Fernández Díaz alega que su móvil contiene información “muy sensible” para impedir que la Policía lo analice

El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón un escrito en el que se opone a que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional analice su teléfono móvil en busca de información sobre la Operación Kitchen, la trama parapolicial que espió ilegalmente, en 2013, al extesorero del PP Luis Bárcenas. Fernández Díaz, imputado en la causa, considera que en enero ya se hizo una comprobación del contenido en el juzgado y que plantear nuevas pesquisas resulta “improcedente”. También destaca que, dada su condición de antiguo titular de la cartera de Interior, la terminal “puede contener información muy sensible que no guarda relación alguna con los hechos que son objeto de investigación en la causa”.

El magistrado solicitó a Fernández Díaz que entregase su móvil el pasado 13 de noviembre, tras terminar el tenso careo judicial que había mantenido con su antiguo número dos en el ministerio, Francisco Martínez, y en la que el exministro negó ser el autor de los mensajes enviados al móvil de su excolaborador en el que se recogían detalles e instrucciones sobre el operativo de espionaje a Bárcenas. El juez consideró entonces que examinar el contenido del teléfono móvil era “esencial” para confirmar si Fernández Díaz había remitido esos mensajes y, por tanto, estaba al tanto de la Operación Kitchen, que fue financiada con fondos reservados y que se acometió a espaldas del juez Pablo Ruz, instructor en aquel momento de la pieza separada del caso Gürtel sobre los papeles de Bárcenas.

El mismo día en que el magistrado pidió el móvil, Fernández Díaz aclaró que ya no tenía el terminal que había usado en la etapa de los supuestos mensajes, pero sí el que lo sustituyó. No obstante, la defensa del político optó por no depositarlo en ese momento, aunque se mostró dispuesta a hacerlo en los días siguientes. Al final, lo entregó más de dos meses después, el pasado 22 de enero. Según afirma ahora en el escrito con el que pretende impedir que la Policía rastree su contenido, lo hizo de “de buena fe” y sirvió para comprobar que “efectivamente no existían los mensajes” que presuntamente intercambio con su antiguo número dos “en ninguna de las dos aplicaciones de mensajería SMS y Whatsapp”. Pese a ello, el teléfono quedó depositado en el juzgado, al considerarlo el magistrado “verdadero cuerpo del delito” en una resolución anterior.

El pasado 23 de febrero, un mes después de la entrega del móvil, una diligencia de ordenación de la causa pidió a los policías que participan en la investigación que informasen al juzgado sobre posibles diligencias con el teléfono “que puedan ser objeto de interés para la investigación” antes de devolvérselo al exministro. Este escrito es el que ahora ha provocado la respuesta de la defensa del político, que en un recurso del pasado lunes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, considera la medida como “una diligencia de investigación claramente prospectiva” que puede derivar en “una investigación genérica del teléfono móvil del señor Fernández Díaz sin límites ni fines concretos”, lo que considera que vulnera su derecho a la intimidad.

En el recurso, el abogado de Fernández Díaz alega que este tipo de diligencias no lo puede acordar el letrado de la Administración de Justicia, que es quien firma la diligencia de ordenación, sino el magistrado. E insiste en que tampoco se puede dejar en manos de la Policía la decisión sobre esas diligencias. El escrito recuerda que, cuando se entregó el móvil, el exministro ya pidió que se adoptaran “las medidas de seguridad oportunas y necesarias para garantizar la confidencialidad y reserva respecto al contenido del teléfono móvil”, porque podía contener “información muy sensible” dado el cargo que Fernández Díaz ocupó en el gobierno de Mariano Rajoy. El texto añade que la medida sería “improcedente e inútil” para la investigación. Por todo ello, pide que se declare la nulidad de la diligencia de ordenación y quede sin efecto el requerimiento hecho en ella a la Policía.

Frente a la posición de Fernández Díaz de impedir que se la Policía analice el contenido del móvil, su antiguo número dos en Interior solicitó en diciembre al juez que se rastreara el tráfico de llamadas y mensajes del teléfono móvil de su exjefe entre los meses de julio y octubre de 2013. En esas fechas, Fernández Díaz supuestamente le envió los SMS en los que le informaba, en primer lugar, de la existencia de Sergio Ríos, el chófer de Luis Bárcenas que se convirtió en confidente policial; y, en segundo, del éxito en la operación para acceder al contenido de dos teléfonos móviles del extesorero. Martínez levantó dos actas notariales meses antes de su imputación para dejar constancia de la existencia de los mismos.

Para ello, Martínez solicitó al magistrado que reclamase a Interior copia de la factura correspondiente al número de teléfono que tuvo asignado Fernández Díaz mientras estuvo al frente del departamento, y en la que deben figurar tanto la fecha y la hora de las llamadas y mensajes entrantes y salientes que se hicieron desde el terminal. En caso de que no se guardase dicho documento, el ex secretario de Estado pedía que el ministerio informase de qué compañía de telefonía prestaba el servicio para solicitarle la misma información. Hasta el momento, el magistrado no ha resuelto sobre esta petición de diligencias.