La destitución del líder de Jupol por sus gastos abre un cisma en el mayor sindicato policial

El sindicato Justicia Policial (Jupol), el mayoritario entre los agentes de la Policía Nacional, confirmó este miércoles en una asamblea extraordinaria celebrada en un hotel de Madrid, la destitución del que era su secretario general, José María García, al que el resto de los miembros del comité ejecutivo acusaba de realizar una gestión personalista y cargar a las cuentas del sindicato gastos personales como entradas de cine, ropa, perfumes y fármacos. El exlíder siempre ha negado estas supuestas irregularidades. La Asamblea, a la que asistieron de forma presencial 251 afiliados y contó con el voto delegado de otros 4.793 miembros, sometió a votación tres propuestas: la reprobación de su líder, el aval a la actual comisión gestora del sindicato y la convocatoria de un proceso para elegir el nuevo secretario general. Las tres obtuvieron el respaldo mayoritario de los afiliados que ejercieron su derecho al voto. En el caso de la que decidía la continuidad de Chema —como es conocido por sus compañeros— García, 3.049 afiliados aprobaron su cese, frente a 1.706 que lo rechazaron y 19 que votaron en blanco, según detalló un comunicado del sindicato.

Fuentes de los dos sectores enfrentados admiten que este resultado no cierra la crisis abierta en el sindicato y que el respaldo de un tercio de los afiliados que mantiene el hasta ahora líder de Jupol —un apoyo que es más fuerte en los comités regionales de Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra, País Vasco, Cataluña, La Rioja y parte de Andalucía— deja abierta la puerta a una escisión que sobrevuela desde hace un mes sobre la organización, que cuenta con 25.000 afiliados entre los 75.000 policías. A ello contribuye la demanda por presunta vulneración de derechos fundamentales que García presentó la semana pasada en la Audiencia Nacional para anular todo el proceso que ha desembocado en su cese y que ha sido admitida a trámite. El exlíder del sindicato denuncia que los pasos dados en el último mes por los dirigentes del sindicato que le apartaron del cargo son, en su opinión, un “golpe de estado” en contra de los estatutos y la legalidad. La vista por esta demanda está prevista para el 17 de junio.

Mientras la justicia se pronuncia y tras el resultado de la Asamblea, la denominada Comisión Transitoria, que ha gestionado el sindicato en las últimas semanas, ha abierto el proceso que debe desembocar, antes de seis meses, en la elección del nuevo secretario general. A este cargo aún no se ha presentado formalmente candidatos, según detallan fuentes de la organización. “La demanda de Chema no va a prosperar”, se muestran convencidos fuentes cercanas a esta comisión, que aspiran a que en ese caso García abandone definitivamente su pretensión de volver a liderar la organización.

Jupol, surgido de la plataforma Jusapol que aglutinó en 2017 a policías y guardias civiles para reclamar la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra en pleno desafío independentista, arrasó en las elecciones sindicales celebradas en la Policía Nacional en junio de 2019. Con un discurso duro, consiguió ocho de los 14 puestos reservados a los representantes de los agentes en el Consejo de la Policía, el órgano paritario de negociación entre estos y el Ministerio del Interior. Pese al éxito, las tensiones en el seno del sindicato no tardaron en llegar con relevos en la dirección y cambios en los estatutos hasta desembocar, el pasado 5 de mayo, en la solicitud de celebración de una reunión de la junta directiva del sindicato para aprobar la celebración de la asamblea extraordinaria que ha confirmado ahora la destitución de García. La petición la firmaron cinco de los seis componentes del comité ejecutivo de Jupol. Solo García se opuso.

Aquella iniciativa se tomaba poco después de que un afiliado presentara una demanda contra el sindicato y el propio secretario general por no facilitar información de los gastos de la organización. Esa primera demanda se transformó, poco después, en una denuncia en la que el mismo afiliado detallaba una relación de supuestos gastos “sin justificar”. Todo ello mientras la Dirección General de la Policía materializaba una sanción de 14 meses y medio de suspensión de empleo y sueldo al líder de Jupol como autor de dos faltas, una grave y una muy grave. Esta última, por ejercer como socio y administrador único de una empresa sin contar con la preceptiva autorización de compatibilidad. Esta decisión está recurrida en los tribunales.

Desde entonces y hasta la celebración de la asamblea de este miércoles, ambos sectores han cruzado acusaciones en los chats internos del sindicato y en las redes sociales. A las denuncias de gastos injustificados, que García siempre ha negado, sus afines respondieron afirmando que tres integrantes del comité ejecutivo que habían propiciado su destitución habían incurrido en el dispendio de cerca 8.300 euros. El sector del antiguo líder sindical también acusó a algunos de los dirigentes díscolos de “estar alineados con el PSOE”. Por su parte, los partidarios del cese de García denunciaron la contratación, por parte del sindicato, de familiares y supuestos amigos del líder, así como del gasto de dinero en mejorar su imagen en redes sociales. Este grupo acusa a García de haber puesto al sindicato al borde de la ruptura.

Pese a estos encontronazos de los días previos, fuentes presentes en la asamblea han asegurado que esta se celebró “sin incidentes y con relativa calma”, con un único momento de mínima tensión cuando, al inicio, se votó la constitución de la mesa de la Asamblea y una veintena de asistentes, con García entre ellos, intentó rechazarla sin éxito. “Hemos dado el primer paso para cerrar la crisis interna, pero aún falta mucho para pasar página de manera definitiva”, señalan fuentes del sector que promovía la destitución del líder y que aún admiten que “la posibilidad de una escisión aún está sobre la mesa”.

“Esos gastos están hechos con mi tarjeta personal y puedo demostrarlo”, ha asegurado a EL PAÍS José María García, una vez publicada la primera versión de esta información y después de no haber respondido tanto el jueves como en días anteriores a las peticiones de este diario para conocer su versión de los hechos. En conversación telefónica, García niega las acusaciones sobres los gastos y denuncia supuestas irregularidades tanto en la reunión del comité ejecutivo del pasado 5 de mayo que puso en marcha su proceso de destitución ―”no se respetaron los plazos ni las formas”― como en la asamblea del miércoles que ratificó su cese, a la que afirma que no pudieron asistir todas las personas que querían por presuntas trabas. “No se contaron todos los votos”, concluye.

El exlíder de Jupol insiste en que su cese “no es un problema de gastos ni de una gestión dictatorial, como dicen. Aquí se ha metido [el Ministerio de] Interior y la Dirección General de la Policía a reventar al sindicado y a echarme porque soy un hombre molesto”. En este sentido, recuerda las querellas que, con él al frente, el sindicato ha presentado contra el máximo responsable político de la Policía Nacional, Francisco Pardo. García también acusa de intromisión a los actuales dirigentes de Jusapol, la organización de la que nació el sindicato.