Las mafias que trafican con personas se asientan en España

En la página de Facebook de la peluquería Barbershop de Arguineguín (Gran Canaria) puede leerse un último mensaje del 4 de abril: “Volveremos pronto”, dice, acompañado de un emoticono de unas manos suplicantes. La Policía Nacional detuvo el 9 de abril a sus propietarios, un matrimonio de origen marroquí asentado hace años en la isla, como cabecillas de una importante red de tráfico de personas desde Canarias hasta la Península y hacia otros países de la UE como Italia, Francia o el Reino Unido. En total, en la operación hubo 45 detenidos (28 en Canarias y 17 en la Península).

Es la última de las cuatro grandes operaciones contra el tráfico de personas que han desarrollado desde el pasado diciembre los agentes de la Brigada de Investigación de Redes, un grupo escaso de 100 policías que constituyen la única unidad policial en toda Europa dedicada exclusivamente a la investigación de este inhumano y lucrativo negocio en auge que, auguran, “va a ir a más”.

Pegados durante horas a las escuchas autorizadas por los jueces y a sus intérpretes, desplegando una red de informadores sobre el terreno, creando dispositivos de vigilancia y colaborando con las policías de los países de origen de los “traficados”, las últimas actuaciones de la Policía Nacional constatan que las mafias que trafican con personas “ya no están en África, sino asentadas en España”, y que “utilizan las estructuras de las redes del narcotráfico para enviar a personas a las Islas Canarias y a la Península”.

Durante años la Barbershop de Arguineguín y su sucursal en el centro comercial de Puerto Rico (municipio canario de Mogán) funcionaron como peluquerías. Sin embargo, con la llegada de miles de compatriotas en pateras a partir del verano pasado —a Canarias llegaron 23.000 inmigrantes en 2020 y casi 4.000 lo han hecho en lo que va de año, según datos del Ministerio del Interior—, el matrimonio Akram “vio la oportunidad de hacer negocio”. Así lo refleja el libro de registro que estaba a la entrada de su local en Arguineguín, a 300 metros del muelle donde desembarcaban los migrantes traficados en pateras.

“Son cientos de nombres y ninguno fue allí a cortarse el pelo”, señala un investigador. “Se respetaba escrupulosamente el orden de llegada, y pagaban entre 1.500 y 2.000 euros por adelantado, en función de que tuvieran o no documentación”. De acuerdo con una agencia de viajes, ubicada en el mismo centro comercial que la peluquería y cuyo propietario también ha sido detenido, entregaban a los migrantes pasajes en avión o barco con destino a la Península y a otros países europeos y les proveían de pasaportes de terceras personas para que suplantaran su identidad. “Tenían una bolsa de pasaportes que usaban una y otra vez, un miembro de la red les acompañaba en el viaje a la Península y volvía a traerse los documentos de vuelta para usarlos con los siguientes, y así”, cuentan los investigadores.

“Fueron modificando las vías de salida: primero directamente desde Gran Canaria, luego los cambiaban de isla, a medida que íbamos capando rutas”, añaden. El pasado diciembre, cuando Canarias era ya una olla a presión, los constantes vuelos de migrantes hacia la Península abrieron un nuevo frente al Gobierno e Interior comenzó a pedir más documentos y a controlar los embarques. Las islas se convertían en un tapón para los migrantes, en lugar de en un puente.

En remoto

“Para quedarse en Canarias no merece la pena pagar la patera”, comenzó a oírse en las escuchas policiales. Al mismo tiempo, los que ya estaban allí, en instalaciones de ONG y hoteles, presionaban (o directamente amenazaban) al matrimonio Akram y a sus secuaces para que les sacaran de allí. “Empezaron a meterlos en camiones dentro de los ferries”, relatan los investigadores, que recuerdan que el volumen de negocio en las islas era tal que varios socios del matrimonio se montaron sendas redes por su cuenta, e incluso “hubo un cuarto que los traficaba en remoto, desde Murcia”. En uno de los registros hallaron 300.000 euros en metálico.

Las investigaciones policiales de las redes de tráfico de personas son complejas: “Hay que encajar muchas piezas y ligarlas entre sí, encontrar a las personas (que suelen huir), documentos, dinero, embarcaciones, elementos de la logística de la organización... Y, sin embargo, el reproche penal es muy bajo: de dos a cuatro años de cárcel. Eso genera cierta sensación de impunidad”, subrayan estas fuentes policiales.

Aparte de la presión migratoria de África, la pandemia y el cierre de fronteras terrestres han propiciado que las redes del narco comiencen a traficar también con personas. “Tienen ya todo montado y ni siquiera tienen que esconder la mercancía porque sale corriendo por su propio pie”, señalan los agentes. Incluso, como ocurrió en febrero en la operación Neptuno, “los propios traficados eran los encargados de alijar la droga al llegar a Tenerife”.

El apuñalamiento de un joven marroquí en La Línea el pasado octubre por una supuesta deuda llevó a la policía a desmantelar al clan de los Campos Gallego, que usaban las embarcaciones destinadas a meter droga en el Campo de Gibraltar para traer a personas desde Ceuta. El piloto de una de las barcas que naufragó el 7 de febrero era el presunto autor de ese apuñalamiento. Junto a él, contratado a sueldo por el clan, murieron otras tres personas de las siete que formaban la expedición: dos inmigrantes y un miembro de la organización.

El resto de los tripulantes “salvaron milagrosamente la vida aquella noche de oleaje”, dicen los investigadores, que en los registros encontraron embarcaciones, pistolas y escopetas, munición, bidones de gasolina, motos de agua... Hasta el pasado 20 de marzo, ni los coches patrulla entraban en el territorio del temido clan, “especializado en robar a bandas rivales”. Ya lo decían ellos en sus vídeos a ritmo de hip hop: “Cuidao donde te metes, si te relajas acabas en una caja o enviao en un paquete... pasa por las casas blancas y te hacemos tarará”.