El Gobierno opta por retirar la ley que rebajaba la mayoría para renovar al Poder Judicial

El Gobierno cede definitivamente y ha anunciado este martes que retirará la proposición de ley que contempla reducir la mayoría necesaria para elegir a los 12 vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial. El presidente del Gobierno aparcó la propuesta en octubre pasado como gesto de buena voluntad para buscar un acuerdo con el PP que desbloqueara el órgano ―cuyo mandato caducó en diciembre de 2018―, pero, tras el fracaso de la última negociación, había amagado con desempolvar esa norma para propiciar la renovación sin el partido conservador. Ahora, sin embargo, ha decidido pedirle a los dos grupos políticos que sustentan el Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, que retiren el texto que registraron el 14 de octubre.

Lo ha anunciado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que ha aprobado el anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa del Servicio Público de la Justicia. “No quiero que perdamos un minuto. Dijo el presidente que quedaban congeladas esas iniciativas de grupos parlamentarios en orden a cambiar las mayorías para la elección del consejo. Ahora estamos preocupados por la eficiencia. Para evitar los focos [en esa propuesta], se propondrá que los grupos lo retiren para no dar más pábulo”, ha explicado Campo.

El ministro ha dicho que el Gobierno “va a instar” a los dos grupos que sustentan al Ejecutivo a renunciar a esa proposición, pero el socio del PSOE se muestra, por ahora, reticente. Minutos después del anuncio de Campo, cuando este aún continuaba interviniendo en la rueda de prensa en La Moncloa, Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario Unidas Podemos, ha mostrado su rechazo inicial a la medida. “Nosotros pensamos que nuestra propuesta, que prevé un mecanismo de desbloqueo en las mayorías para la elección del Consejo, es la mejor alternativa y mientras no se nos ofrezca una mejor no estamos a favor de la retirada”, ha afirmado Asens, que ha pedido al titular de Justicia que les explique cuál es la opción que les ofrece a cambio.

El anuncio de Campo se produce un día después del encuentro virtual que mantuvo con la vicepresidenta europea de Valores y Transparencia, Vera Jourová, quien le pidió la retirada de esa reforma legal y que el órgano de gobierno de los jueces se renovara cuanto antes, pero de forma pactada. Campo ha asegurado estar de acuerdo con esa petición. “No nos distraigamos con eso. Eso le hice ver a la de ayer [a Jourová]”, ha señalado el titular de Justicia. El Gobierno ya ha dado hoy un paso y ahora espera que el PP dé el siguiente. “Lo reamente importante es que quien está bloqueando la renovación dé un paso atrás y se disponga a renovar los órganos constitucionales. Urge que nos pongamos de acuerdo”, ha dicho el ministro, que confía en encontrar un punto de encuentro para la renovación “de manera inmediata”.

El PP ha celebrado como un éxito propio el anuncio del Gobierno, y se ha mostrado abierto a negociar, pero sin renunciar a ninguna de las condiciones que hasta ahora han enquistado la renovación. “Renovaremos los órganos constitucionales cuando Sánchez acepte reforzar la independencia judicial y respetar la separación de poderes. Llevo dos años exigiendo esta condición como marca la Constitución y el Consejo de Europa. El que bloquea y degrada las instituciones es el PSOE”, ha escrito Pablo Casado en su cuenta de Twitter. El portavoz de Justicia del partido, Enrique López, también en Twitter, ha calificado de “completo sinsentido, inconstitucional y antieuropea” la reforma legal ahora retirada, que, según López, “ponía al Gobierno de España más cerca de Venezuela que de Venecia”. “La presión política del PP, la UE y los jueces y magistrados españoles han doblegado una grave pulsión autoritaria y radical del peor sanchismo”, ha añadido.

La decisión del Gobierno de instar a la retirada de la proposición de ley es “un gesto, sobre todo simbólico”, ha admitido Campo, pero el Ejecutivo sostiene que debe servir para “ayudar” al consenso en torno al nuevo modelo de Justicia. Uno de los pilares de ese nuevo modelo es la ley de eficiencia organizativa aprobada este martes, que contempla la creación de tres figuras: los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en el municipio. La primera, prevé la transformación de los 3.718 juzgados unipersonales actuales en 431 Tribunales de Instancia, uno por jurisdicción. El objetivo es primar la toma de decisiones colegiadas, lo que, según el Gobierno, permitirá introducir fórmulas de gestión y organización más eficientes, como el establecimiento de criterios comunes entre los miembros del tribunal. Además, los órganos de gobierno de estos tribunales serán elegidos por los jueces de forma participativa. En este sentido, Campo ha señalado que “profundiza la democracia interna del Poder Judicial” y “ensancha las oportunidades de participación de los jueces en su autogobierno”. “Quienes se dedican a poner palos en la rueda, ahora tienen menos excusas para no arrimar el hombro”, ha afirmado el ministro.

Respecto a la Oficina Judicial, la ley pretende impulsar su implantación en todo el territorio. En ese sentido, según el ministro de Justicia, con la experiencia previa y con la inversión tecnológica derivada de los fondos europeos, “es posible reacondicionar la maquinaria al servicio de la actividad jurisdiccional para aprovecharla en todo su potencial”.

En cuanto a las Oficinas de Justicia en los municipios, “son la evolución de los juzgados de paz”, según ha explicado Campo. El objetivo es llevar a todos los puntos de España los servicios de Justicia para la población que vive en áreas rurales, con el fin contribuir a la lucha contra la despoblación y avanzar en cohesión social y territorial. “Este anteproyecto es más que una reforma legislativa, es la base de la transformación de la Justicia, para contribuir al proyecto país”, ha concluido el ministro.