“El Congreso no se cierra ni en situación de guerra”

Las actas oficiales de las juntas de portavoces del Congreso de los Diputados celebradas hace un año, en pleno estallido de la pandemia, reflejan un intenso debate sobre el cierre de la institución, al que se opusieron el PP, con el argumento de que el Parlamento no se cierra “ni siquiera en situación de guerra” y, en parte, Ciudadanos. El líder del PP, Pablo Casado, ha reprocha ahora, un año después, al Gobierno de Pedro Sánchez que no cerrase antes España para salvar miles de vidas.

El Congreso de los Diputados es una institución básica del Estado de Derecho, que concentra en los días de máxima actividad a unas 1.400 personas, entre personal de la casa y parlamentarios y asesores, en apenas dos edificios muy concentrados. El virus se ha cebado durante muchas semanas en el Congreso y en este año durante el estado de alarma se han contagiado en total 172 funcionarios, al margen de las varias decenas de parlamentarios y miembros del Gobierno que lo han pasado con mayor o menor incidencia.

Tras aquel fin de semana del 8-M, con las manifestaciones feministas y el mitin de Vox en Vistalegre, el debate y los contagios llegaron también al Congreso. El 10 de marzo, a las 12.05, comenzó una junta de portavoces que se convirtió en monográfica. La presidenta informó de la situación interna, con las medidas planteadas en el comité de seguridad y de salud de la cámara, sobre todo para eliminar visitas, actos extraparlamentarios y viajes, y rápidamente la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, exhortó con preocupación a una reflexión general ante la crisis sanitaria y pidió que se aprobasen por unanimidad decisiones para, por ejemplo, cambiar los plenos masivos por un órgano más reducido como la Diputación Permanente.

La entonces portavoz popular, Cayetana Álvarez de Toledo, aprovechó la ocasión para demandar el cambio del pleno programado por una comparecencia del presidente, Pedro Sánchez, específica sobre el coronavirus. Y fue ahí cuando la presidenta informó de que la secretaria general del grupo Vox, Macarena Olona, acababa de confirmar la infección de uno de sus diputados, Javier Ortega, que había estado en el mitin del partido, y la cuarentena a la que se sometía desde ya toda su formación.

La portavoz socialista, Adriana Lastra, planteó que en esas condiciones a lo mejor ya no tendría sentido desarrollar el pleno previsto y la portavoz popular se precipitó a mostrarse en contra de cerrar el parlamento, algo que según su criterio no debería producirse “ni en situación de guerra”. Álvarez de Toledo abogó por buscar fórmulas “que permitan garantizar al máximo el normal funcionamiento del Congreso”. El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, añadió que “la imagen de un parlamento cerrado no es la más razonable ni la que va a transmitir imagen de tranquilidad”.

El debate se amplió y a continuación el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, razonó que un pleno sin los 52 diputados de Vox tampoco era razonable, “ni seguir funcionando como si nada”; el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, y la de JuntsxCat, Laura Borrás, defendieron suspender los plenos y estudiar otras opciones; el del PNV, Aitor Esteban, advirtió de que habría priorizar los asuntos más urgentes, una idea a la se sumó el representante de Más País, Íñigo Errejón.

La presidenta pidió un receso para estudiar los escenarios posibles y en la reanudación, Batet trasladó que se aplazaban todas las previsiones menos la comparecencia precisamente del entonces ministro de Sanidad, Salvador Illa. Fue ahí cuando la popular Álvarez de Toledo expresó su “preocupación” por esa solución, que defendió no estaban preparando otros parlamentos, y renegó de aplicar la cuarentena durante dos semanas a la institución, “porque no es la mejor opción”. En ese contexto, fue Rufián el que argumentó que “sería conveniente trasladar a la ciudadanía una imagen de unidad”.

Álvarez de Toledo insistió en su advertencia sobre de que “en la medida en que a los políticos se les presupone un mayor conocimiento de la realidad, las decisiones que se tomen van a tener más impacto en la sociedad, de ahí que no debamos precipitarnos”. Y exige que se acote al máximo la suspensión del Congreso. La discusión continúa, se insiste en la responsabilidad y la unidad y la presidenta aplaza finalmente las sesiones.

En la siguiente junta de portavoces, el 12 de marzo de 2020, la evolución del virus obliga a alargar la anulación de actividades en el Congreso otros 15 días y se empiezan a evaluar otras fórmulas de trabajo, más telemático. La popular Álvarez de Toledo, aún consciente de la gravedad ya del virus, pide reforzar al máximo la posición del Parlamento, ve imperativo que acuda el presidente y que “la Cámara no permanezca en estado de latencia, sino plenamente activa” y presente: “Los edificios pueden cerrarse y las personas pueden tener que ponerse en cuarentena, pero esto no puede ser óbice para el funcionamiento de la institución”. Bal, de Cs, coincide.

El 18 de marzo de 2020, en la siguiente junta, la presidenta desarrolla los nuevos métodos de trabajo, con citas telemáticas, más teletrabajo y el pacto entre portavoces para ir reduciendo, progresivamente, la presencia física en los plenos del 5%, al 10%, 25%, 33% y ahora el 50% de los diputados presentes aún vigente. La portavoz popular incide en sus reflexiones anteriores en contra de las limitaciones: “Los diputados no son de mejor condición que los trabajadores que han de acudir a sus puestos de trabajo para atender servicios esenciales, por lo que es obligación de aquellos, con todas las medidas sanitarias precisas, estar aquí”. Esta semana, un año después, Álvarez de Toledo ya no es portavoz del PP en el Congreso, pero Pablo Casado sí publicó un tuit de aniversario para reprochar al Gobierno que no hubiera actuado siquiera un día antes de su decreto de estado de alarma para haber evitado miles de muertes.