El mayor sindicato policial se fractura por los gastos sin justificar de su líder

Justicia Policial (Jupol), el sindicato surgido de la plataforma Jusapol que aglutinó en 2017 a policías y guardias civiles para reclamar la equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra en pleno desafío independentista, vive tiempos convulsos. La decisión de cinco de los seis miembros de su comité ejecutivo de convocar una asamblea extraordinaria para el próximo 2 de junio con el fin de reprobar y cesar al secretario general, José María García, amenaza con fracturar la organización mayoritaria dentro de la Policía Nacional, con 25.000 afiliados, un tercio de los agentes. Chema —como es conocido por sus compañeros— García está acusado de realizar una gestión personalista, escorar a Jupol a posiciones extremistas y cargar gastos personales, entre ellos entradas de cine, ropa, perfumes y fármacos, a las cuentas del sindicato. Él lo niega. Los dirigentes de una quincena de comités regionales y provinciales le han mostrado su apoyo. Fuentes de la organización admiten que existe “un riesgo serio” de escisión.

El inicio de las divergencias en el seno de Jupol se remonta al 3 de marzo del año pasado, poco antes del estallido de la pandemia y la declaración del estado de alarma, según detallan fuentes del sector que ahora promueve la destitución de García. Aquel día, cientos de policías se manifestaron a las puertas del Congreso de paisano y con máscaras de Anonymous convocados por el sindicato. El objetivo de la concentración, que tuvo momentos de gran tensión cuando los manifestantes desbordaron el cordón policial, era presionar a los miembros de la Mesa de la Cámara Baja para que aprobaran debatir una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) promovida por el sindicato para blindar la equiparación salarial con las policías autonómicas. Entre aquellos concentrados se repartió entonces un pasquín sin firma en el que se hacía un llamamiento a los agentes para que secundaran, una semana más tarde, una huelga encubierta —los policías y guardias civiles tienen prohibido ejercer este derecho— para lo que les recomendaba pedir la baja por enfermedad. El paro fue, finalmente, un fracaso: el número de agentes que no acudieron a trabajar por motivos médicos fue inferior al habitual.

“Aquel día dimos una imagen lamentable tanto de la policía como del sindicalismo, y algunos comprendimos que Jupol se había escorado hacia posturas muy alejadas del verdadero objetivo con el que nació, primero Jusapol, y después tanto el sindicato como Jucil [la asociación de la Guardia Civil surgida de la plataforma]”, reconoce un exdirigente de la organización que pide mantener el anonimato ante el ambiente crispado que se ha instalado en el seno de la organización en las últimas semanas. Jupol, con su discurso duro frente al gobierno, había arrasado en las elecciones sindicales celebradas unos meses antes, en junio de 2019, al conseguir ocho de los 14 puestos reservados a los representantes de los agentes en el Consejo de la Policía, el órgano paritario de negociación entre estos y el Ministerio del Interior. En la Escala Básica, que es la que engloba más policías, se hicieron con 26.000 votos de los cerca de 41.000 emitidos (un 63,4%).

Cuando se celebró la manifestación de marzo, Vox ya se había convertido en el principal altavoz de las reivindicaciones del sindicato, desplazando a otras formaciones políticas, principalmente Ciudadanos, que les había apoyado en los inicios de la plataforma Jusapol. “En poco tiempo pasamos de ser un sindicato con posiciones firmes, pero abierto al diálogo, a otro con una postura intransigente que ha hecho de las denuncias en los juzgados contra la cúpula de Interior su única estrategia”, critica el exdirigente. El pasado enero, la Audiencia Provincial ordenaba investigar al director general de la Policía, Francisco Pardo, por una de estas denuncias, en la que se le acusaba de no facilitar a los policías material de protección contra el coronavirus al comienzo de la pandemia. “Son denuncias abocadas al fracaso, que buscan solo hacer ruido mediático, pero que no aportan nada a la lucha sindical por los derechos de los agentes”, critica esta misma fuente.

Divergencias en aumento

Desde aquella manifestación, las divergencias en la dirección del sindicato han ido en aumento hasta desembocar, el pasado 5 de mayo, en la solicitud de celebración de una reunión de la junta directiva del sindicato para aprobar la celebración de una asamblea extraordinaria en la que se lleve a cabo la destitución del secretario general y la convocatoria de elecciones para elegir a la nueva dirección. La petición la firmaban cinco de los seis componentes del comité ejecutivo de Jupol: Aarón Rivero, Pablo Pérez, Laura María González, Fernando Guillermo Calleja y José Ignacio Valverde. El único que no la apoyó fue el propio García. La iniciativa se tomaba poco después de que un afiliado presentara una demanda contra el sindicato y el propio García por no facilitar información de los gastos de la organización y, sobre todo, de los cargos asociados a las tarjetas de crédito de las que disponía el secretario general, pese a recoger en sus estatutos diferentes medidas de transparencia.

