EL 'CASO VILLAREJO'

El juez embarga el botín inmobiliario de Villarejo: 17 millones, 53 fincas

La investigación policial da por acreditado que el comisario jubilado controla un entramado económico en España, Panamá y Uruguay

El comisario jubilado José Manuel Villarejo en la puerta de la Audiencia Nacional este jueves.
El comisario jubilado José Manuel Villarejo en la puerta de la Audiencia Nacional este jueves.Olmo Calvo

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, procesado en tres causas de corrupción e investigado en otras 24, atesoró durante su carrera como policía en activo y empresario de servicios detectivescos un patrimonio inmobiliario superior a los 17 millones de euros, repartido en 53 propiedades. La Unidad de Asuntos Internos de la policía ha elaborado un informe sobre este patrimonio y el juez del caso Tándem ha decretado el embargo y prohibición de disponer de las 53 fincas.

La investigación policial considera acreditado que José Manuel Villarejo Pérez, en prisión desde el mes de noviembre de 2017 y hasta que fue excarcelado el pasado jueves, “controla como titular real un complejo entramado societario y de cuentas bancarias constituido desde hace tiempo en paraísos fiscales (Panamá) o territorios considerados no cooperantes (Uruguay), y principalmente en España”. Esos bienes, subraya, “vienen siendo utilizados para retornar en el exterior los fondos recibidos por sus ilícitos servicios contratados con sus clientes privados”.

La policía añade que Villarejo invirtió parte de esos fondos ilícitos en “activos patrimoniales plenamente alejados de su origen delictivo, lo que le ha permitido la adquisición de un importante patrimonio de origen ilícito” que se distribuye principalmente entre Madrid y Málaga.

El comisario no puso fácil a los investigadores la identificación de todo el botín acumulado durante sus años de ejercicio profesional, hasta el punto de que solo tres de las propiedades están a su nombre.

Las empresas del complejo entramado societario de Villarejo presentan una “típica estructura circular de participaciones que dificulta la identificación de su titularidad real, y cuyo capital social íntegramente suscrito y desembolsado es superior a los 20 millones de euros”, señala la policía.

Gemma Alcalá, mujer de Villarejo, y el principal socio en las distintas sociedades del comisario, el abogado Rafael Redondo, aparecen directamente vinculados a las empresas y a las cuentas bancarias ligadas a las mismas.

Bloqueo de cuentas

La Audiencia Nacional ya acordó a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción en 2017, coincidiendo con la detención y encarcelamiento de Villarejo, el “bloqueo y congelación de las cuentas bancarias de las personas físicas investigadas y de las personas jurídicas vinculadas a las mismas”. También acordó el juez instructor la “prohibición de disponer sobre algunos de los bienes inmuebles localizados en España bajo la titularidad de las mismas personas físicas y jurídicas”.

Los bloqueos decididos por el juez junto a la prisión provisional decretada contra Villarejo respondían, según explica el instructor, a la necesidad de “evitar el peligro real de que durante la tramitación del procedimiento los investigados pudieran realizar cualquier maniobra que perjudique gravemente o imposibilite el cumplimiento de las responsabilidades pecuniarias, responsabilidad civil y pago de multa, que pudieran imponerse en una eventual sentencia condenatoria”.

La Unidad de Asuntos Internos de la policía localizó un patrimonio inmobiliario del grupo CENYT, propiedad de Villarejo, “cuya valoración estimada alcanzaría los 13.792.000 euros al margen del patrimonio ya localizado en el extranjero con un valor estimado de otros 2.950.000 euros (para un patrimonio inmobiliario total valorado en 16.742.000 euros)”, señala el informe policial.

Todo este patrimonio es fruto principalmente de los trabajos privados que Villarejo compatibilizó con su empleo de funcionario de policía, que desempeñó durante más de 30 años y que le permitió acceder a informaciones que luego utilizó en beneficio de sus clientes. Por esos trabajos privados, según la investigación llevada a cabo por la Unidad de Asuntos Internos, el comisario facturó más de 23 millones de euros. Uno de sus clientes principales fue el BBVA, al que cobró durante 15 años unas minutas que sumaron más de 10 millones de euros.

El segundo cliente en la facturación del comisario jubilado, según la investigación judicial, es el empresario español Ángel Pérez Maura, al que Villarejo cobró supuestamente más de siete millones de euros por evitar su extradición a Guatemala, donde estaba inmerso en un proceso judicial por presunta corrupción.

Villarejo vendió a Pérez Maura sus servicios, pero en realidad el empresario se libró de la extradición sin la participación del comisario, según la investigación. Pese a ello, Villarejo se llevó más de siete millones de euros por sus gestiones.


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