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No era Cataluña, sino la ideología

Unidas Podemos sostiene que hay margen para hacer políticas más atrevidas. No lo ve igual el PSOE, que siempre trata de llegar a grandes mayorías, lo que excluye acciones rupturistas

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, durante una nueva sesión de control este miércoles.
El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, durante una nueva sesión de control este miércoles.Zipri / Pool
Anabel Díez

Las elecciones catalanas pasaron, pero no era eso lo que avivó el conflicto entre los dos socios del gobierno de España. No era la pelea por una parte común del electorado lo que llevó a Unidas Podemos y En Comú Podem a mostrar de forma ostentosa sus diferencias con los socialistas. No era Cataluña, sino elementos ideológicos que les dividen como fuerzas de izquierda diferentes, desde la raíz al tronco. Socialistas y Unidas Podemos pueden llevar adelante políticas comunes y acordadas, pero la pelea es más enconada en materia de derechos y libertades. Por si la diferencia de conceptos no fuera suficiente para el conflicto se añade, además, el forcejeo por la preeminencia en la defensa de algunos de esos derechos. El PSOE se hace fuerte en su mayoría para quedarse con la titularidad de las leyes de Igualdad.

Con ánimo de no entrar al cuerpo a cuerpo con sus socios, el lado socialista del Gobierno se mostró teatralmente comprensivo con las denuncias de Unidas Podemos de que en España hay anomalías democráticas. El encarcelamiento del rapero Pablo Hasél es la muestra que ha servido al vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, para proclamar en sede parlamentaria esa baja calidad democrática que atribuye a España. Su descalificación no es total, pero sí encuentra en el sistema español suficientes huecos para reivindicar el papel de Unidas Podemos ante la supuesta tibieza del PSOE. Es el clásico reproche de la izquierda a la izquierda del PSOE que siempre ha esgrimido el PCE, Izquierda Unida y, ahora, Unidas Podemos. Un reproche rechazado con fuerza, también desde siempre, por los socialdemócratas, o, como ellos se autodenominan, por “la izquierda de gobierno”.

En las filas de Unidas Podemos se sostiene que hay margen, sin salirse del circuito europeo, para hacer políticas más atrevidas. No lo ve así el PSOE, siempre en la línea de tratar de llegar a grandes mayorías, lo que excluye acercarse a políticas rupturistas. Sí quieren estar a la vanguardia de nuevos derechos civiles y en la ampliación de los ya existentes. A la pelea ideológica se une la partidista y el afán de patrimonializar políticas de vanguardia. Esto se traduce en correr para ver quién llega primero a la presentación de iniciativas. Podemos no había nacido aún a la luz pública cuando el PSOE anunció hace una década con alharacas el proyecto de elaborar una ley de igualdad de trato contra la discriminación por razón de sexo, color de piel, religión, orientación sexual, discapacidad o cualquier otra característica. En el Gobierno estaba el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que ya con el responsable del PSOE de Libertades, Pedro Zerolo, pensó en una norma absolutamente rompedora, que trascendía a la de igualdad entre hombres y mujeres. No salió adelante por las sucesivas citas electorales y ausencia de mayorías, pero ahora ya está en trámite la ley Zerolo, que el PSOE ha presentado unilateralmente. La respuesta de Podemos fue tratar de convencer a otros grupos que no apoyaran su tramitación. No lo consiguieron, y ellos se abstuvieron.

Estos actos inamistosos se acompañan con proclamas de que el Gobierno no se va a romper. Seguramente no, pero ya está en construcción la base argumental para cuando suceda. “El electorado juzgará a cada uno”, apuntó este miércoles la vicepresidenta Carmen Calvo al abandonar el Congreso.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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