El Gobierno está predispuesto a declarar la catástrofe por ‘Filomena’

El Gobierno inició el martes la evaluación de los estragos causados por la borrasca Filomena y la ola de frío polar que azota el interior de España. El Ejecutivo tiene la predisposición de declarar la emergencia —la actual figura para la antigua “zona catastrófica”— en Madrid y Castilla-La Mancha. El Gobierno de Pedro Sánchez ya cuenta con precedentes: en 2019 movilizó por esta vía 774 millones para dar respuesta a una serie de catástrofes naturales, entre ellas un incendio forestal en Madrid y Toledo y una inundación en Albacete. El Consejo de Ministros contempla actuar de oficio, sin que se lo pida otra administración.

Los meteorólogos escudriñan en sus bases de datos y se remontan décadas atrás para comparar el fenómeno de nieve y frío extremo que ha barrido la mitad de España, mientras los Gobiernos de los territorios más castigados por la borrasca Filomena se aferran a un precedente mucho más cercano, el 20 de septiembre de 2019, para que el Gobierno los declare zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

El Consejo de Ministros de aquel día aprobó un instrumento legislativo de urgencia con el que dio respuesta a diferentes calamidades medioambientales que sacudieron diferentes partes del país en los cuatro meses anteriores. La furia de los elementos fue muy variada: incendios en Madrid, Toledo, Tarragona y Lleida en junio; inundaciones en Navarra y Ourense —tormenta de granizo incluida— en julio; el colosal incendio de la isla de Gran Canaria en agosto... Y, como remate, la catastrófica gota fría que aquel septiembre se ensañó con Murcia, Baleares y las provincias de Albacete, Alicante, Valencia, Almería, Málaga y Granada. También arreció en Madrid.

Grande-Marlaska: "Cuando tengamos la evaluación de todos los daños, se tomará la decisión conforme a la ley"

El importe de las ayudas decretadas fue de 558 millones de euros. Una cantidad a la que hay que añadir 130 millones en actuaciones de la Administración General del Estado y 58,4 millones de euros en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Social. Otros 28 millones se reservaron para beneficios fiscales (IAE e IBI).

Algunos de los Gobiernos de comunidades más perjudicadas por el actual temporal señalan que, entonces, los daños fueron menos cuantiosos y se localizaron en lugares muy concretos. Por esa razón esperan que el Ejecutivo responda una vez más con la declaración de emergencia. Un ejemplo práctico: la borrasca ha afectado prácticamente en su totalidad a comunidades como Castilla-La Mancha, mientras la gota fría de septiembre de 2019 se localizó en la provincia de Albacete. El incendio forestal entre Toledo y Madrid de ese verano arrasó 3.500 hectáreas entre las localidades de Almorox y Cadalso de los Vidrios. Castilla-La Mancha ya ha avanzado que cuantificará los daños por el temporal y estudiará pedir la declaración de emergencia, pero no lo hará hasta que finalice la crisis. “Hay que esperar unos días para conocer la magnitud real del problema”, explica el Ejecutivo de Emiliano García-Page. Aragón, una de las comunidades en alerta roja, junto a Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, no se lo plantea por el momento.

Las fuentes del Gobierno consultadas entienden que la declaración de emergencia, con todas las ayudas públicas que implica, es el escenario más probable. Pero insisten en que lo primero es hacerse una idea exacta de los perjuicios en bienes públicos y privados. Algo que, cuatro días después del inicio de la crisis que estalló con Filomena, todavía es muy difícil de medir. Y más cuando todavía hay que remontar las temperaturas más gélidas en 20 años, con mínimas de hasta 25 grados bajo cero.

Como cabía esperar, el primer Consejo de Ministros del año estuvo marcado por el temporal. Sin que ninguna de las comunidades autónomas ni Ayuntamientos afectados hubiesen solicitado este martes formalmente la declaración de emergencia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, llevó al órgano del Gobierno un informe provisional sobre los daños observados hasta el momento.

El Ejecutivo inició así la evaluación, todavía muy parcial. Pero todo apunta a que el desenlace será el reconocimiento de zonas en situación de emergencia. La Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015 regula que el Ejecutivo pueda actuar de oficio sin esperar a la solicitud de otra administración. “Una vez que pase definitivamente el temporal y estén contabilizados [los daños], pasaremos a resarcir a personas y empresas. El Gobierno está trabajando en estrecha colaboración sobre todo con los Ayuntamientos, que son la administración más cercana a los ciudadanos, para hacer la valoración de la dimensión del impacto meteorológico”, expuso el martes la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

El ministro del Interior insistió en que habrá que esperar a que concluya la situación de alerta por heladas vigente en el centro y este peninsular. Pero, a diferencia de su reacción inicial del domingo, también se mostró abierto a otorgar la emergencia siempre que los datos así lo avalen. “Estamos en la fase de respuesta para que los daños sean los menores posibles y para ayudar en la recuperación para que todos salgan indemnes. No se va a dejar a nadie atrás. Se dará respuesta para que nadie sufra un daño suplementario”, afirmó Grande-Marlaska.

El Ayuntamiento de Madrid está evaluando los daños que ha sufrido la capital y a lo largo de esta semana decidirá si solicita ser considerada como zona catastrófica. Cada una de las áreas de gobierno y de los 21 distritos de la ciudad están preparando un informe a nivel técnico cuyo resultado pondrán en manos del equipo de la alcaldía, que es el que se está encargando de la coordinación, informa Luis de Vega.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, abrió la puerta a la solicitud de zona catastrófica el domingo tras una Junta de Gobierno local extraordinaria. El regidor y portavoz nacional del PP agradeció que el Ejecutivo central, tras su primera reacción, ya no se muestre contrario. “Celebro la rectificación del Gobierno porque se dan las condiciones y eso que todavía estamos recabando informes”, aseguró.

Un real decreto que sirve de precedente

-El Consejo de Ministros del 20 de septiembre de 2019 acordó declarar como “zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil” a varias comunidades autónomas que en los meses anteriores sufrieron desde temporales a inundaciones, incendios forestales y otras catástrofes naturales.

-La declaración a través de un real decreto ley permitió articular un conjunto de medidas urgentes por parte de nueve ministerios para paliar los daños personales y materiales causados por esos siniestros.

-El Gobierno habilitó 774 millones de euros. El importe de las ayudas fue de 558 millones. Además, se reservaron otros 130 millones en actuaciones de la Administración General del Estado y 58,4 millones en exenciones y bonificaciones en materia de empleo y Seguridad Social. Por último, se destinaron 28 millones en beneficios fiscales (IAE e IBI).

-Uno de los puntos más llamativos del real decreto es que se concedía la exención de las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes al ejercicio 2019, para los siniestros naturales señalados de ese año, pero también al ejercicio 2020, en su caso, para los siniestros similares que ocurriesen ese año y afectasen a viviendas, establecimientos industriales, turísticos, mercantiles, marítimo-pesqueros y profesionales, explotaciones agrarias y forestales, locales de trabajo y similares “dañados como consecuencia directa de los siniestros”.

-Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada y los despidos colectivos que hubiesen tenido su causa directa en los daños producidos por los siniestros naturales cubiertos tuvieron la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor. Lo mismo sucedió con las pérdidas de actividad directamente derivadas de los acontecimientos naturales de ese año siempre que quedasen debidamente acreditados.

-Otra línea de ayudas fue para los titulares de las explotaciones agrícolas y ganaderas que hubiesen sufrido en esas catástrofes pérdidas superiores al 30% de su producción.