Un centro patrocinado por el Estado español solo para varones católicos con padres casados

El Consejo de Estado insta a adecuar a la Constitución los estatutos del Colegio de los Españoles de Bolonia

El Real Colegio de España en Bolonia, en una imagen de su página web.
El Real Colegio de España en Bolonia, en una imagen de su página web.

En el siglo XIV, la Corona, la Iglesia y la nobleza regían las principales instituciones políticas, económicas y culturales europeas y el ingreso en ellas se reservaba a quienes pudiesen acreditar hidalguía y limpieza de sangre. En el siglo XXI la situación ha cambiado notablemente, aunque no en todos sitios por igual.

El Real Colegio de San Clemente de los Españoles, en Bolonia (Italia), presume de ser la única institución medieval de su clase que aún pervive. Fundado en 1364 por el cardenal Gil de Albornoz, que lo designó heredero universal de sus bienes, por las estancias del espléndido palacio que le sirve de sede, con capilla gótica y fachada renacentista, han pasado figuras tan insignes como Antonio de Nebrija, el conde de Romanones o Leandro Fernández de Moratín.

En su órgano rector se sientan, además del jefe del linaje de la Casa de Albornoz, que lo preside; el arzobispo de Toledo; el duque de Soria, en representación de la Casa del Rey; un director general del Ministerio de Asuntos Exteriores; un representante de los ex colegiales y el ex colegial más veterano, el diplomático Raimundo Bassols.

Más de 650 años después de su fundación, el colegio sigue concediendo una docena de becas que incluyen el coste de la matrícula, viaje, manutención y alojamiento para los estudiantes que cursen el doctorado europeo de investigación en la Universidad de Bolonia por un periodo de dos a tres años. Las ayudas se conceden en función del expediente académico de los aspirantes pero, según sus estatutos, solo pueden acceder a ellas los varones que sean españoles católicos e hijos “legítimos” (es decir, nacidos dentro del matrimonio).

Oposición del marqués

Hace años que Exteriores quiere cambiar por decreto estos requisitos, abiertamente inconstitucionales, pero tropieza con la oposición del actual presidente del patronato, Iván de Arteaga y del Alcázar, marqués de Ariza, Almunia y Valdemediano, quien sostiene que se trata de una institución privada, que no recibe ayudas públicas y que no está sujeta al derecho español. Alega que la propia Constitución española reconoce la existencia de instituciones educativas diferenciadas para hombres y mujeres y el derecho de los centros a tener su propio ideario.

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Para suavizar la discriminación flagrante que suponen los estatutos, añade que ya no se pide a los becarios que acrediten ser hijos legítimos, y el pasado verano se anunciaron por vez primera becas para mujeres, aunque no en la sede del colegio. Como a los varones, se les exige “ser católicas practicantes” y, además, una declaración jurada, que no se pide a ellos, de “observar buena conducta social y moral”. El antiguo rector le apoya y sostiene que se trata de una institución “pontificia”, fundada a partir de una bula papal y ajena al derecho español.

El bloqueo del cambio de estatutos encubre la disputa por el control de una institución que vive de las rentas de un patrimonio inmobiliario de valor incalculable, según fuentes conocedoras del conflicto. El 13 de octubre de 2014, la junta del patronato aceptó por unanimidad el cese del rector del colegio, José Guillermo García-Valdecasas, que llevaba 32 años en el cargo, y proponer como sustituto al catedrático y excolegial Ángel Martínez.

El nombramiento del nuevo rector, gestor del patrimonio de la institución, fue aprobado por el real decreto de 19 de febrero de 2015, pero, casi un mes después, en una nueva reunión en la que solo votaron el duque y un nuevo representante de los excolegiales, se acordó la revocación del recién elegido rector, alegando que la anterior junta no había sido legalmente constituida. Desde entonces, el nuevo rector, Ángel Martínez, no ha podido tomar posesión de su cargo, pese a estar publicado en el BOE, mientras que otro elegido por el presidente del patronato lo ocupa sin haber sido ratificado por Felipe VI, como mandan los estatutos, que le atribuyen la condición de “diplomático honorario” de España. Los representantes de la Casa del Rey, el Ministerio de Exteriores y el Arzobispado de Toledo no han vuelto a participar en las reuniones.

La controversia ha llegado a los tribunales y la Audiencia Provincial de Madrid sentenció el pasado 11 de septiembre que el representante de los excolegiales que participó en la revocación del rector Martínez no era el legítimo. También la legitimidad del propio presidente del patronato está en entredicho: tras el fallecimiento del duque del Infantado, en junio de 2018, le sucedió su hijo Iván, pero el Gobierno tiene dudas de que sea el auténtico jefe de la Casa de Albornoz, título que le disputa su hermana mayor y que es necesario para ostentar la condición de “patrono de sangre perpetuo” del colegio.

Para intentar zanjar el asunto, en octubre de 2019 el Ministerio de Exteriores elevó una consulta al Consejo de Estado sobre el procedimiento para modificar los estatutos de la institución. Su dictamen, aprobado por unanimidad el pasado 4 de febrero, no deja lugar a dudas: el Real Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia es una “institución singular, española, secular, vinculada al Ministerio de Exteriores, de base originariamente privada”, pero con características que la aproximan a una entidad pública.

El Gobierno, agrega el dictamen, “tiene competencias para aprobar unos nuevos estatutos”, que se acomoden a las “exigencias constitucionales”, respetando las singularidades del colegio. Aunque la iniciativa debe partir de la junta del patronato, Exteriores puede instarle a que lo haga o hacerlo en su lugar, “si desatiende su petición”.

El Consejo de Estado no ha querido meterse a dilucidar si la presidencia del patronato corresponde a su actual titular o a otro miembro de la Casa de Albornoz, pero ha dejado claro que esa cuestión es irrelevante y ha instado al Gobierno a actuar “con prontitud, severidad y rigor”, mediante la adopción de “las medidas precisas para poner fin a la anómala situación en que se encuentra la institución” (con un rector nombrado por el Rey que no puede ejercer y otro que usurpa su cargo), restableciendo “su normal funcionamiento”. Se trata de resolver con las normas del siglo XXI una disputa del XIV.

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Sobre la firma

Miguel González

Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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