Cae una banda de ‘narcomoteros’ que cultivaba marihuana en chalets de lujo

El fuerte olor a marihuana que emanaba una villa de lujo situada en Altea (Alicante) fue el hilo del que tiró la Guardia Civil hasta desarticular una banda criminal de moteros dedicada al cultivo y el tráfico de drogas. Los diez detenidos usaban plantaciones situadas en los sótanos de sus viviendas y, tras cinco meses de seguimiento de los agentes, fueron arrestados el pasado 23 de febrero en el marco de la Operación Siux, según ha trascendido este martes. Todos formaban parte de Satudarah, una organización ilegalizada en Holanda, su país de origen.

Las pesquisas que han desembocado en el arresto y la desarticulación de la banda comenzaron en noviembre, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana detectó un fuerte olor a marihuana que salía de una villa de lujo en Altea. El aviso pasó al puesto local y las primeras investigaciones llevaron a conectar a los propietarios del chalé con otros residentes de Holanda, Serbia y Letonia en las localidades de Vila Joiosa, l’Alfàs del Pi y La Nucia. Su nexo de unión era un club internacional de motociclistas, Satudarah.

Esa relación con la banda alertó a los investigadores, que recabaron apoyo del grupo de Información de la Comandancia de Alicante. Satudarah es una banda motera fundada en Moordrecht (Holanda) en los años noventa, que se autoproclama parte de lo que este tipo de clubes llama el uno por ciento. Satudarah, como los Ángeles del Infierno, los Bandits o los No Surrender se enorgullecen de vivir al margen de la ley y se identifican un rombo cosido en sus prendas de cuero. Desde 2017, los miembros de la banda fueron cayendo en manos de la policía holandesa, acusados de asaltos, homicidios, narcotráfico o tenencia ilícita de armas. Se les consideraba extremadamente violentos hasta que, finalmente, fueron ilegalizados y desarticulados en 2018.

A partir de 2017, continúan las fuentes consultadas, comenzaron a desembarcar los ahora detenidos en la costa norte de Alicante. Parte de sus miembros elige para establecerse la comarca de la Marina Baixa, uno de los mayores polos de atracción turística de España. “Viven a todo lujo”, señala la Guardia Civil, “pagan 2.000 euros al mes de alquileres, disponen de buenos automóviles” y, sobre todo, “conducen motocicletas de altísima gama”. Entre ellas, “Harley Davidson de 30.000 euros u Hondas de 25.000”, especifican las fuentes. Los agentes comprobaron también que estos gastos se producían “pese a no emplearse en ninguna actividad laboral lícita”.

Las pesquisas siguieron adelante con el seguimiento de los sospechosos, que condujo a al menos otras tres plantaciones. Ya con todos los flecos de la operación cerrados, el pasado 23 de febrero se procede a la detención de los diez presuntos narcotraficantes, tres mujeres y siete hombres, en siete domicilios diferentes. Los agentes esperaron en las respectivas residencias a que los presuntos delincuentes salieran a la calle, donde se les arrestó. Tal como había evidenciado el olor a marihuana que despertó los recelos de la patrulla inicial, los chalets disponían de grandes sótanos en los que instalaban las plantaciones de cannabis, una forma de cultivo que les garantiza “tres o cuatro cosechas anuales”. En todos los casos, la instalación eléctrica necesaria para el cuidado de las plantas estaba enganchada ilegalmente a la red principal. Los agentes calculan que habían utilizado hasta 50.000 euros en suministro eléctrico ilegal.

Tras los registros, el Instituto Armado intervino 7.371 plantas de marihuana, 31 kilos de cogollos y cinco kilos de la droga picada y envasada al vacío para su venta. Además, los guardias civiles encontraron un dron, un inhibidor de frecuencia, un arma replicada, 5.000 euros, seis motocicletas y siete turismos, entre otros efectos, refieren las fuentes. Los detenidos, considerados por la investigación miembros de una organización criminal perfectamente constituida y organizada en la que se manejaban cantidades “muy importantes de dinero”.

Todos los arrestados pasaron a disposición judicial y están acusados de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico. Dos de ellos han sido puestos en libertad y los restantes ocho han ingresado en prisión.