El Defensor del Pueblo pide a Belarra que lidere las mejoras en la atención de los menores inmigrantes

El Defensor del Pueblo ha enviado cuatro recomendaciones al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 para que mejore la protección de los menores extranjeros no acompañados. Francisco Fernández Marugán busca que la recién estrenada ministra, Ione Belarra, lidere desde sus competencias algunos cambios que la institución lleva años planteando en sus informes.

La situación en Canarias, donde ahora mismo se acoge a unos 2.600 menores llegados en patera sin sus familias, es la que más preocupa a Fernández Marugán. “No es razonable que los servicios de protección de menores canarios asuman en solitario el reto que supone la acogida”, insiste en sus recomendaciones. Aunque las competencias de atención y protección de los menores extranjeros no acompañados son autonómicas, el Defensor del Pueblo considera que desde el Ministerio de Derechos Sociales pueden impulsarse iniciativas que nunca salen del papel y que mejorarían el modelo de atención de los menores inmigrantes. La protección de los menores extranjeros ha sido una de las principales banderas de Ione Belarra, una de las figuras de Unidas Podemos más involucrada en temas migratorios

Entre las propuestas, Fernández Marugán plantea que el ministerio elabore un plan estratégico plurianual para la integración de los menores. Este plan debería contemplar la mejora de algunas de las principales lagunas que tiene el sistema de atención y protección de estos menores: desde la identificación de las vulnerabilidades de los niños (si son víctimas de trata o posibles refugiados), pasando por el procedimiento de determinación de la edad —criticado por sus márgenes de error—, hasta la integración sociolaboral cuando cumplen la mayoría de edad. El Defensor también recomienda que la identificación adecuada de los menores, la acogida y su integración deben tener un lugar preferente a la hora de diseñar los programas que financia la Unión Europea a través del Fondo de Asilo, Migración e Integración.

En sus recomendaciones, el defensor vuelve a señalarse la falta de rigor del registro de menores extranjeros, que depende del Ministerio del Interior. Ese registro mantiene que a principios de año había poco más de 9.000 menores extranjeros, pero cada año la institución comprueba que hay “diferencias significativas” entre los datos del registro oficial y las cifras que ofrecen las comunidades autónomas de los menores que mantienen tutelados. El Defensor pide al ministerio que se coordine con el resto de organismos competentes e impulse “las medidas necesarias” para que el registro —herramienta fundamental para diseñar políticas, distribuir fondos o para el reparto de menores por todo el territorio— “funcione correctamente”.

Con el foco puesto en Canarias, el Defensor señala que algunos menores necesitan una “atención más especializada” y usa como ejemplo “llamativo” que en las islas haya al menos 500 menores malienses acogidos y que ninguno haya pedido asilo. Este tipo de perfiles, recordaba el defensor en su último monográfico sobre las islas, no suelen estar correctamente identificados como personas especialmente vulnerables y enfrentan dificultades para acceder al sistema de protección internacional. Fernández Marugán recomienda en este sentido que se firmen convenios con ONG y fundaciones especializadas para que asuman la tutela de estos niños más vulnerables, como los refugiados o las víctimas de trata, para que además puedan atenderlos en centros más adecuados. La propuesta está contemplada en la ley de Extranjería, pero nunca se ha puesto en práctica y hasta ahora son las comunidades autónomas, en muchos casos saturadas, las que ostentan las tutelas. Canarias, precisamente, ya ha empezado a poner en marcha esta vía.

Por último, el Defensor se refiere a la cantidad de menores que llegan a los 18 años indocumentados y “sin posibilidad alguna de valerse por sí mismos”. Según datos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, a lo largo de este año, 4.625 de estos jóvenes llegarán a la mayoría de edad. El Defensor considera “imprescindible” que el Estado planifique, en coordinación con las entidades de protección de menores autonómicas, la transición a la vida adulta de estos niños y niñas. En 2020, en Canarias, recuerda, tan solo se han concedido 134 autorizaciones de residencia a menores extranjeros tutelados.