Un informe del Parlamento insta a la sustitución del presidente de la Cámara de Cuentas de Andalucía

Un informe del letrado del Parlamento de Andalucía da la razón al PP en la batalla por el control de la presidencia de la Cámara de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar los fondos públicos de la comunidad, que se encuentra bloqueado por la inasistencia de los cuatro consejeros del PP, Ciudadanos y Vox a los plenos.

Estos consejeros entienden que el mandato del presidente actual, Antonio López, propuesto por el PSOE está caducado, por lo que al no acudir a los plenos no se ha podido aprobar en plazo el informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Andalucía de 2019, el primer año completo gestionado por un gobierno distinto a los del PSOE. También está paralizada la Memoria de Actuaciones de 2020 y el plan de acciones para 2021.

El informe del letrado mayor, Ángel Marrero, no es vinculante, y él mismo reconoce que la labor de asesoramiento no le corresponde. De hecho es un documento dirigido a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Ciudadanos). No obstante, a nadie se le escapa la influencia que puede tener su opinión en los grupos parlamentarios. Marrero sostiene que López está en funciones al concluir su mandato como consejero desde el 10 de febrero pasado, aunque luego el Parlamento lo volvió a elegir, por lo que “debe proceder, a la mayor brevedad posible, a convocar” el pleno para la elección de un nuevo presidente. La idea del PP, Cs y Vox es nombrar a una consejera propuesta por Ciudadanos.

Con independencia de la batalla jurídica, los socialistas consideran que la salida de López supone el incumplimiento firmado casi a principios de legislatura para la renovación de los órganos de extracción parlamentaria, según el cual la presidencia de la Cámara de Cuentas correspondía al PSOE. En mayo de 2019 las cinco fuerzas parlamentarias pactaron el reparto de sillones en el Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Consejo Audiovisual, Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo. En el caso del órgano fiscalizador de la comunidad, PSOE y PP pactaron: “Se mantiene, pues, el número de siete miembros para la institución y el procedimiento de elección, manteniéndose el actual presidente hasta el cumplimiento de su mandato”. Un decreto del presidente de la Junta ratificaba el nombramiento de López quien, según los socialistas, debe seguir en el cargo hasta septiembre de 2022.

López se ha tomado unos días para decidir si convoca o no el pleno para sustituirlo, aunque fuentes de su entorno aseguran que antepondrá preservar la institucionalidad de la Cámara al sillón de presidente y continuará como consejero.

El PSOE dará la batalla jurídica y política. “Esto es una forma de hacer política detestable. El PP ha decidido romper un acuerdo de envergadura donde hay interpretaciones jurídicas contrarias. No vamos a firmar ningún acuerdo más con el PP y acudiremos a los tribunales que correspondan”, ha asegurado el portavoz adjunto del grupo socialista, Manuel Jiménez Barrios.