Isabel y Modi: las dos caras de la concesión de asilo en España

La primera noche que Isabel descansó en años fue en un parque, en Leganés (Madrid). Tras años de sentirse perseguida, angustiada y atemorizada, esta colombiana de 42 años encontró la paz durmiendo con su esposo y su hijo debajo de unos árboles escuchando cómo el viento movía las hojas. Isabel, de orígenes indígenas, había dedicado gran parte de su vida a la defensa de los derechos de los pueblos nativos y al apoyo de los más vulnerables: desplazados por la violencia, mujeres víctimas de trata y menores de edad esclavizados por el narcotráfico.

El activismo de Isabel la llevó a enemistarse con los grupos criminales que operan en su ciudad, Soacha, de 660.000 habitantes, cercana a Bogotá. Padeció el secuestro de su padre y de su hijo, que también fue golpeado y drogado. Sufrió amenazas de muerte dirigidas ella y a su familia. Vivió el asesinato de una compañera. Por eso huyó a España en marzo de 2020, poco antes de que estallara la pandemia, y presentó su solicitud de asilo en agosto del año pasado. Pero su caso, como el de otros 37.907 colombianos, fue rechazado. Según el informe presentado este viernes por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), los colombianos, a pesar de la violencia y el crimen que aún marca el día a día del país, son los ciudadanos que menos protección reciben en España. En 2020, se les denegó el asilo en el 98% de los casos.

Isabel ha tenido que exiliarse desde niña. De pequeña, en los años ochenta, vivió las amenazas y el secuestro de su padre, que los obligaron a salir de su pueblo de origen, Magangué, con destino a Venezuela. Aunque regresaron, su estancia fue breve: las amenazas siguieron y más fuertes que nunca, por lo que decidieron irse a Soacha para vivir en paz.

Los desplazamientos internos por violencia o persecuciones son un problema que persiste en Colombia. CEAR refleja en su informe que en 2019 este país fue uno de los más afectados: entre 5,6 millones y 8,1 millones de colombianos se encontraban en esta situación.

Tras descubrir a través de los cuentos de su abuela sus orígenes indígenas, Isabel dio vida a una fundación, dedicada a la defensa de los derechos humanos. Colombia se encuentra entre los países más peligrosos para los activistas: pese al histórico acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en noviembre de 2016, el país latinoamericano encabeza la lista negra de los asesinatos de los defensores de la tierra. Asimismo, el asesinato de los líderes sociales es incesante: desde la firma del acuerdo de paz, 904 líderes y defensores de derechos humanos han sido asesinados, según los datos de abril de la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia.

“En Colombia no es fácil denunciar. Si lo haces te matan, así de fácil”, confiesa Isabel. Con su actividad se ganó muchos enemigos y las amenazas reaparecieron en su vida: desde llamadas y cartas intimidatorias hasta ratas muertas en la puerta de su restaurante. “Los grupos criminales me decían que si no paraba de ser esa india recuperadora y defensora de los derechos humanos me callaban y me moría. No les tuve miedo”, cuenta. No obstante, las palabras se convirtieron en violencia. “Lo más duro fue en 2018, cuando se metieron con mi hijo menor. Tenía 14 años, lo secuestraron durante 15 días. Me dijeron: ‘Te metiste con los nuestros, ahora nosotros nos metemos con los tuyos’. Lo drogaron, lo golpearon, lo llenaron de ansiedad. Lo llevé al hospital de inmediato. Cuando se recuperó salí de Soacha para nunca más volver”, relata entre lágrimas. Isabel vivió en casa de familiares en varias zonas de su país, pero nunca se sintió tranquila. El año pasado decidió dejar su país.

En 2020, los colombianos fueron el segundo mayor grupo de solicitantes de asilo en España, después de los venezolanos. Pero España no reconoce muchas situaciones claras de persecución porque no provienen directamente del Estado sino de bandas criminales y porque se considera que las autoridades colombianas pueden proteger a las víctimas de estas violencias, pese a que en muchos casos hay “connivencia” con el crimen, según apunta la directora de políticas de CEAR, Paloma Favieres. Esto ha ocurrido durante años con otras nacionalidades y sigue ocurriendo con los casos de centroamericanos perseguidos por las maras y las pandillas callejeras que no encuentran cómo huir de ellas en su propio país.

Mientras los venezolanos gozan de una mayor tasa de reconocimiento por razones humanitarias —en 2020 España ha otorgado este reconocimiento a 40.396 venezolanos, el 97,85% del total de solicitudes—, los colombianos apenas acceden a esa vía. Favieres señala: “Las razones humanitarias que se establecen para Colombia son distintas a las que se otorgan a Venezuela. La decisión de otorgar protección a los venezolanos viene de una propuesta de Acnur de hace ya varios años. La ley de Asilo habla de razones humanitarias, pero no especifica cuáles, con lo cual las resoluciones de razones humanitarias de Colombia no se refieren a la situación del país, sino a la de cada persona”.

