moral Negrillo (edil de Mantenimiento Urbano), así como los técnicos y empresarios implicados (Agustín Sánchez García, José Merino Acero, Luis Gregorio González Valero, Isidoro Hipólito Cobo Sáiz y Rodrigo García Cámara) han participado de una forma u otra en el entramado de las facturas falsas, con el propósito o interés de conseguir un beneficio”. “Primero existió un pacto previo para conseguir la empresa que se haría cargo de los servicios y después se urdió el plan de la facturación”, añaden.

Las facturas llegaban a la Oficina de Control de Empresas, dependiente de la Concejalía de Mantenimiento. El fallo, de 163 páginas, concluye que “los acusados José Merino, Isidoro Hipólito y Luis Gregorio González acordaron que las facturas que presentaran al Ayuntamiento contuvieran conceptos no ajustados a la realidad. Y ese acuerdo lo conocían los acusados Miguel Ángel García Anguita y Manuel del Moral”, ediles que han sido condenados a cuatro años de prisión por malversación de caudales públicos, pero absueltos de falsedad en documento mercantil y cohecho.

Los siete condenados deberán indemnizar, conjunta y solidariamente, en concepto de responsabilidad civil, al Ayuntamiento de Jaén con 3.465.372 euros, una cantidad de la que responderá como responsable subsidiario la mercantil Matinsreg. La cifra es la cuantía en la que se estimó el quebranto económico efectuado por esta trama al Consistorio jiennense, que es el que soporta una mayor deuda per cápita del país (entre las ciudades de más de 50.000 habitantes) y una deuda global que supera los 600 millones, buena parte de la cual se arrastra desde el mandato de Fernández de Moya.

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