Los partidos andaluces trasladan su batalla a la Cámara de Cuentas

De manera inesperada, PP y Ciudadanos, que cogobiernan en Andalucía sostenidos por Vox, están sometiendo a un bloqueo insólito a la Cámara de Cuentas de Andalucía, el órgano encargado de fiscalizar los fondos públicos de la comunidad. Los consejeros nombrados a propuesta de los partidos conservadores, cuatro de los siete miembros, no han acudido a los tres últimos plenos convocados por el presidente de la Cámara de Cuentas, Antonio López, nombrado a propuesta del PSOE, por considerar que su mandato ha caducado. La permanencia de López, que accedió al cargo en febrero de 2011, formó parte de un acuerdo firmado por PP, Cs y PSOE para renovar los órganos de extracción parlamentaria a principios de la legislatura.

PP y Ciudadanos no consideran válido ahora este acuerdo y estiman que López ha terminado su encargo. Esta afirmación no está sostenida por ningún informe jurídico ni la contempla el Reglamento de funcionamiento interno, sino que es una comunicación del secretario general de la Cámara de Cuentas, Manuel Aguilar (PP), remitida al presidente. Aguilar accedió al cargo, pese a que un informe de los servicios jurídicos de la Cámara advirtió en contra de su nombramiento al no ser funcionario público. Está siendo investigado por presunta prevaricación y falsedad documental en su etapa como concejal de Estepona (Málaga). Desde la Cámara se la ha requerido en reiteradas ocasiones a presentar un informe de compatibilidad ya que en sus declaraciones de actividades, bienes e intereses no se recogen actividades económicas que sí figuran en su declaración tributaria.

Los partidos coaligados entienden ahora que la presidencia debe de recaer en una consejera a propuesta de Ciudadanos. El nombramiento de Antonio López está avalado, además de por el acuerdo político entre las fuerzas parlamentarias, por un decreto del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, firmado el 23 de septiembre de 2019, seis días después de que el pleno de la Cámara de Cuentas así lo propusiera. Su mandato acabaría el 23 de septiembre de 2022.

La elección de los miembros de la Cámara de Cuentas no se produce de inmediato al inicio de cada legislatura, precisamente para evitar injerencias políticas en órganos institucionales, sino que las renovaciones se hacen por tandas, una vez acabado los seis años de mandatos de los consejeros, y de tres, en el caso del presidente. Y es aquí donde radica la principal discrepancia entre los partidos. Para PP y Cs, la renovación de López como consejero en febrero interrumpe su mandato como presidente. No existe limitación de mandatos ni para el presidente ni para los consejeros.

Cuando se produjo la alternancia del Gobierno en Andalucía, todos los partidos llegaron a un acuerdo para renovar los órganos de extracción parlamentaria que llevaban caducados dos legislaturas. Casi en un pispás, los cinco grupos pactaron en mayo de 2019 el reparto de sillones en el Consejo de Administración de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA), Consejo Audiovisual, Cámara de Cuentas y Defensor del Pueblo, cuyos máximos representantes son todos varones.

En el caso del órgano fiscalizador de los fondos públicos de la comunidad, los portavoces parlamentarios de PSOE, PP y Ciudadanos suscribieron el 29 de mayo de 2019 un texto: “Se mantiene, pues, el número de siete miembros para la institución y el procedimiento de elección, manteniéndose el actual presidente hasta el cumplimiento de su mandato”. La decisión sorprendió en algunos círculos del PP, que consideraban que este partido había sido muy generoso dejando a un representante socialista. Sin el concurso de los 33 diputados del grupo socialista y los 26 del Grupo Popular el acuerdo no habría sido posible porque solo ambos garantizan la mayoría reforzada que exige este tipo de elección.

La ausencia de los consejeros de PP, Ciudadanos y Vox a los plenos convocados los días 22 y 24 de febrero por el presidente de la Cámara ha impedido la aprobación definitiva en plazo del informe de fiscalización de la cuenta general de la Junta de Andalucía de 2019, el primer año completo gestionado por un gobierno distinto a los del PSOE. Y también ha bloqueado la remisión antes del 1 de marzo al Parlamento de la Memoria de Actuaciones de 2020 y el plan de acciones para 2021.

El pasado 26 de febrero, López envió un escrito a la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet (Cs) en el que la informaba de la “inusual situación”. Además, López citaba varios artículos del reglamento interno de la Cámara en los que se recoge que las ausencias injustificadas son motivo de revocación del cargo.

Por su parte, los consejeros del PP, Cs y Vox han reclamado a López que convoque un pleno, pero para elegir un nuevo presidente y vicepresidente, cargo que está vacante.

El informe provisional sobre la Cuenta General no difiere sustancialmente de otros aprobados durante los mandatos socialistas, aseguran fuentes conocedoras del texto. Los auditores destacan que obligaciones no imputadas a presupuesto, pendientes de pago, y no computadas a efectos del cálculo del remanente de tesorería, ascienden a 1.236,39 millones de euros, de los que 895,31 corresponde al Servicio Andaluz de Salud, como adelantó Diario de Sevilla. Cifras similares se daban con los gobiernos socialistas, aunque para el consejero de la Presidencia y portavoz del Gobierno, Elías Bendodo, se trataban de “millones de facturas sin pagar en los cajones”.

Respecto al último gobierno del PSOE, el informe provisional presenta datos peores de las cuentas de 2019 en cuanto a déficit (-260 millones), remanente de tesorería (-1.018) y mejores en cuanto a libramientos pendientes de justificar, que se reducen en 446 millones. También mejora algo las deudas de las entidades públicas empresariales. El incumplimiento de las medidas de ciberseguridad y de la perspectiva de género siguen siendo asignaturas pendientes.

La secretaria general del PSOE andaluz, Susana Díaz, aseguró este martes que el Parlamento debe “obligar a los consejeros rebeldes” a cumplir su obligación, de lo contario su grupo acudirá “a los tribunales o donde haga falta”. El portavoz adjunto socialista, Manuel Jiménez Barrios, calificó de “intolerable” el incumplimiento de los acuerdos firmados por el PP, del que culpó a Elías Bendodo, y aseguró que recurrirán el nombramiento del secretario general. El popular José Antonio Nieto abogó por entablar una negociación con el PSOE, aunque si no es posible el asunto acabará en el contencioso-administrativo.

Para el consejero de la Cámara de Cuentas a propuesta de Adelante Andalucía, Daniel Albarracín, la polémica nada tiene que ver con el informe de fiscalización de las primeras cuentas del Gobierno de coalición. “No es el desencadenante ni la causa. Eso no es lo más importante. Lo que hay es una lucha de palacio por el control del órgano. Los consejeros de derechas han decidido asaltar la presidencia y bloquear el funcionamiento normal de la Cámara de Cuentas”.