El Gobierno inicia la evaluación de daños causados por el temporal

El primer Consejo de Ministros del año ha estado marcado por un temporal que no ceja, con unas temperaturas mínimas que no se registraban desde principios de siglo, y han provocado la alerta roja en Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Aragón. A falta de que las comunidades autónomas y ayuntamientos afectados soliciten formalmente la declaración de emergencia —la actual figura para la antigua “zona catastrófica”—, el Gobierno ha iniciado este martes la evaluación de los daños. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, fue el primero en plantear la posibilidad el domingo, aunque aún no la ha pedido.

Entretanto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha llevado al órgano del Gobierno un informe provisional con la información detallada recabada hasta el momento. El ministro ha insistido en que habrá que esperar a que concluya la situación de alerta por frío extremo vigente en el centro y este peninsular. Hasta entonces no será posible hacerse una idea de la dimensión de los daños en bienes públicos y privados. “Hemos empezado a evaluar los daños y a valorarlos como corresponde dentro de la etapa de recuperación en Madrid y otras zonas en alerta. Cuando concluya la alerta y tengamos una valoración de daños, se tomará la decisión. Que la gente lo tenga claro”, ha afirmado el ministro del Interior.

La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 regula que el Gobierno pueda actuar de oficio sin esperar a la solicitud de otra Administración. El Gobierno ha variado desde su posición inicial de no considerar necesaria la declaración de emergencia en Madrid, con el importe de ayudas que implica, a abrirse cada vez más a ese escenario. “Estamos en la fase de respuesta para que los daños sean los menores posibles y para ayudar en la recuperación para que todos salgan indemnes. No se va a dejar a nadie atrás. Se dará respuesta para que nadie sufra un daño suplementario”, ha remarcado Grande-Marlaska. “Celebro la rectificación del Gobierno, creo que se dan los indicios suficientes para plantear la declaración de emergencia”, ha valorado Martínez-Almeida. “La declaración de zona catastrófica es imprescindible para recuperar muchas localidades que están muy afectadas. Apoyaremos a cualquier alcalde, de cualquier municipio y de cualquier signo político que lo solicite”, ha ido más allá la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Acto seguido alcaldes como Javier Rodríguez, de Alcalá de Henares, han reprochado la falta de medios como máquinas quitanieves y su despreocupación por la situación del Hospital Príncipe de Asturias en la tercera ciudad de Madrid.

Castilla-La Mancha, limítrofe con Madrid, ya ha avanzado que cuantificará los daños por el temporal y estudiará pedir la declaración de “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil”, pero no lo hará hasta que finalice la crisis. A la espera de pormenorizar los daños, estiman que superan a los de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) de 2019 al menos en la provincia de Toledo. “Hay que esperar unos días para conocer la magnitud real del problema”, explican fuentes del Ejecutivo de Emiliano García-Page. Aragón, otra de las comunidades en alerta roja, no se lo plantea por el momento.

Los precedentes de declaración de emergencia son recientes. El Consejo de Ministros del 20 de septiembre de 2019 aprobó un decreto ley con el que el Gobierno movilizó 774 millones de euros para responder a las situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica que se acumularon los meses previos: los incendios forestales de Tarragona, Madrid y Toledo del mes de junio, las inundaciones en Navarra y Ourense en julio, los incendios forestales declarados en la isla de Gran Canaria en agosto y los episodios de DANA que afectaron a varias comunidades autónomas —en especial, del sureste peninsular— a finales de agosto y a mediados de septiembre. El importe de las ayudas fue de 558 millones de euros. Una cantidad a la que se añadieron los 130,2 millones en actuaciones de la Administración General del Estado y 58,4 millones de euros en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Social. Otros 28,06 millones se reservaron para beneficios fiscales (IAE e IBI).