Esa primera demanda se transformó poco después en una denuncia en la que el mismo afiliado detallaba una relación de supuestos gastos “sin justificar” que habían detectado los dirigentes díscolos. Entre ellos, se incluía una factura de 39,65 euros por la ITV de una autocaravana propiedad del secretario general; 410 euros en compras de ropa en distintos establecimientos; dos facturas en un hotel de Soto del Barco (Asturias) por 180 y 35 euros respectivamente; la compra de dos entradas de cine por 12,60; dos facturas de farmacia por un total de 35,45 euros, además de consumiciones en locales de copas, y un renting (alquiler de larga duración) de más de 900 euros mensuales por el vehículo de alta gama en el que se desplaza el secretario general.

La decisión del comité ejecutivo supuso la puesta en marcha de una comisión gestora para organizar la Asamblea y la retirada al líder del sindicato de sus poderes, entre ellos el control de las cuentas. Un dirigente admite que, incluso, se han cambiado las cerraduras de los despachos en la sede en Madrid para evitar que García o gente afín pueda acceder a ellos. Todo ello mientras la Dirección General de la Policía materializaba una sanción de 14 meses y medio de suspensión de empleo y sueldo al líder de Jupol como autor de dos faltas, una grave y una muy grave. Esta última, por ejercer como socio y administrador único de una empresa sin contar con la preceptiva autorización de compatibilidad. Esta suspensión ha hecho que Jupol pierda uno de sus ocho puestos en el Consejo de la Policía, el que ocupaba el propio García, y que este pasara a otro sindicato policial.

Fuentes cercanas a los promotores de la iniciativa contra el líder sindical niegan que el presunto desvío de fondos del sindicato para gastos personales sea la causa principal para pedir su cese, aunque admiten su importancia. “La cuantía no es elevada, pero sí refleja que Chema había convertido el sindicato en su cortijo”, señala otro exdirigente que pide que no se dé su nombre. “Ha actuado de modo autoritario hasta imponer cambios en la estructura del sindicato y en los estatutos para perpetuarse en el cargo y controlar el sindicato”, denuncia otra excargo de Jupol, que señala que una de estas maniobras fue la supresión de los controles económicos de la organización para asumir el control directo de las finanzas. EL PAÍS ha intentado contactar con José María García para conocer su versión, pero este no ha respondido a los mensajes y llamadas.

Hostilidades internas

Tras la convocatoria de la Asamblea, las hostilidades se han desatado entre los comités partidarios de la medida y los que se han puesto del lado del secretario general. Los dirigentes de siete comités regionales (Asturias, Cantabria, Murcia, Navarra, País Vasco, Cataluña y La Rioja) y ocho provinciales (Cádiz, Almería, Ávila, Córdoba, Granada y Jaén) emitieron recientemente un comunicado en el que negaban legitimidad a la gestora que dirige ahora el sindicato y reclamaban la vuelta de García al cargo con todos sus poderes. “Representan a unos 8.000 afiliados”, detalla una fuente cercana a los que promueven el cese del secretario general, que se muestran confiados en mantener el apoyo del resto de comités y, sobre todo, de los afiliados. “Muchos de estos comités no han consultado a las bases para mostrar su apoyo a Chema”, añade.

De hecho, en los últimos días afiliados de Jupol se han desplazado a Madrid para que la gestora les mostrara las cuentas y, en concreto, los gastos bajo sospecha. Algunos han emitido, posteriormente, comunicados que han remitido a sus compañeros sobre lo visto. “Cuatro personas que ayer [por el pasado miércoles] estuvimos en Madrid coincidimos en la misma sensación decepcionante, nos mirábamos a los ojos y no nos lo podíamos creer. Tanto tiempo, tanto esfuerzo, tanta ilusión tirada por los suelos. […] Como observadores neutrales y claramente ausentes de todo interés personal, […] hemos concluido por consenso unánime que el anterior secretario general, José María García, ha quedado deslegitimado como representante de todos los jupoleros”, recogían cuatro afiliados desplazados desde Bizkaia en un texto al que ha tenido acceso este diario.

Un dirigente de la Comunidad Valenciana admitía en otro texto, tras ver las cuentas, la existencia de “varios gastos de difícil justificación en el ámbito de la labor sindical y su representatividad, siempre desde el punto de vista del código ético [de Jupol]”, aunque finalmente se limitaba a recomendar la participación de los afiliados en la Asamblea que, el próximo 2 de junio, debe decidir el cese o no del secretario general. En caso afirmativo, se convocarán unas nuevas elecciones para elegir una dirección. “Ahí se verá si se produce una escisión que nadie quiere”, señala un miembro destacado del sindicato.