Las derechas culminan el cambio en la presidencia de la Cámara de Cuentas de Andalucía
Una consejera propuesta por Ciudadanos sustituye al socialista Antonio López
![Carmen Núñez, nueva presidenta de la Cámara de Cuentas de Andalucía.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/E3TET7MLU6QY3ODOBKKXX52ZFU.jpg?auth=b99426630167df1ab7183f45476e99db343a7f6ac2b5cff5f3c6a066c1881bfc&width=414)
![Lourdes Lucio](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Fbdaa49b2-7e3b-4eba-9f0d-f51da64f156b.png?auth=929ef40926ba8af77640926e0d1fe30f693c41fdb78f0312df666ef10857e953&width=100&height=100&smart=true)
Los consejeros de la Cámara de Cuentas de Andalucía a propuesta de PP, Ciudadanos y Vox han culminado el cambio en la presidencia de la institución, encargada de fiscalizar los fondos públicos de la comunidad. Por cuatro votos a favor (PP, Cs y Vox) y tres en contra (los de los consejeros propuestos por PSOE y Adelante Andalucía) han elegido a Carmen Núñez (Cs) nueva presidenta de la Cámara.
Núñez sustituye a Antonio López (PSOE), quien en una carta enviada a la presidenta y a los portavoces de los cinco grupos del Parlamento asegura que dio órdenes para convocar el pleno extraordinario “por lealtad institucional” y por “la coerción sufrida” por parte del secretario general de la Cámara de Cuentas, Manuel Aguilar (PP), quien en notas internas le “conmina con posibles consecuencias legales” si no ordena la convocatoria del pleno “en un evidente abuso de autoridad”.
Aguilar, al contario que los consejeros, no fue elegido por el Parlamento. Fue propuesto por el PP y accedió al cargo pese a que un informe de los servicios jurídicos de la Cámara advirtió en contra de su nombramiento al no ser funcionario público. Está siendo investigado por presunta prevaricación y falsedad documental en su etapa como concejal de Estepona (Málaga). Desde la Cámara se la ha requerido en reiteradas ocasiones a presentar un informe de compatibilidad ya que en sus declaraciones de actividades, bienes e intereses no se recogen actividades económicas que sí figuran en su declaración tributaria.
La convocatoria del pleno para provocar el cambio se basa en la interpretación del letrado mayor del Parlamento, Ángel Marrero, que en un informe del pasado 11 de febrero insta a López a la convocatoria del pleno “a la mayor brevedad posible” por entender que su mandato está caducado.
Al respecto hay posiciones jurídicas encontradas, pero en el fondo lo que hay es un pulso político para controlar el órgano que fiscaliza las cuentas de la comunidad y cuyos informes, en algunos casos, han dado pie al Partido Popular a presentar denuncias en los juzgados basándose en el contenido de los mismos, donde se recogían diversas irregularidades de la anterior etapa socialista.
La permanencia de Antonio López en la presidencia, cargo en el que lleva diez años, formó parte de los acuerdos entre los grupos andaluces para renovar los órganos de extracción parlamentaria a principios de la legislatura. De hecho, su nombramiento como presidente fue ratificado por un decreto del jefe del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, seis días después de que el pleno de la Cámara de Cuentas lo reeligiera en septiembre de 2019.
López ha emitido un voto particular sobre el nombramiento de su sustituta. Lo basa en un dictamen del catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Eloy García López en el que se asegura que su mandato estaría vigente hasta septiembre de 2022. También ha emitido un voto particular Daniel Albarracín, consejero a propuesta de Adelante Andalucía, quien en declaraciones a EL PAÍS el pasado 2 de marzo achacó la polémica a “una lucha de palacio por el control del órgano”.
El portavoz del grupo socialista, José Fiscal, ha vuelto a anunciar que recurrirán a los tribunales y ha acusado de “totalitarismo” al presidente andaluz, Juan Manuel Moreno., al que reprocha el “manosear a su antojo las instituciones”. La batalla por el control de la Cámara de Cuentas ha impedido la aprobación definitiva en plazo del informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Andalucía de 2019, el primer año completo gestionado por un gobierno distinto a los del PSOE. El PP dice estar muy satisfecho con la conclusión expuesta por los auditores.
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