Euskadi primará la semilibertad en las prisiones ante el recelo del PP y de Vox de favoritismos

La histórica dirigente de ETA Marisol Iparragirre Anboto puso voz, junto a Josu Ternera, al comunicado que anunció en mayo de 2018 el fin definitivo de la banda terrorista. “ETA surgió del pueblo vasco y ahora se disuelve en él”, dijo entonces en euskera. Anboto ha conocido este mes dos veredictos que le afectan de manera muy distinta. Instituciones Penitenciarias acordó el 4 de junio su traslado de la prisión de mujeres Madrid I a la de Zaballa (Álava). Cuatro días después la Audiencia Nacional la condenó a 46 años de cárcel por un atentado cometido en 1987 en su localidad natal, Eskoriatza (Gipuzkoa). En su nuevo destino carcelario deberá cumplir penas que suman más de 250 años por delitos terroristas y someterse a siete juicios pendientes. Con ella serán 49 los presos etarras recluidos en las tres cárceles vascas que desde el primero de octubre estarán controladas por el Gobierno de Urkullu.

Euskadi empezará a ejercer la potestad sobre las prisiones entre la expectación de las víctimas de ETA, que saben que la política penitenciaria seguirá en el Ministerio de Interior, y el rechazo frontal del PP, Ciudadanos y Vox, que desconfían del PNV. Los colectivos de víctimas van a mirar con lupa el anuncio de que el nuevo modelo penitenciario vasco favorecerá la reinserción y priorizará el cumplimiento de las condenas en régimen de semilibertad. El PP, Vox y Ciudadanos acusan directamente al Gobierno de Pedro Sánchez de pagar al Gobierno vasco con la gestión de las cárceles su apoyo en el Congreso, y no tienen ninguna duda de que es para favorecer a los presos de ETA.

El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales ha explicado a unos y otros que no dará “ningún trato de favor” a los presos de la banda, pero que concibe la política penitenciaria que quiere aplicar como “un activo para la convivencia y la normalización política”. La titular de la consejería, Beatriz Artolazabal, ha explicado esta semana en el Parlamento vasco que la resocialización de los presos, la justicia restaurativa y la perspectiva de género serán principios básicos del sistema que se implantará en las cárceles vascas tras la firma, el pasado 11 de mayo, de la transferencia de las prisiones.

La AVT ya ha trasladado en persona a Artolazabal su preocupación por el modelo penitenciario vasco. Miguel Folguera, consejero de esta asociación, afirma que “las víctimas pedimos justicia verdadera y que se nos tenga en cuenta antes de que se tomen decisiones en materia penitenciaria. Se nos aseguró que los presos de ETA iban a ser tratados como el resto y se acatará la legalidad penitenciaria”. La AVT también exigió que se impidan los actos de reconocimiento a los etarras que salen de la cárcel y se revisen sus permisos cuando participen en homenajes de este tipo.

Instituciones Penitenciarias se limita a asegurar que “no hay ningún tipo de tensión con el Gobierno vasco” y que la transición hacia un modelo de penas en régimen de semilibertad, que en el resto de España ha avanzado desde el 15% de los penados del último gobierno de Mariano Rajoy, al actual 20%, va a depender de que se justifiquen cada uno de los casos, de manera individual, ante los tribunales sentenciadores, o los jueces de vigilancia penitenciaria.

La desconfianza de los partidos de derechas se basa, además, en que el traspaso de esta competencia se produce cuando el Ministerio del Interior ha activado el acercamiento de presos de ETA. Desde que en el verano de 2018, siete años después de que ETA anunciara el fin de la violencia, decidió acabar con la política de dispersión, 195 reclusos de la organización terrorista han sido trasladados a cárceles vascas o de su entorno. Este pasado martes Instituciones Penitenciarias anunció el traslado de los presos de ETA, Arkaitz Agote y Agustín Almaraz, a cárceles vascas, y el acercamiento de Aitor Cotano e Ibai Aginaga de las cárceles de Puerto III y Sevilla II, a Dueñas y El Dueso, respectivamente.

En Euskadi hay actualmente un millar de reclusos, según los últimos datos del Gobierno autónomo. A falta de materializar el traslado de cuatro presos de ETA, 25 de estos están en Zaballa, 16 en Martutene (San Sebastián) y ocho en Basauri (Bizkaia). El Gobierno vasco tendrá bajo su control al 25% presos de la banda (143 siguen en otras prisiones de España). Artolazabal se ha comprometido ante las víctimas a que estos “no van a tener ningún trato de favor”. Consuelo Ordóñez, presidenta de Covite, se reunió este lunes con la consejera y su equipo, en el que figura como asesor el magistrado Jaime Tapia, para conocer de primera mano cómo se va a articular el funcionamiento de las prisiones bajo la dirección del Gobierno vasco. “No estamos en contra de los acercamientos o de la semilibertad”, explica Ordóñez a este diario, “nos da igual dónde cumplan sus penas. Solo pedimos dos cosas: respeto a la ley penitenciaria y lealtad, que no nos engañen”.

Cuatro de cada diez reclusos, en régimen abierto

La consejería de Artolazabal se ha propuesto lograr “paulatinamente” que cuatro de cada diez reclusos puedan cumplir sus penas en régimen abierto. Esto se ha entendido por los partidos de la derecha como una concesión al colectivo de presos etarras y a la izquierda abertzale. Carlos Iturgaiz, presidente del PP vasco, alerta de que el modelo es “injusto” y que “Urkullu pretenderá que [los presos de ETA] salgan sin pedir perdón, resarcir a las víctimas ni colaborar con la justicia” en el esclarecimiento de más de 300 atentados pendientes de resolver.

El Gobierno vasco asumirá la organización, régimen y funcionamiento de las prisiones e integrará al personal que trabaja en estos centros (unos 700, entre funcionarios y personal contratado). Artolazabal señala que “la legislación penitenciaria, que marca las líneas generales de la política penitencia, seguirá en manos del Gobierno español. Y también la competencia para conceder indultos y acordar los traslados de presos”.

El Gobierno vasco considera que los presos de ETA han estado sometidos a unas “condiciones carcelarias excepcionales” que 10 años después del fin de la actividad terrorista y tres de la disolución de ETA pueden variar, sostiene en el departamento de Políticas Sociales, sin traspasar la línea roja del “cumplimiento de la ley” penitenciaria. EH Bildu ha valorado positivamente los propósitos del Ejecutivo de Urkullu porque se va a “pasar de una política penitenciaria de excepción a la legislación ordinaria”.