Los malienses: la otra cara de la moneda

Mientras los colombianos reivindican que se reconozcan sus contextos, los malienses son la comunidad que más encuentra refugio en España. Modi Traoure huyó de su casa a los 16 años. Vivía en el pueblo maliense de Ténenkou. Sus padres querían casarlo con su prima de 13, él se negó y fue a vivir a casa de un amigo. Trató de empezar una nueva vida, pero la continua violencia que acecha a Mali desde 2012, cuando las violencias interétnicas y el terrorismo de los grupos islamistas radicales se hicieron con el norte del país, le obligó a buscarla en Europa. Modi recuerda que fue perseguido y escapó de la muerte cuando lo confundieron con un miembro de una etnia contraria. “Escapé en el bosque porque estaban corriendo detrás de mí”, cuenta mediante una videollamada desde Sevilla. “Cuando llegué a casa decidí que me iba a salir del país porque la vida era muy peligrosa”.

El joven maliense, que ahora tiene 22 años, trabaja en un supermercado de la capital andaluza. Le concedieron asilo el pasado enero y dos semanas después empezó a trabajar en un supermercado. Su recorrido a este punto no ha sido fácil, viajó durante más de un año y cruzó tres países, Mali, Argelia y Marruecos, pagando a mafias locales. Trabajaba en lo que podía, se movía de noche y llegó a dormir durante un mes en un bosque cerca de Nador (Marruecos). Fue una travesía peligrosa y traumática que concluyó en las costas de Málaga en 2018, cuando la patera en la que navegaba junto a otras 54 personas fue rescatada por Salvamento Marítimo.

Traoure es la otra cara de la moneda. A él España, como al 53% de 446 malienses, sí le ha dado protección en 2020. Se trata del porcentaje favorable más alto entre todas las nacionalidades. El joven que vive ahora en Sevilla, tiene ya su tarjeta de residencia. La recibió el pasado enero, tras una agónica espera de más de un año. “Estaba un poco desesperado porque a mis amigos de Malí, Costa de Marfil y Guinea se lo denegaron”, cuenta. El reconocimiento del derecho de asilo garantiza la regularización de los solicitantes, la inserción social, el acceso a la seguridad social y la posibilidad de acceder al mercado laboral.

Los malienses han entrado de lleno en las estadísticas de asilo en España. En 2021 aparecen ya como la tercera nacionalidad más numerosa entre los solicitantes. Esto se explica por un lado por el cierre de las fronteras por la pandemia, que redujo drásticamente las llegadas de latinoamericanos, que hasta el año pasado suponían el 87% de solicitudes. En paralelo, los cayucos que han desembarcado en las Islas Canarias venían llenos de malienses huyendo de la guerra. Según CEAR, España está mostrando una mayor sensibilidad ante la situación del país africano, clave en el conflicto en el Sahel.

Las cifras del reconocimiento de asilo en España, sin embargo, son las más bajas de la UE. Solo el 5% de las 114.919 solicitudes de protección internacional procesadas han obtenido resolución favorable. La media europea es del 33%.

En su tiempo libre, Modi Traore asiste a clases de español y juega al fútbol con sus amigos en un parque cercano a casa. A veces visita la localidad de Dos Hermanas, próxima a Sevilla, donde vivió en un centro de acogida durante casi un año. “Quiero formar mi pequeña familia aquí y ya está”, dice con una sonrisa.

En cambio, la colombiana Isabel, después de meses viviendo en casa de un familiar en Madrid, acabar en el parque y lograr entrar en el sistema de acogida donde se sentía segura, se va a quedar sin papeles el mes que viene. Por ahora, se gana la vida con la limpieza en casas y asistiendo a personas que no pueden salir de su hogar. A más de 8.000 kilómetros de distancia, sigue en contacto con su fundación y ha decidido dedicarse a desarrollar talleres para mujeres inmigrantes en España. Ha intentado sobrellevar el dolor y la tristeza que le ha causado la violencia y el estar lejos de su familia, sobre todo de su hijo mayor que sigue en Colombia: “Dejar todo esto no es fácil, es dejar un amor de raíz. Yo tenía todo allí, mi vida”, cuenta. Ahora solo desea empezar una nueva, a pesar de las circunstancias: “Yo ya morí, y resucité”, afirma. “Soy un puntito en medio de tantos casos. ¿Acaso nosotros no tenemos derecho a la vida?”.