El pacto antitransfuguismo hace agua ante el escándalo de Murcia

La burocracia deja impune esta práctica censurada por los partidos, que esta semana ha apuntalado el poder del PP en Murcia tras la fallida moción de censura

Mabel Campuzano y Juan José Liarte, expulsados de Vox, durante la segunda sesión del pleno de moción de censura presentada por Cs y PSOE contra el Gobierno de coalición de Murcia, este jueves en la Asamblea Regional en Cartagena.
Mabel Campuzano y Juan José Liarte, expulsados de Vox, durante la segunda sesión del pleno de moción de censura presentada por Cs y PSOE contra el Gobierno de coalición de Murcia, este jueves en la Asamblea Regional en Cartagena.Juan Carlos Caval (EFE)

Desde noviembre del año pasado, cuando 11 partidos estatales firmaron la última edición del pacto antitransfuguismo que entró en vigor por primera vez en 1998, “las medidas adecuadas en orden a impedir la consumación de los efectos del transfuguismo” siguen sin concretarse. La burocracia deja impune esta práctica censurada por los partidos que ha apuntalado esta semana el poder del PP en Murcia tras la fallida moción de censura contra Fernando López Miras. Ciudadanos solicitó este viernes al Gobierno de forma urgente que convoque la comisión que permite impedir estas conductas.

El pacto antitransfuguismo es un acuerdo político por el que los partidos asumen un compromiso de comportamiento para evitar la alteración de la representación política. Se firmó hace más de dos décadas para acabar con estas prácticas —que suponen una actuación desleal hacia la voluntad que los ciudadanos manifestaron con sus votos— y se ha renovado tres veces desde entonces. La última, en noviembre del año pasado. Entonces, los 11 partidos que lo renovaron —entre ellos PSOE, PP y Ciudadanos— acordaron “adoptar las medidas adecuadas en orden a impedir la consumación de los efectos del transfuguismo” cuando “se tenga conocimiento del anuncio de la presentación de una moción de censura en la que concurriese un supuesto de transfuguismo”. A pesar de ese compromiso negro sobre blanco, nada se ha hecho ante el último caso de transfuguismo en la política española.

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El PP ha mantenido el poder en la región de Murcia gracias a tres tránsfugas de Ciudadanos que, tras firmar la moción de censura con su partido y con el PSOE, decidieron romper la directriz de su dirección e impedir que prosperase a cambio de lograr tres puestos en el nuevo Ejecutivo murciano. Además, el PP se apoyó y agradeció el voto contra la moción de censura de tres diputados que, a su vez, rompieron hace meses con Vox, el partido con el que concurrieron a las urnas.

Aunque el pacto antitransfuguismo está pensado para tomar medidas contra estos fenómenos, tanto el PSOE como Ciudadanos, los dos partidos damnificados por este caso, reconocen que seis meses después de su firma este todavía estaba pendiente de ratificación de varios puntos. También de designar los expertos encargados de aplicar diversos aspectos del acuerdo, lo que ha provocado que ante el caso murciano las protestas de Cs hayan caído en saco roto.

El pacto establecía el compromiso de todas las fuerzas políticas firmantes para “impulsar la modificación de los reglamentos de las cámaras autonómicas y los reglamentos orgánicos de las corporaciones locales, para adaptarlos a lo establecido en los Acuerdos y las modificaciones legales que de estos se deriven”. Este punto no se ha desarrollado aún, y en el Gobierno apuntan a esta falta de avance para explicar que el pacto opere de momento como papel mojado.

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Fuerte debate

El caso de Murcia ha provocado además un fuerte debate político sobre si los tres exdiputados de Ciudadanos eran o no tránsfugas. El PP niega que lo fueran, y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, argumentó que, en cambio, se trataba de tres diputados de un grupo de seis “que han decidido mantenerse firmes en ese pacto firmado hace dos años con el PP”. “Es la primera automoción de censura de la historia de la democracia”, justificó el número dos de Pablo Casado.

El acuerdo firmado considera tránsfuga “a la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona, se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, aunque recale en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso”. Los tres exdiputados de Ciudadanos se separaron de la disciplina de su partido hasta el punto de votar contra una moción de censura que ellos mismos habían firmado voluntariamente unos días antes.

Pablo Casado, Teodoro García Egea y Fernando López Miras saludan a los diputados expulsados de Vox Francisco Carrera y Juan José Liarte en Murcia.
Pablo Casado, Teodoro García Egea y Fernando López Miras saludan a los diputados expulsados de Vox Francisco Carrera y Juan José Liarte en Murcia.Marcial Guillén (EFE)

Ciudadanos admite que aún faltan “flecos de ejecución” de lo acordado en noviembre con el pacto antitransfuguismo, pero fuentes de la dirección creen que el ministro de Administración Territorial, Miquel Iceta, debería implicarse al máximo para tratar el problema suscitado en Murcia, que también afecta al PSOE. Cs ya ha iniciado contactos oficiosos a estos efectos con el Gobierno. Este viernes el partido de Inés Arrimadas dio un paso más y solicitó de forma urgente la reunión del pacto “para frenar de inmediato la degradación democrática de las instituciones” ante el caso murciano. El PP, defiende Ciudadanos, “ha comprado con cargos y prebendas la voluntad de personas que se han valido de las siglas por las que fueron elegidos representantes públicos para obtener beneficios personales a cambio de alterar mayorías elegidas democráticamente por los ciudadanos en las urnas”. “Una situación deleznable”, afirma el partido en un comunicado, “que encaja perfectamente con la definición de tránsfuga recogida en el pacto recientemente suscrito también por el PP y flagrantemente incumplido”.

Reforma legal

Ciudadanos estudia además una propuesta de reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para hacer posible que el pacto tenga consecuencias jurídicas, más allá de las políticas. Entre las fórmulas que analizan está que la Junta Electoral Central fuera competente para inhabilitar a cargos públicos que incurrieran en prácticas de transfuguismo. Con esta propuesta, la Junta Electoral podría abortar la operación política que desencadenaran los tránsfugas.

La justicia está dando pasos también en este sentido de penalizar a los políticos que entren en estas conductas. En octubre de 2020, el Tribunal Supremo sentenció que el pase a la condición de concejal no adscrito, como consecuencia o por razón de un supuesto de transfuguismo, “impide que se asuman cargos o que perciban retribuciones que antes no ejercía o percibía e impliquen mejoras personales, políticas o económicas”. En el caso de Murcia, dos de los tres diputados tránsfugas, Valle Miguélez y Francisco Álvarez, mejoraron claramente su posición al ser nombrados consejeros en el Gobierno de Murcia.



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